El Congreso de Guanajuato aprueba reformas para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos

El Pleno del Congreso del Estado de Guanajuato aprobó por unanimidad reformas al Código Penal estatal con el objetivo de mejorar la seguridad y el ejercicio de los periodistas y defensores de derechos humanos.

Las nuevas disposiciones catalogan como delitos graves las agresiones contra estos profesionales y sus familiares directos, cuando se realicen con la intención de obstaculizar su labor. Asimismo, se consideran delitos graves las agresiones relacionadas con espectáculos públicos y aquellas que afecten a menores de edad.

En cuanto a la pena por delitos contra la libre expresión, se establecen sanciones de uno a seis años de prisión y multas de diez a sesenta días, para quienes utilicen violencia o acoso contra periodistas. Si el agresor es un servidor público, la pena se incrementará.

Las reformas también crean un nuevo tipo penal para proteger la promoción y defensa de derechos humanos, imponiendo las mismas sanciones para quienes atenten contra este sector. Además, se especifica que estos delitos serán perseguidos de oficio cuando las víctimas sean defensores implicados en la búsqueda de personas desaparecidas.

La diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia mencionó que el dictamen responde una necesidad urgente y dolorosamente visible para señalar y sancionar de manera firme los delitos cometidos contra personas que ejercen su derecho a informar o hacer válida la lucha por los derechos humanos, debido a que se han convertido en marco de amenazas que atentan contra su integridad y su vida.

La congresista afirmó que la labor del sector mencionado representa el verdadero Estado Democrático de Derecho, junto a ir en concordancia con estándares constitucionales y parámetros internacionales, por brindar herramientas para que el Estado genere condiciones de seguridad y libertad para el ejercicio de actividades fundamentales para el ejercicio de la democracia.

Las diputadas María Eugenia García Oliveros y Susana Bermúdez Cano, junto con el diputado Rolando Fortino Alcántar Rojas, defendieron el dictamen en el pleno. García Oliveros destacó la importancia de estas reformas en el contexto actual de Guanajuato, donde se han reportado 26 periodistas y cuatro defensores de derechos humanos bajo medidas de protección estatal.

Bermúdez Cano enfatizó que la reforma busca sancionar conductas que amenazan la libertad de expresión, mientras que Alcántar Rojas subrayó que se trata de una respuesta necesaria a los desafíos que enfrentan estos profesionales.

La diputada Karol Jared González Márquez destacó la libertad de expresión como un pilar esencial de la democracia. Agregó que, esa libertad solo puede ejercerse de forma plena y auténtica cuando el Estado garantiza condiciones reales de seguridad, dignidad y protección para quienes le ejercen profesionalmente, periodistas y personas defensoras de derechos humanos y activistas sociales.

La legisladora subrayó que, hoy más que nunca su labor es indispensable, en un contexto cada vez más complejo y peligroso, porque quienes informan, denuncian y defienden causas sociales lo hacen a costa, muchas veces, de su propia integridad, por lo que no son simple observadores, son guardianes del Estado del Derecho.