Las inundaciones en Veracruz, Puebla e Hidalgo reviven la discusión por la desaparición del Fonden

Van al menos 64 personas fallecidas por las consecuencias del diluvio que azotó la semana pasada los Estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro en el centro de México. Una cifra que, con otras 65 desaparecidas, puede aumentar. Este desastre natural, en el que se estima unas 100.000 viviendas han sido dañadas, ha vuelto a poner sobre la mesa la discusión sobre la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), un fideicomiso para este tipo de emergencias, y su sustitución por una asignación presupuestaria anual. Como en otras ocasiones, el Gobierno federal promete que habrá dinero suficiente, mientras que los opositores critican la improvisación y falta de claridad en la asignación de los recursos.

“Las recientes inundaciones que han afectado a miles de familias son tragedias que no distinguen colores ni ideologías. En el PAN estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para ayudar a los afectados. Nuevamente alzamos la voz para que regrese el Fonden, con recursos suficientes y atención real para cada persona perjudicada”, escribió en su redes sociales Jorge Romero, líder del opositor Partido Acción Nacional; mientras el jefe de diputados del oficialista Morena, Ricardo Monreal, calificó este tipo de mensajes como “una actitud politiquera”. “No deberían usar esta desgracia para fines de carácter partidista, fines muy despreciables del uso de esta tragedia electoralmente”, acusó.

Como en el caso del huracán Otis en Acapulco, el Gobierno de México confirmó su forma de operar frente a este tipo de emergencias. Por un lado, brigadas de Servidores de la Nación realizan un censo de damnificados, a los que se entrega una cantidad de dinero en efectivo y una serie de bienes como electrodomésticos y colchones, y por otro se transfieren recursos a los municipios para que hagan obra de infraestructura. De acuerdo a lo que se dijo en la conferencia de prensa diaria de Presidencia este lunes, hay 19.000 millones de pesos para la atención de desastres naturales, de los cuales ya se han utilizado cerca de 3.000 millones.

“Si el Fonden y sus reglas estuvieran en vigor, este año se habrían asignado 28.000 millones de pesos, 9.000 más que lo que se asignó”, explica Jorge Eduardo Cano, coordinador del Programa de Gasto Público en el centro de estudios México Evalúa. Antes, de acuerdo a la ley, los fondos contra desastres debían capitalizarse año con año por un mínimo de 0.4% del gasto programable del presupuesto.

Cano dice que desaparecer el Fonden fue un error, “un retroceso de más de 30 años en financiamiento y prevención ante desastres naturales”. El Fonden era una suerte de cuenta corriente donde cada año se iba metiendo dinero y se guardaba para que, llegado un gran desastre natural, poder utilizar todo el acumulado. Cuando se extinguió, tenía unos 35.000 millones de pesos.

Fue el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, mentor y predecesor de Claudia Sheinbaum, quien acabó con este fideicomiso, con el argumento de que era un nido de corrupción. Lo cierto es que hubo varias auditorías que encontraron irregularidades en la ejecución de los proyectos, pero sobre todo en la parte del uso de los recursos por parte de los Estados y no tanto en la gestión del fideicomiso en sí.

El nuevo modelo, llamado Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales, tuvo su primera gran prueba de fuego en Acapulco y la gestión de la gestión de la reconstrucción de la ciudad tras el paso del huracán Otis. Un sistema de monitoreo satelital de la Unión Europea calculó que 560.000 de los 780.000 habitantes de la ciudad tuvieron algún tipo de afectación, con cerca de 7.400 hectáreas de edificios y construcción dañadas o directamente destruídas.

El Gobierno destinó 61.300 millones de pesos al Plan de Reconstrucción y Apoyo a la Población Afectada en Acapulco y Coyuca de Benítez; la mayoría, 22.000 millones de pesos, fueron para apoyos directos, seguido de exención de pagos e impuestos con 19.400 y, en tercer lugar, con 12.500 millones, la reconstrucción de infraestructura. “El uso de recursos se está enfocando mucho más en transferencias directas de apoyo social, enseres domésticos, despensas… que pueden ser útiles, pero no son exactamente una reconstrucción, y tienen un componente político electoral”, razona Cano.

El caso de Acapulco fue una muestra de los problemas de este nuevo modelo. Hubo quejas de miles de afectados que no pudieron ser censados y no recibieron ni dinero ni sus enseres domésticos; casos documentados de un solo hogar donde se censaron varias personas y recibieron varias ayudas económicas y paquetes de electrodomésticos. En grupos de Facebook, se podían comprar estos refrigeradores, cocinas, ventiladores y colchones entregados por el Gobierno. Se identificaban como “Ventas Precio Otis”.