
Existe gran riesgo de que crimen se infiltre en elección judicial: Obispo Enrique Díaz

El obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, alertó sobre el riesgo real de que el crimen organizado influya en la designación de jueces en México, lo que podría comprometer la imparcialidad y legalidad del sistema judicial. Ante esta preocupación, hizo un llamado a garantizar la transparencia en el proceso de renovación del Poder Judicial, al considerar que su correcto desarrollo es crucial para la paz y el futuro del país.
Durante una rueda de prensa, el líder religioso recordó que la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), de la cual forma parte, ya había manifestado su postura sobre el tema. Los obispos advirtieron que la intromisión del crimen organizado en las instituciones judiciales representa una amenaza directa al Estado de derecho, especialmente si logran colocar a personas afines en puestos clave, lo que daría lugar a la figura de los llamados “narcojueces”.
“Esperemos que haya mucha transparencia, que haya una verdadera elección y que no se preste a nada que pueda enturbiar algo que se pretende que sea bueno”, expresó Díaz Díaz, enfatizando la necesidad de garantizar procesos limpios y legítimos.
El obispo insistió en que las autoridades responsables deben asumir su papel con total responsabilidad, al tiempo que la ciudadanía debe mantenerse atenta y exigir claridad en el proceso. Recalcó que la vigilancia social es esencial para evitar manipulaciones o uso indebido de los procedimientos judiciales.
“Que no se enturbie con ninguna otra cosa”, reiteró, subrayando que cualquier intento de distorsionar la renovación del sistema judicial afectaría su credibilidad y la confianza de la población en sus instituciones.
Finalmente, destacó que una eventual infiltración del crimen organizado en el ámbito judicial no solo pondría en duda la legalidad de sus resoluciones, sino que también afectaría la seguridad, estabilidad y paz social en las comunidades. En este sentido, insistió en que la justicia debe mantenerse al servicio del pueblo y no ser utilizada como herramienta de protección para intereses personales o actividades ilícitas.


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