Organizaciones feministas, incluidas el Grupo de Información en Reproducción Elegida, el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir y la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, criticaron al Congreso de Guanajuato por desaprovechar, por segunda vez, la oportunidad de despenalizar el aborto.
Con el apoyo de Católicas por el Derecho a Decidir y México y Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, señalaron que entre abril de 2007 y junio de 2022, 560 guanajuatenses han tenido que viajar a la Ciudad de México para acceder a una interrupción legal del embarazo, lo que refleja un sistema que excluye y castiga a quienes no pueden desplazarse.
Además, informaron que en lo que va de este año, 4,257 niñas y adolescentes de 12 a 19 años han dado a luz, incluyendo 122 de entre 10 y 14 años, lo que pone de manifiesto la ineficacia del Estado en prevenir embarazos relacionados con violencia sexual.
La reciente votación en el Congreso, que resultó en un dictamen negativo de 19 votos en contra y 17 a favor de la despenalización, contraviene la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que considera la criminalización del aborto inconstitucional. También ignora las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para eliminar barreras que dificulten el acceso a servicios de salud esenciales.
A pesar de que dos tercios de las entidades en México han despenalizado el aborto, en Guanajuato algunos legisladores continúan promoviendo su criminalización, perpetuando desigualdades de género, clase y territoriales. Entre 2012 y 2022, se registraron 2,456 investigaciones por aborto en todo el país, de las cuales 209 corresponden a Guanajuato.
Activistas han advertido que en 2025 aún se mantendrán barreras jurídicas basadas en prejuicios, en lugar de adoptar políticas públicas fundamentadas en derechos humanos y salud pública. Con esta negativa, las mujeres y personas con capacidad de gestar en Guanajuato seguirán sin garantías para su autonomía reproductiva y serán criminalizadas por ejercitar su derecho a una maternidad elegida.
Por último, destacaron la labor de diputadas y diputados que apoyaron la despenalización y subrayaron la responsabilidad de quienes se opusieron a cumplir con su obligación de garantizar acceso equitativo a servicios de salud reproductiva.
