La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) reveló este jueves que, entre 2020 y lo que va de 2025, se detectaron irregularidades por 214 millones 409 mil 74 pesos en el manejo de recursos del Fideicomiso de Administración e Inversión para el Desarrollo Social y la Seguridad Pública del Estado de Guanajuato (FIDESSEG).
Precisamente la detección de irregularidades llevó a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo a buscar la desaparición del fideicomiso, sin embargo, el grupo de empresarios que maneja el Consejo Coordinador Empresarial se opuso a ello interponiendo recursos legales para que subsista este sistema plagado de situaciones fuera del marco legal.
Durante la sesión del Pleno del Congreso local, se aprobó el informe de resultados de la auditoría practicada a dicho fideicomiso, el cual fue creado para financiar obras, infraestructura y proyectos prioritarios en materia social y de seguridad. El monto observado inicialmente ascendía a 258 millones 585 mil 409 pesos, pero tras solventaciones parciales, se confirmó la existencia de anomalías por más de 214 millones.
Del total, 195 millones 60 mil 566 pesos corresponden a observaciones de carácter financiero, mientras que 19 millones 348 mil 508 pesos están relacionados con fallas en infraestructura. Entre los hallazgos más relevantes, se identificó que 73 organizaciones civiles que presentaron 96 proyectos no comprobaron adecuadamente el uso de 71 millones 318 mil 554 pesos, o lo hicieron fuera de los plazos establecidos.
Dos fundaciones que fungieron como intermediarias —Actuando por Guanajuato y FE Guanajuato— tampoco justificaron la mitad o menos de los recursos asignados, que superaban los dos millones de pesos. Otras asociaciones señaladas incluyen a Casa de Maternidad y Cuna A.C., Patronato Pro Hogar Niño de Irapuato A.C., Institución Juvenil de León A.C. y Centro de Rehabilitación Celaya A.C., entre otras.
El diputado de Morena, Carlos Abraham Ramos Sotomayor, denunció que al menos 13 millones de pesos fueron canalizados a familiares de integrantes de las asociaciones beneficiadas, y que 15 millones más carecen de comprobación documental. “¿Qué sigue? ¿El perro cobrando viáticos?”, ironizó el legislador al criticar el presunto uso discrecional de los fondos públicos.
Además, se detectaron 20 proyectos ejecutados por igual número de asociaciones que no comprobaron el uso de 12.8 millones de pesos, sin que se hayan iniciado acciones para recuperar dichos recursos.
En total, la ASEG emitió 34 observaciones: 20 de índole financiera y 14 relacionadas con infraestructura. El informe también señala que algunos proyectos fueron autorizados sin cumplir con los requisitos legales, y que hubo pagos duplicados, desvíos de recursos y alteraciones en precios unitarios2.
Tras la aprobación del dictamen, se instruyó a la ASEG a presentar las denuncias penales correspondientes, mientras que las responsabilidades administrativas deberán ser atendidas por el Poder Ejecutivo estatal.
