La reforma a la Ley de Amparo con la que la presidenta, Claudia Sheinbaum, busca apretar a los grandes deudores fiscales ha culminado con éxito su trayecto por el Legislativo. El Senado ha aprobado este miércoles la iniciativa presidencial por la vía rápida, sin pasar por las comisiones, después de que la Cámara Baja diera su visto bueno la madrugada del miércoles. La norma sale adelante con 81 votos a favor y 37 en contra, gracias a la aplanadora morenista y sus aliados parlamentarios, el Partido Verde y el del Trabajo. La oposición denuncia el debilitamiento de una figura que había convocado el orgullo nacional desde que comenzó a implementarse, hace más de una década. Los expertos han conseguido arañar algunos cambios que suavizan los aspectos más puntiagudos del proyecto, pero la sensación fuera del oficialismo es que el afán recaudatorio de la medida ha trastocado la herramienta clave con la que los ciudadanos combaten los abusos de las autoridades.
La iniciativa, aprobada un mes después de que la mandataria la enviara al Senado, ha seguido un viaje rápido pero tortuoso por las dos Cámaras. Los desacuerdos dentro del oficialismo y la falta de pulcritud en las sucesivas modificaciones del texto han hecho tropezar la medida en numerosas ocasiones. Sheinbaum ha tenido que poner orden entre los suyos para asegurarse de que esta medida fundamental para su agenda política no sufriera ningún otro contratiempo. Hay dos billones de pesos atorados en los tribunales por créditos fiscales impugnados. Algunos de ellos han alcanzado la última instancia, pero continúan trabados por los sucesivos amparos, una técnica dilatoria a la que la presidenta busca poner fin con esta reforma, como ha reiterado y reconoció abiertamente este martes el coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal. De ellos depende, en parte, que el Ejecutivo pueda mantener sus programas sociales sin implementar una temida reforma fiscal.
Con el propósito de no renunciar a los créditos actualmente en pugna, los legisladores han incluido un polémico artículo transitorio que ha sembrado la discordia en las últimas dos semanas y que permite aplicar la nueva ley a casos ya iniciados. La redacción que propuso el Senado fue considerada inconstitucional por todos los expertos, la oposición, la presidenta mexicana y parte de los propios morenistas, pues vulneraba el principio de irretroactividad de las leyes del artículo 14 de la Carta magna. La cláusula por la que la sustituyó la Cámara Baja, respaldada este miércoles por su colegisladora, matiza la disposición, pero sigue despertando dudas sobre su constitucionalidad.
El oficialismo alega que no puede hablarse de retroactividad en las normas procesales, pero desde la bancada opositora y parte de la academia se argumenta que la ley no trata únicamente cuestiones procesales, sino que toca también cuestiones sustantivas que afectan a derechos, como la definición de quién puede interponer un recurso o en qué supuestos puede un juez aprobar una suspensión a un acto reclamado. Los efectos reales de esta controvertida cláusula, introducida en sendas Cámaras a última hora, están todavía en el aire y dependerán de la discrecionalidad de los jueces que deban aplicarla.
Más allá del cobro a los grandes deudores fiscales, hay otras materias que podrán verse afectadas por la nueva reforma, como las demandas por afectaciones a la salud, la educación o el medio ambiente. Estas causas son frecuentemente batalladas por organizaciones o colectivos bajo el supuesto de tener un “interés legítimo” en ellas, como ocurrió con la construcción del Tren Maya. La reforma delimita esa noción y preocupa entre los defensores de los derechos humanos, a pesar de que la redacción final es menos agresiva que la planteada inicialmente. La inquietud por este punto ha alcanzado también a miembros de la propia bancada oficialista, como la exministra de la Suprema Corte y hoy diputada, Olga Sánchez, que argumentó este lunes que la nueva disposición “restringe el acceso a la justicia constitucional”.
En contraste, otros puntos que inquietaban a las organizaciones civiles han sido finalmente suprimidos del texto, como el precepto que eximía a la autoridad responsable del acto impugnado de cumplir la multa impuesta por el juez. Es en materia de suspensiones donde los legisladores han sido menos receptivos a las sugerencias de los expertos, pues limitar los supuestos en los que el juez puede aprobarlas es la pieza clave para lograr desatascar los créditos fiscales. Aun así, las audiencias públicas convocadas por las Cámaras han permitido que los especialistas forzaran la eliminación del “interés público” como motivo para no autorizar una suspensión. Añadir este concepto a los de interés social y orden público, ya vigentes, inclinaba la balanza a favor del Estado, el gran beneficiado de la reforma.
Ese es, quizá, el punto clave del debate. El oficialismo ha presentado una iniciativa que busca agilizar los trámites para las autoridades, pero fuera del entorno morenista la opinión es que eso desplaza al ciudadano del centro de los juicios de amparo. “La reforma no es propersona, es progobierno”, ha resumido la senadora panista María Guadalupe Murguía este miércoles durante la discusión final. Antes de que el marco recaudatorio se impusiera, el argumento inicial con el que la bancada morenista justificó la iniciativa fue la digitalización y la modernización del recurso de amparo. Los cambios introducidos en ese sentido han despertado, en general, el consenso político, pero palidecen frente a la avalancha de modificaciones que tocan en lo sustantivo la ley. Ninguna resistencia ha servido, no obstante, para frenar la voluntad presidencial.
