Videovigilancia en instalaciones policíacas municipales para prevenir desaparición forzada de personas, planteó diputado Alejandro Arias

El diputado Alejandro Arias propuso que se dote a las instalaciones policiales de un sistema de videovigilancia y memoria de grabación de larga extensión para prevenir la desaparición forzada de personas que hayan sido arrestadas o detenidas por faltas administrativas o la presunta comisión de un delito.

La instalación de sistemas de videovigilancia sería tanto en el exterior como en el interior de las instalaciones de corporaciones policíacas municipales, y en las áreas de separos, y proveer esos equipos sería obligación de los Ayuntamientos.

En su exposición de motivos, afirmó que la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas no establece la obligatoriedad de los ayuntamientos para que cuenten con esos equipos, “en perfectas condiciones y funcionando de manera permanente”.

Se trata de instrumentos tecnológicos que son útiles para producir y conservar evidencia sobre el ingreso y egreso de personas que son remitidas a barandilla, por faltas administrativas o bien por presunta comisión de delitos en tanto son puestas a disposición de las autoridades competentes, abundó.

La fracción VII que propone adicionar al artículo 55 de dicha norma, se establece además que las grabaciones deben guardarse por periodos de tiempo razonable y “deberán ser facilitadas a la autoridad competente, en los casos que así les sea requerido”.

Dijo que si bien hay municipios que cuentan con esos equipos tecnológicos instalados, lo cierto es que muchos “son obsoletos, están averiados o simplemente son desconectados por los propios integrantes de los cuerpos policiales” para evadir violaciones a derechos humanos.

Eso, de acuerdo con el Nuevo Modelo Nacional Policial, no puede seguir persistiendo como un vicio sistemático, sostuvo y, para resaltar la importancia de los alcances de su iniciativa, se refirió casos de “entrega” de detenidos o particulares que forman parte de grupos delincuenciales.

 “No es cosa menor, y casos que sirven de antecedente, hacen necesario tomar las acciones legislativas para disuadir la desaparición forzada de personas en instalaciones policiales municipales”, remató.