La Comisión de Justicia del Congreso local, en la que participan las diputadas Susana Bermúdez Cano y Jared González Márquez, y el diputado Rolando Alcántar Rojas, acordó llevar a cabo una mesa de trabajo el 9 de abril para analizar una iniciativa contra la extorsión que fue presentada por el GPPAN y la RPPRD.
Política29 de marzo de 2025
Leticia Aguayo Soto
La Comisión de Justicia del Congreso local, en la que participan las diputadas Susana Bermúdez Cano y Jared González Márquez, y el diputado Rolando Alcántar Rojas, acordó llevar a cabo una mesa de trabajo el 9 de abril para analizar una iniciativa contra la extorsión que fue presentada por el GPPAN y la RPPRD.
Dicha propuesta pretende reformar el Código Penal del Estado, a fin de reconfigurar la cobranza extrajudicial ilícita y el delito de extorsión.
Asimismo, se acordó realizar mesas de trabajo el 2 de abril para revisar dos iniciativas de reforma al Código Penal del Estado. La primera fue suscrita por las diputadas que integran la LXVI Legislatura y busca adicionar el tipo penal de violencia vicaria; mientras que la segunda fue presentada por la gobernadora del estado, para considerar como calificados los delitos de homicidio y lesiones cuando se comentan contra personas defensoras de derechos humanos.
Por otra parte, la Comisión aprobó el dictamen de la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, presentada por magistradas y magistrados del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con el objetivo de crear juzgados mixtos en materia civil y penal, especializados en violencia contra las mujeres.
Al respecto, la diputada Susana Bermúdez hizo énfasis en la importancia de que quienes estén a cargo de dichos juzgados mixtos cuenten con capacitación adecuada y profesional para atender a las mujeres que han sido víctimas de violencia.
“Es importante que estos juzgadores estén capacitados, pues serán los encargados de garantizar que las víctimas de violencia reciban un trato digno y empático, de reducir los tiempos de espera a través de la atención eficiente de los casos de violencia donde la mujer se encuentre involucrada, así como hacer mayormente asequible el acceso a la justicia para aquellas mujeres que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad”, subrayó.
La autoridad revisora del gasto público encontró desde 2019 una “deficiente planeación” del proyecto, errores aritméticos en el cálculo de los precios de materiales y falta de supervisión de la obra.
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