El Pleno del Congreso local aprobó reformas a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Guanajuato.
Con estas reformas se establece que las personas defensoras de derechos humanos son las personas físicas que actúen individualmente o como integrantes de un grupo, organización o movimiento social, así como personas morales, grupos organizaciones o movimientos sociales, cuya finalidad sea la promoción o defensa de los derechos humanos.
Así como toda persona, grupo o colectivo involucrado en el proceso de búsqueda de personas desaparecidas.
Hicieron uso de la tribuna para hablar a favor las diputadas Plásida Calzada Velázquez, Ana María Esquivel Arrona y Sandra Alicia Pedroza Orozco.
La diputada Plásida Calzada Velázquez apuntó que no se podía negar la realidad social que se vive hoy en el estado de Guanajuato, la cual, dijo, es compleja para la gran mayoría de las personas, máxime porque cientos de ellas, en los 46 municipios están asoladas e incluso convulsionadas por el crimen organizado y desorganizado, cuando éste no solo les arrebata a sus familiares, sino que los desaparece, dejando a los parientes en una constante agonía y al margen de una incertidumbre jurídica.
Añadió que Guanajuato es el más peligroso para quienes realizan acciones de búsqueda de personas desaparecidas, por lo que como autoridades tienen la obligación de reconocer a quienes viven directamente el dolor y el peligro de buscar a sus seres queridos.
“No podemos, no debemos ser indolentes; no debemos ser insensibles, no debemos ser ajenos al dolor del prójimo por todo lo contrario debemos solidarizarnos en acciones de hermandad, las cuales desde nuestra postura no pueden ser otra que legislar a favor de los más vulnerables, debemos hacer leyes en pro de quienes se les flagelan sus derechos humanos puesto que la violación a los mismos no puede y no debe ser tolerado bajo ninguna circunstancia”, enfatizó Calzada Velázquez.
Para finalizar, resaltó que es necesario el reconocimiento explícito de las personas defensoras de derechos humanos, pues solo de esa se podrá contribuir a mitigar su dolor y, sobre todo, garantizar su acceso a la impartición de justicia.
Por su parte, la legisladora Ana María Esquivel Arrona indicó que las madres buscadoras, los grupos o colectivos de búsqueda, los colectivos independientes, o en su caso, cualquier persona que tenga el interés de buscar a alguien que se encuentra desaparecido; son personas defensoras de derechos humanos.
Asimismo, la legisladora dijo que todas las acciones necesarias para determinar el paradero de la persona desaparecida es una prioridad para el Estado por ellos de la importancia del reconocimiento que deberá darse en la Constitución Política Local.
Finalmente, se precisó que las modificaciones a la Ley corresponden a un paso histórico al proponer una reforma constitucional para priorizar la búsqueda de personas desaparecidas y la protección de quienes realizan esta labor.
En su intervención, la diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco indicó que la desaparición de personas es uno de los agravios más angustiantes e infames que se viven en la sociedad por ser delitos que significan múltiples violaciones a los derechos humanos, en los que sobresale la vulneración del derecho al trato digno, a la libertad, a la justicia, a la integridad, a la salud, entre otros.
Agregó que la Plataforma de la Paz y Justicia considera a Guanajuato la zona más peligrosa de México para las personas buscadoras, debido a que desde el año 2020, se han asesinado a cinco personas buscadoras, tres más están desaparecidas y hay 50 están adscritas al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos y Periodistas.
Finalmente, precisó que el contenido del dictamen es también una acción que contribuye a atender la Alerta de Género declarada en el estado, particularmente la que indica que se deben establecer acciones que contribuyan a la garantía de la protección de las mujeres buscadoras de personas desaparecidas.
