‘El Mayo’ Zambada no ha concretado un acuerdo de cooperación, pero la puerta está abierta para que él y Guzmán o ambos comiencen a hablar de la narcopolítica mexicana.
Opinión17 de enero de 2025 Raymundo Riva Palacio
La tercera audiencia de Ismael el Mayo Zambada en la Corte Federal de Brooklyn sirvió para una sola cosa, en términos reales: confirmar que los fiscales están tratando de llegar a un acuerdo con el exjefe del Cártel de Sinaloa para que, a cambio de que se declare culpable de los delitos que se le imputan, se vuelva testigo cooperante y reciba algunos privilegios. Las negociaciones no han rendido frutos, admitió el fiscal adjunto Francisco Navarro, pero pidieron 90 días al juez para alcanzar un acuerdo y evitar un juicio. Zambada no ha hablado, como tampoco su viejo compadre y socio, Joaquín el Chapo Guzmán, a quien traicionó y ayudó a la DEA en las operaciones de su captura.
De venir un juicio, los fiscales han adelantado que podrían llamar a declarar en su contra a Vicente Zambada, el Vicentillo, que fue detenido en 2009 por militares –el combate al Cártel de Sinaloa en el gobierno de Felipe Calderón se le había asignado al Ejército–, y 10 años después testificó contra quien había sido su jefe, el Chapo Guzmán, en la Corte de Brooklyn. Sus declaraciones fueron contundentes, al confirmar que su padre y su jefe eran líderes del cártel y tenían en la nómina a políticos, que no identificó.
Los Zambada tienen mucha información de la narcopolítica mexicana.
En el mismo juicio del Chapo, Jesús Reynaldo Zambada, apodado el Rey y hermano de quien era jefe de la organización criminal, reveló que el cártel le había dado 7 millones de dólares a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Su afirmación causó escándalo y desmentidos cuando se realizó en el segundo día del juicio de Guzmán en 2019, y se revivió cuatro años después en el del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna. En este juicio, el abogado de García Luna, César de Castro, le preguntó:
- ¿Recuerda haber hablado de un pago a Andrés Manuel López Obrador de 7 millones?
- No, respondió Zambada.
Más adelante agregó que recordaba haber pagado “algo de dinero” a un funcionario del Gobierno de la Ciudad de México, cuando el expresidente era jefe de Gobierno capitalino, “que, según él, era para la campaña, no para pagarle a López Obrador”. El Rey Zambada cambió los detalles de su financiamiento ilegal a funcionarios del gobierno capitalino de un juicio a otro, pero los señalamientos de De Castro están contenidos en el documento JRZG 36, que son notas que la DEA entregó a la Corte en Brooklyn para el juicio de Guzmán.
Salvo las notas de la DEA, todo lo anterior son documentos públicos que se refieren a aquellos años de principio de siglo. En el primer lustro, el Cártel de Sinaloa pagó protección para poder operar libremente en la Ciudad de México, particularmente en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, por donde llegaban cargamentos de cocaína para que la organización criminal la transportara a Estados Unidos. La seguridad pública en la capital durante esos años estaba a cargo de Marcelo Ebrard, actual secretario de Economía.
En ese entonces, Héctor Beltrán Leyva, uno de los hermanos de la organización que en ese entonces era parte de la llamada Federación, que agrupaba a todos los cárteles de las drogas mexicanos, menos el Cártel de Tijuana y el Cártel del Golfo, había infiltrado la oficina del secretario particular del presidente Vicente Fox, para que les informaran diariamente cuál era la agenda del mandatario. El secretario particular de Fox en esa época era Alfonso Durazo, que, al pelearse con él, se acercó a López Obrador y hoy es gobernador de Sonora.
Durante ese primer lustro se fugó por primera vez el Chapo Guzmán del penal de máxima seguridad de El Altiplano y poco después su hermano Arturo, apodado el Pollo, fue asesinado a tiros dentro de la misma cárcel. El Pollo había negociado con la DEA ser testigo colaborador, y les ofreció darles una lista de todos los funcionarios del gobierno federal que estaban en la nómina del cártel. Para protegerlo mientras se procesaba su caso, fue ingresado al penal, donde lo mataron antes de que les diera la lista.
Quienes saben de toda la compleja red de complicidades y compra de autoridades son el Mayo y el Chapo, que hasta ahora no ha cooperado con los fiscales. Zambada, como mencionó el fiscal adjunto Navarro ayer en Brooklyn, no ha concretado un acuerdo de cooperación, pero la puerta está abierta para que Zambada, Guzmán o ambos comiencen a cooperar y a hablar de lo que saben. En Brooklyn hay un apetito de algunos fiscales para judicializar nuevos indicios que apuntan al expresidente y contra algunos de sus viejos colaboradores que tienen vida transexenal. Pero todo es incierto en este momento, si habla o no, si los fiscales que llevan el caso sobreviven el cambio de gobierno en Estados Unidos, si Donald Trump será distinto a Joe Biden o si cuando apriete el acelerador no lo suelte. Probablemente todo se irá despejando este año.
Durante la conferencia mañanera, la mandataria fue más enfática al hablar de sus adversarios en la política y en sus críticos en redes que de los criminales detrás del asesinato de Carlos Manzo.
La propaganda sin resultados es un búmeran. La autocrítica, sin embargo, no se le da a Claudia Sheinbaum. De hecho, una característica del régimen obradorista es siempre victimizarse.
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La muerte de Carlos Manzo es la síntesis del drama que vive el país, una nación donde el valor individual no basta para derrotar al poder armado, donde la honestidad no garantiza protección y donde el crimen se impone.
México no va a ser rescatado por Omar Garcia Harfuch. Ni él puede solo. Menos aun si los incentivos políticos-criminales se alinean en contra de su éxito como secretario.
Los homicidios de autoridades locales continúan siendo un problema en el país, a pesar del discurso de las autoridades federales por reforzar la seguridad. El reciente asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, eleva a siete el número de alcaldes asesinados en lo que va del año, comparado con los nueve del año pasado, todos víctimas de la delincuencia organizada.
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“Cuando una mujer se capacita, se abre una puerta. Cuando esa mujer emprende, transforma su vida y la de su familia. Por eso, seguiremos fortaleciendo la capacitación y las rutas de financiamiento”, expresó la gobernadora.
En primeros 13 meses de del gobierno de López Obrador hubo 9 mil 114 casos de desaparecidos y en el mismo lapso con Claudia Sheinbaum hubo 15 mil 855 casos. Sin embargo, apenas la semana pasada, la presidenta Sheinbaum negó que exista responsabilidad del Estado mexicano frente a la crisis de desapariciones que enfrenta el país y manifestó su desacuerdo con la activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas por parte del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU.
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