
El Congreso de Guanajuato aprueba reformas para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos
Las nuevas disposiciones catalogan como delitos graves las agresiones contra estos profesionales y sus familiares directos, cuando se realicen con la intención de obstaculizar su labor. En cuanto a la pena por delitos contra la libre expresión, se establecen sanciones de uno a seis años de prisión y multas de diez a sesenta días, para quienes utilicen violencia o acoso contra periodistas. Si el agresor es un servidor público, la pena se incrementará.