Estrictamente Personal. Políticos bajo sospecha

El enfoque impredecible con el que aborda el presidente Donald Trump toda política que toca le dio un respiro a México en materia de aranceles. Un mes más de gracia para que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum demuestre que está haciendo lo suficiente, ante sus ojos, para combatir el tráfico ilegal de fentanilo. Nada que se sepa, sin embargo, de cómo están dándole cauce al tema controvertido de la “inaceptable alianza” del gobierno mexicano con los cárteles de la droga, que tan enérgicamente, ante su audiencia doméstica, ha denunciado Sheinbaum. En este tema no hay plazo que valga.

En México hay una fuerte corriente de opinión pública que sostiene que aranceles y cárteles corren por rutas separadas e independientes. No es lo que piensan Trump y su gabinete. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, ha dicho que no se trata de una guerra comercial con México, sino de una guerra contra los cárteles de las drogas. El vicepresidente J.D. Vance declaró el miércoles, ante una pregunta sobre aranceles durante una visita a Eagle Pass, ciudad hermana de Piedras Negras, que “en realidad creo que le está haciendo (Trump) un gran favor al pueblo de México, porque si no controlan a estos cárteles, el pueblo de México se despertará en un Estado narco, donde los cárteles tienen más poder que su propio gobierno”.

La narcopolítica es el nombre del juego político que está planteando Trump y su gobierno. El martes, en su mensaje a la nación, el presidente se refirió como nunca lo había hecho ningún antecesor a México. En la suma de las palabras México y cárteles, hubo 9 referencias, contra 8 que hizo de Ucrania, 7 sobre Rusia y los rusos, y 6 sobre China. De las veces que pronunció la combinación México-cárteles, sólo una tercera parte habló en el contexto del acuerdo comercial norteamericano y los aranceles, donde también mencionó tres veces a Canadá. Es decir, la prioridad de su mente esa noche estaba en su vecino al sur del río Bravo.

México y los mexicanos arrastramos un problema serio y creciente de imagen y percepción. Recientemente, un abogado mexicano viajó a Houston y el agente migratorio que le revisó los papeles no hizo las preguntas típicas que a veces hacen, como a qué va a Estados Unidos o cuánto dinero lleva. El oficial le preguntó qué pensaba de que su país fuera un narcoestado, qué de lo que decía Trump al respecto y qué del tráfico ilegal de fentanilo.

Hace tres décadas era notoria la forma estereotipada como veían a los colombianos, a quienes trataban por igual como si fueran el mismísimo Pablo Escobar. Pero nunca antes la Casa Blanca había señalado a un país como “narcoestado”; ni siquiera Afganistán bajo el gobierno talibán, cuando floreció el cultivo y tráfico del opio. Sheinbaum ha sido enérgica y vehemente en rechazar las afirmaciones de Trump y casi todo su gabinete de seguridad sobre la llamada “alianza” del gobierno mexicano con los cárteles, pero no ha exigido ni protestado, hasta donde sabemos, la categorización.

La firme creencia en Trump y su entorno político, militar y de inteligencia de que hay una colusión orgánica entre políticos mexicanos y cárteles no desaparecerá y será una constante fuente de tensión y desgaste para Sheinbaum. La narrativa de los propagandistas del régimen de tratar de desviar la acusación al gobierno de Felipe Calderón y al exsecretario de Seguridad Pública es intensa, pero poco eficaz para efectos prácticos. Trump y su gobierno hablan en presente o en función del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Declaraciones en juicios en Estados Unidos, particularmente en Brooklyn, donde fue juzgado y condenado García Luna a 38 años de cárcel por las declaraciones de criminales cooperantes con el Departamento de Justicia, también señalaron en sus testimonios a otras figuras de la 4T:

*López Obrador, el de mayor rango, por presuntamente haber recibido dinero del Cártel de Sinaloa para su campaña presidencial de 2006. Filtraciones de la DEA a la prensa agregaron en paralelo la información que dos investigaciones sobre financiamiento de cárteles fueron canceladas por motivos políticos.

*Indirectamente en estas acusaciones ha sido señalado Marcelo Ebrard, de los tiempos en que fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México, por dinero recibido del Cártel de Sinaloa para protección a sus operaciones en la capital federal.

En otros casos existen informes de inteligencia compartidos por los dos países sobre financiamiento de las campañas para gobernador en Baja California, Baja California Sur, Colima, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa y Sonora, con dinero proveniente del huachicol, que estaba controlado por el empresario Sergio Carmona, asesinado en noviembre de 2021. Presuntamente involucrados con él figuran:

*Mario Delgado, actual secretario de Educación, que era presidente de Morena en esos momentos, que tenía una relación con Carmona y está bajo investigación por la DEA en Texas.

*Ricardo Peralta, muy cercano a la senadora Olga Sánchez Cordero, que fue el primer director de Aduanas en el gobierno de López Obrador, que le dio la aduana de Reynosa a Julio Carmona, hermano de Sergio, y actualmente testigo cooperante de la DEA. Cuando la Marina presionó para que lo removieran, Sánchez Cordero lo hizo subsecretario de Gobernación, donde promovió una estrategia de pacificación, mediante negociaciones públicas con organizaciones criminales en Michoacán y Tamaulipas.

Hay otros políticos sobre los cuales existen investigaciones viejas de su presunta relación con cárteles de las drogas, además del recientemente mencionado en este espacio, Manuel Bartlett, por su presunto involucramiento en el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, como Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y exgobernador de Zacatecas, durante la expansión de Los Zetas en el estado —dos de sus líderes fueron extraditados la semana pasada a Estados Unidos—. En 2009, el Ejército decomisó 14 toneladas de mariguana que estaban en la bodega de un rancho de su familia en Fresnillo.

No son los únicos, pero sí los más prominentes. No en todos los casos existen investigaciones judicializadas, pero de todos hay información en Estados Unidos. Las percepciones de la “inaceptable alianza” tienen las asideras que dan vida y durabilidad a los señalamientos de Trump y su gobierno en contra de políticos mexicanos.