Los legisladores manifestaron que el sistema de nombres actualmente vigente reitera una práctica discriminatoria, por lo que la iniciativa es viable para reconocer los mismos derechos y responsabilidades de los progenitores e ir de acuerdo con los principios de igualdad, no discriminación y derecho a la vida privada y familiar. En su intervención, la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia declaró que las modificaciones planteadas responden al mandato constitucional de eliminar prácticas discriminatorias y garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
Política24 de septiembre de 2025 Redacción
La Comisión de Justicia aprobó el dictamen de las iniciativas de reforma al Código Civil estatal, todas ellas con la finalidad de que el padre y la madre, en mutuo acuerdo, asignen el orden del apellido de los hijos recién nacidos en el matrimonio o los reconocidos cuando ambos comparecen ante el oficial del registro civil.
Los asistentes manifestaron que el sistema de nombres actualmente vigente reitera una práctica discriminatoria, por lo que la iniciativa es viable para reconocer los mismos derechos y responsabilidades de los progenitores e ir de acuerdo con los principios de igualdad, no discriminación y derecho a la vida privada y familiar.
En su intervención, la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia declaró que las modificaciones planteadas responden al mandato constitucional de eliminar prácticas discriminatorias y garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
Por su parte, la legisladora Susana Bermúdez Cano señaló que la reforma permite brindar protección a las decisiones que conciernen a la familia, como lo es el de determinar el nombre y los apellidos de la persona.
Asimismo, la congresista María Eugenia García Oliveros indicó que no se incorpora al dictamen la parte relativa a que en todos los casos que se requiera, la o el juez del distrito civil está obligado a registrar en el acta de nacimiento el nombre solicitado con estricto apego a las formas orales, funcionales y simbólicas de comunicación pertenecientes a las lenguas indígenas.
Mismo trámite recibió la propuesta para reformar el Código Penal del Estado de Guanajuato, que busca que las personas adultas mayores puedan acceder a una vida libre de violencia.
Asimismo, se aprobó el dictamen de la iniciativa de reforma al Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, para garantizar el acceso igualitario a la justicia administrativa, esencial para proteger los derechos de las personas y resolver sus disputas, fortaleciéndose con ello los principios de igualdad, proporcionalidad, decisión, economía, previa audiencia, publicidad, oficiosidad, verdad material, eficacia, oportunidad y congruencia.
En otros puntos del orden del día se aprobaron los proyectos de convocatoria para el proceso de consulta para niñas, niños y adolescentes; así como de personas con discapacidad.
En su intervención, la diputada Karol Jared González Márquez propuso que, para lo concerniente a niñas, niños y adolescentes, el 24 de octubre se realice el foro presencial de consulta, el 29 de octubre la entrega del informe de la consulta y el 3 de noviembre la discusión del dictamen. La propuesta fue aprobada.
La legisladora Susana Bermúdez Cano pidió que para lo relativo a personas con discapacidad, el 16 de octubre se lleve a cabo la entrega del informe de la consulta y el 5 de noviembre la discusión del dictamen; así como que se agregue en el apartado de medios de difusión y accesibilidad la definición de los grupos de “WhatsApp”. Su planteamiento fue avalado
Finalmente, se aprobó por mayoría de votos el dictamen en sentido negativo de la iniciativa de reforma al Código Civil estatal y a la Ley para el Gobierno y la Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, con la finalidad de que los pueblos y comunidades indígenas tengan plena certeza de que la justicia es asequible.
Los representantes de las personas de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas expresaron que se tiene derecho a decidir sobre su vida colectiva y gestionar su patrimonio propio; que se tiene el derecho de que dicho sector se defienda jurídicamente sin intermediarios; que se consideren personas morales a las comunidades y los pueblos indígenas y afromexicanos sin que aplique la asimilación administrativa ante los entes públicos; que se dote una capacitación a dichas poblaciones a fin de cómo resolver conflictos que puedan surgir por dotarles de personalidad jurídica; y que el reconocimiento a las comunidades y pueblos como personas morales les daría mayor autonomía.
Al hacer uso de la voz, la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia mencionó que legislar en favor del reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como personas morales es un acto de congruencia con la Constitución, con el respeto a la diversidad cultural y con la justicia histórica, además de proponer que bajo las consideraciones propuestas por los representantes y personas diputadas se aplace el dictamen.
En su intervención, la legisladora Plásida Calzada Velázquez precisó que no tiene sentido que se haya dotado a los pueblos y comunidades indígenas de personalidad jurídica si se tiene el impedimento de interferir demandas en materia civil, toda vez que en la práctica se necesita de la voluntad de los municipios para que exista una representación.
Por su parte, el congresista Rolando Fortino Alcantar Rojas comentó que se tiene coincidencia en todas las premisas que se plantearon y que se tiene que buscar como el objetivo de la propuesta se puede llevar a cabo con una escala mayor y que se debe trabajar en la progresividad de los derechos y una normativa armonizada con las leyes generales.
La diputada Karol Jared González Márquez dijo que es importante esperar a la Ley General en la materia, poder generar una mesa de trabajo con los representantes de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para ver los alcances y poder seguir respetando los derechos del sector.
La legisladora Susana Bermúdez Cano expresó que se han escuchado observaciones que dejan ver que la iniciativa en discusión no alcanza a plasmar las opiniones que se han hecho por los representantes de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, luego de que la propuesta sugerida por dicha población no es coincidente con la propuesta discutida y mejor se elabore una iniciativa conjunta que tenga las herramientas necesarias para su vida diaria.
Finalmente, la congresista María Eugenia García Oliveros comentó que se está vulnerando el derecho a la justicia y el derecho a la justicia previa, libre, informada y de buena fe de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, junto a que la propuesta busca dar un efecto útil a la reforma constitucional que reconoce al mencionado grupo de población como sujetos de derecho público y con personalidad jurídica.
Asimismo, García Oliveros externó que presentará un voto particular formulado de manera independiente al dictamen, toda vez que se considera que la iniciativa es razonable, proporcional y acorde a las necesidades de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del estado.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas María Eugenia García Oliveros (presidenta), Susana Bermúdez Cano, Karol Jared González Márquez, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia y el diputado Rolando Fortino Alcantar Rojas.
También se contó con la presencia de la legisladora Plásida Calzada Velázquez y representantes de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de Guanajuato; de la Secretaría de los Derechos Humanos; de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato; personas asesoras de los diferentes grupos parlamentarios; y personal de las distintas áreas del Congreso del Estado de Guanajuato.
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