La empresa de refrescos cede ante las peticiones de México y acepta bajar un 30% las calorías de sus bebidas y lanzará productos con menos endulzantes. Los refresqueros en el plazo de un año deberán haber reducido drásticamente su contenido de azucar en sus bebidas.
Política17 de octubre de 2025 El País
En pleno debate en México sobre la propuesta legislativa de elevar un 87% el impuesto a las bebidas saborizadas, la industria refresquera del país ha signado con el Gobierno una serie de medidas para reducir el contenido de azúcar en sus presentaciones. El abanico de promesas, al que han accedido los gigantes del sector como Coca-Cola y Pepsi, pasa por la reformulación de sus refrescos para reducir las calorías, el lanzamiento de productos con menos endulzantes y la restricción de publicidad. Eduardo Clark, subsecretario de la Secretaría de Salud, celebró el compromiso de las empresas y confirmó que se mantiene la propuesta de elevar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) sobre estos productos. La iniciativa, en este momento en discusión en la Cámara de Diputados, fija un alza del IEPS a los refrescos de 1,64 pesos por litro a 3,08 pesos por litro, mientras que en las bebidas con endulzantes no calóricos el impuesto pasará de 0 a 1,5 pesos por litro, a partir del próximo año.
El compromiso de las refresqueras para reducir sus azúcares y calorías llega in extremis, a unas horas de que comience la discusión en el pleno de la Cámara de Diputados sobre las reformas al IEPS. “Apoyaremos en la migración de productos bajos en calorías, nuestro objetivo es que las bebidas con menos calorías tengan un precio menor”, zanjó Patricio Caso, director de Asuntos Públicos de Coca-Cola México.
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, hizo hincapié en que este convenio, más allá de sus implicaciones recaudatorias, busca desincentivar el consumo de estas bebidas y reducir el riesgo de diabetes y obesidad entre la población. “Hoy tenemos la discusión de esta ley, del IEPS y nosotros, como mayoría legislativa, vamos a plantearle a la comisión de Hacienda que puedan hacer reservas para que este acuerdo se plasme en la ley”, comentó. Horas antes, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ya había adelantado el avance de las negociaciones con las refresqueras.
El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, añadió que el alza fiscal pretende reducir el consumo de bebidas con alto grado de calorías y migrar a opciones más saludables para evitar las enfermedades crónicas. El funcionario federal lamentó que México sea uno de los países con mayor consumo de refrescos, con una media de 166 litros por año. “Estamos tomando esta decisión porque creemos que con este acuerdo podemos tener un México más sano que el que teníamos con la propuesta original”, refirió. Estos gravámenes forman parte de los llamados impuestos “saludables” que ha propuesto sobre bebidas saborizadas, tabaco y videojuegos con contenido violento, que están en este momento en debate en el Poder Legislativo.
El director de Asuntos Públicos de Coca-Cola México detalló que la compañía reducirá un 30% las calorías de su bebida estrella: Coca-Cola. La reducción será de forma escalonada y comenzará con las presentaciones de mayor tamaño. La meta de Coca-Cola es que a más tardar en un año, el 70% del volumen que comercializan en el país cumpla con esta reducción.
En esta misma línea, el presidente de la Asociación Mexicana de Bebidas, Andrés Massieu Fernández, añadió que los principales operadores del sector impulsarán el mercado de las bebidas reducidas y sin azúcar y fortalecerán las nuevas presentaciones en aras de contribuir a un consumo más saludable de estos productos. De acuerdo con la propuesta del gobierno federal, los recursos derivados del aumento del IEPS a refrescos y al tabaco integrarán un fondo que será cedido a la Secretaría de Salud para el tratamiento de enfermedades como diabetes o hipertensión.
Con 349 votos a favor y 128 en contra, los legisladores han avalado en lo general la iniciativa que prevé un techo de deuda por 1,8 billones de pesos.
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