El gravamen es independiente de los decretados para los productos que no cumplen con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció este lunes que la mayoría de los tomates importados de México a Estados Unidos estarán sujetos a aranceles del 20,91% a partir del 14 de julio, ya que se retira del acuerdo de 2019 que dejaba en suspenso esos aranceles.
Política15 de abril de 2025 Redacción
El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció este lunes que la mayoría de los tomates importados de México a Estados Unidos estarán sujetos a aranceles del 20,91% a partir del 14 de julio, ya que se retira del acuerdo de 2019 que dejaba en suspenso esos aranceles. “El acuerdo actual no ha logrado proteger a los productores de tomate estadounidenses de las importaciones mexicanas a precios injustos, ya que el Departamento de Comercio ha sido inundado de comentarios de ellos instando a su rescisión. Esta medida permitirá a los productores de tomate estadounidenses competir en igualdad de condiciones en el mercado”, dijo el departamento que dirige Howard Lutnick en un comunicado.
Lo que hace Estados Unidos es comunicar la retirada del acuerdo vigente con el plazo de preaviso de 90 días establecido. Al vencer ese plazo, los tomates mexicanos pasarán a estar sujetos a ese arancel.
Estos aranceles son independientes de los del 25% que ha impuesto Estados Unidos a México en represalia por la entrada de inmigrantes y de fentanilo, que se aplican a los productos que no cumplen con los requisitos para acogerse al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), el acuerdo de libre comercio entre los tres países de Norteamérica. México quedó al margen también de los mal llamados aranceles recíprocos con los que Trump declaró la guerra comercial al mundo el pasado 2 de abril. Los gravámenes al tomate tienen su origen en lo que Washington considera prácticas comerciales desleales por parte de los productores de México.
En agosto de 2019, los productores de tomate mexicanos llegaron a un acuerdo con la primera administración del presidente Donald Trump para evitar una investigación antidumping y poner fin a una disputa arancelaria. En ese momento, Estados Unidos dijo que el acuerdo cerraba las lagunas e incluía un mecanismo de inspección.
En virtud de aquel acuerdo, los agricultores mexicanos aceptaron que las autoridades fronterizas estadounidenses inspeccionasen el 92% de las importaciones y que auditasen a 80 productores cada cuatrimestre. Además, se acordó que los tomates orgánicos se vendieran a un precio un 40% superior al de los convencionales.
Antes, el Gobierno del primer mandato de Donald Trump había impuesto un arancel del 17,5%, al vencer el Acuerdo de Suspensión a la Investigación Antidumping a las Exportaciones Mexicanas de Tomate, vigente desde 1996. Este producto agrícola es el tercero que más se exporta de México a Estados Unidos, después de la cerveza y el aguacate. México es el principal suministrador de productos alimenticios frescos de Estados Unidos.
Convocada por la Comisión de Justicia, se realizó una mesa de trabajo para el análisis de la propuesta que busca modificar el Código Penal del Estado de Guanajuato, a fin de incorporar una pena más severa en el tipo penal de violencia familiar.
Agricultores advirtieron que, de no aprobarse en sus términos la nueva Ley de Aguas, se intensificarán las movilizaciones en al menos 10 estados y en la CDMX. Actualmente, los agricultores mantienen cierres carreteros en seis entidades —Zacatecas, Chihuahua, Sonora, Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes— como parte de su protesta.
La entrega de via libre este jueves en ocho puntos carreteros del estado se da después de movilizaciones masivas; los productores advierten que seguirán en alerta mientras avanza el dictamen en la Cámara Alta.
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La mandataria confirma una visita relámpago y un encuentro breve con el presidente estadounidense el viernes. La Presidenta indicó que usará un avión de la Sedena para trasladarse.
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Ernestina Godoy fue parte esencial del caso que desde la Jefatura de Gobierno de la CDMX se montó en contra de los panistas capitalinos al denominarlos “cártel inmobiliario”.
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