Leticia Aguayo Soto
La diputada Ruth Tiscareño presentó una iniciativa para proteger a consumidores a partir de establecer en el Código Civil una especie de responsabilidad civil por daños causados por productos defectuosos, lo que obligaría a proveedores a reparar daños y perjuicios con una indemnización.
El objetivo de la propuesta legislativa busca que la ciudadanía pueda contar con un instrumento claro para reclamar los daños ocasionados por productos o servicios defectuosos.
Ante el Pleno de la LXVI Legislatura, subrayó que “el Estado no puede permanecer indiferente ante los riesgos que supone la circulación de bienes defectuosos que atentan contra la vida, la salud y el patrimonio de las personas”, más cuando hoy día es infinita la gama de productos que se ofertan en el mercado.
“La justicia social demanda que quienes ponen en el mercado productos inseguros asuman la responsabilidad por los daños que ocasionan” sostuvo la congresista al exponer las motivaciones de su propuesta de adicionar al Código Civil un capítulo VI denominado Responsabilidad civil por bienes o servicios defectuosos, y 20 artículos.
Indicó que la Profeco emite alertas en torno a artículos que representan un riesgo para las personas, y que existe una Ley Federal de Protección al Consumidor, pero añadió que hay productos que escapan del análisis de la institución y que, a nivel local, “existe la alternativa de que a través del derecho civil y mediante una figura de responsabilidad, las personas puedan reclamar los daños causados por los productos defectuosos”.
Su iniciativa refiere cuáles son los daños susceptibles de ser reclamados y precisa además a quién debe reclamarse y que pueden reclamar toda víctima, “toda aquella persona que haya sufrido un daño causado por un producto defectuoso podrá presentar una reclamación contra del productor”.
Tiscareño Agoitia resaltó, sobre los alcances de su iniciativa, que no se trata solo de una reforma al Código Civil, sino de “un compromiso político con la justicia, con la equidad y con la protección de la vida y la integridad de las personas”.
Sostuvo además que, con la iniciativa en cuestión, el Congreso tiene la oportunidad de ponerse a la vanguardia en la defensa de la dignidad humana y los derechos de las y los consumidores, generando confianza en nuestras instituciones y certeza en la ciudadanía, sin afectaciones al sector empresarial.
Dotar a la ciudadanía de un instrumento claro para reclamar daños ocasionados por productos o servicios defectuosos, desincentiva prácticas negligentes y fomenta la calidad en la producción y comercialización, además de fortalecer la confianza en el mercado y promover la competitividad al premiar a quienes cumplen con estándares de seguridad y responsabilidad.
