El 11 de noviembre de 2017, una niña de trece años rompió en llanto al enterarse de que tenía trece semanas de gestación. Camila, como se ha decidido llamarla para proteger su identidad, nació en una comunidad indígena de la serranía peruana en el distrito de Huanipaca, Apurímac. El infierno de esta niña quechuahablante que creció en una vivienda de barro sin acceso a agua y electricidad no comenzó aquel día, sino desde mucho tiempo atrás. Su padre, el hombre que debía procurar su bienestar y ser uno de sus primeros referentes, abusó de ella desde los nueve años. Un calvario que Camila pudo contarle a su madre —una mujer analfabeta y con parálisis de columna vertebral— por esos días.
Camila nunca deseó estar embarazada y menos tener un hijo de su padre. Sin embargo, en el centro de salud de Huanipaca, donde se la atendió, no le brindaron información alguna sobre su derecho a acceder al aborto terapéutico —legal en el Perú desde 1924— y más bien insistieron en continuar con el esquema de atención prenatal. Poco después le ofrecieron un plan de parto. En diciembre, al borde del colapso y en medio de pensamientos suicidas, Camila y su madre solicitaron la interrupción legal del embarazo, pero no obtuvieron respuesta ni de la Fiscalía ni tampoco de las autoridades de salud.
El 19 de diciembre, Camila fue internada en un hospital de Abancay, la capital de Apurímac. Tenía fuertes dolores abdominales. Ese mismo día abortó espontáneamente. Su comunidad, en lugar de solidarizarse con ella, la señaló. Atormentada, Camila abandonó el colegio cuando apenas había comenzado la secundaria. Un par de años después, en mayo de 2019, su padre fue condenado a cadena perpetua. Pero a la par, la Fiscalía abrió una investigación en su contra por el delito de inducción del aborto. Pasó de víctima a victimaria. En agosto de 2018, Camila fue condenada por autoborto. Apeló y en junio de 2019 se revocó la sentencia y se dispuso el archivo definitivo de la causa, pero el daño ya estaba hecho.
Este martes, Camila ha encontrado justicia. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha determinado que el Estado peruano “ha violado los derechos a la salud y a la vida de una niña indígena y rural víctima de violación al no proporcionarle información ni acceso al aborto legal y seguro”. Es preciso destacar el papel del Movimiento Son Niñas No Madres —conformado por una decena de organizaciones a favor de los derechos de las niñas latinoamericanas como el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), entre otros—, que interpuso la demanda ante dicho organismo en el 2020.
El caso de Camila no es aislado. De acuerdo al Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea, en el Perú cada año un promedio de 1.100 menores de 15 años dan a luz. Según el diario El Comercio, en la última década 12.165 adolescentes menores de 15 años fueron madres en el país andino. “Hoy es un día histórico que marca un precedente para todas las niñas del Perú y Latinoamérica. El dictamen reconoce la importancia de garantizar el acceso a servicios de salud reproductiva, incluyendo la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación y embarazo en menores de edad”, ha dicho Susana Chávez, directora de Promsex. En efecto, es un fallo histórico para la región, pues América Latina y el Caribe registran la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes en el mundo (61,18%).
De esta manera, las Naciones Unidas insta al Estado peruano a despenalizar el aborto en todos los supuestos de embarazo infantil, asegurar el acceso a servicios de aborto seguro y cuidados postaborto para las niñas gestantes, modificar la normativa reguladora del acceso al aborto terapéutico para prever su aplicación específica en las niñas debido al especial riesgo para la salud y la vida que entraña el embarazo infantil, establecer un mecanismo intersectorial que evite la retraumatización del niño víctima de abuso sexual infantil y, desde luego, una indemnización por las violaciones sufridas para Camila.
“Estoy consternada por el modo en que las autoridades nacionales han tratado a una niña de 13 años víctima de violación e incesto. Lejos de ser protegida, dada su extrema vulnerabilidad, fue revictimizada y acosada por las autoridades sanitarias, policiales y judiciales. Saludamos el valor que Camila ha demostrado al defender sus derechos y presentar su caso ante nosotros a pesar de los numerosos obstáculos enfrentados”, ha remarcado Ann Skelton, presidenta del Comité de los Derechos del Niño de la ONU.
