Informes de inteligencia militar fechados desde enero de 2020 revelan que el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo conocimiento durante más de cinco años de la operación de una refinería clandestina en Veracruz, la cual procesaba combustible robado (huachicol) para el grupo criminal “La Barredora”, presuntamente liderado por un alto exfuncionario de seguridad de Tabasco, muestra un reportaje de Verónica Ayala para la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Política09 de septiembre de 2025 Redacción
Informes de inteligencia militar fechados desde enero de 2020 revelan que el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo conocimiento durante más de cinco años de la operación de una refinería clandestina en Veracruz, la cual procesaba combustible robado (huachicol) para el grupo criminal “La Barredora”, presuntamente liderado por un alto exfuncionario de seguridad de Tabasco, muestra un reportaje de Verónica Ayala para la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
A pesar de la alerta temprana, las autoridades federales no actuaron para desmantelar la planta, sino hasta junio pasado, señaló la periodista en entrevista para Aristegui en Vivo.
La investigación, titulada “El gobierno de AMLO supo desde 2020 de mini refinería ligada a la barredora“, se basa en documentos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia Sureste del Ejército.
Estos informes, dirigidos al Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, detallaban la existencia y operación de la planta ilegal, vinculándola directamente con “La Barredora”, grupo delictivo encabezado presuntamente por quien fungió como secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante la gubernatura de Adán Augusto López, una de las figuras políticas más cercanas al expresidente López Obrador.
“Desde hace cinco años, al menos desde 2020, las autoridades federales tenían conocimiento de la operación de una mini refinería al sur de Veracruz”, afirmó Ayala.
La periodista subrayó que los documentos de inteligencia incluían oficios fechados, mapas con la ubicación geográfica precisa de la planta y la estructura del grupo criminal. “La ubicación corresponde a una zona muy cercana al sitio donde las autoridades federales realizaron a mediados de junio pasado el cateo y aseguramiento“, precisó.
La investigación de MCCI sugiere que la inacción podría apuntar a una grave omisión o incluso a un esquema de protección hacia las redes criminales que operaban con impunidad.
“El que las autoridades no hayan actuado con anterioridad deja muchas dudas al respecto, porque tenían conocimiento de la operación de esta planta al menos desde principios de 2020″, enfatizó Ayala.
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