Durante la firma del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la relevancia de dejar atrás la concepción del líquido como mercancía, para entenderlo como un derecho. Subrayó que este pacto se basa en cuatro ejes: tecnificación del riego; saneamiento de ríos; verificación del uso industrial del agua, privilegiando la utilización del recurso tratado, y especialmente la revisión de concesiones otorgadas en el periodo neoliberal.
El acto se realizó en el parque Xochimilco e hizo especial énfasis en este último punto: tenemos que poner orden a las concesiones. Desde que el agua se vio como una mercancía en los años 90 del siglo pasado, y se pensó que ello iba a generar eficiencia, hay distintos sistemas administrativos, transferencia de derechos que no necesariamente cubren todo lo reglamentario y se conoce poco cuánta agua disponible hay en el país.
Afirmó que se requiere reordenar las concesiones a partir de un solo registro que se alcanzará mediante un acuerdo entre los actores involucrados, sobre la base de una visión de sustentabilidad a largo plazo, que trascienda los seis años de esta administración. Se requiere que no haya concesiones guardadas, que no permitan utilizar el recurso en otros destinos indispensables. Los cambios jurídicos que deriven de ello tienen que formar parte de un acuerdo integral.
En cuanto al saneamiento de ríos, exhortó a avanzar en esta vertiente porque México no puede ser la economía número 12 del mundo y tener los ríos más contaminados del mundo.
Tras agradecer al presidente de Grupo Lala, Eduardo Tricio, por poner a disposición pública dos de sus concesiones en Monterrey y la Ciudad de México, destacó la relevancia de modernizar el riego en el país.
La agricultura consume 70 por ciento del agua en la nación con un uso excesivo en algunos casos, no por responsabilidad de los productores, sino por falta de un programa nacional del riego, por lo que en 2025 se dedicarán 9 mil millones de pesos para iniciar su transformación.
Al destacar la trascendencia del acuerdo, la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, calificó de histórica su firma por los compromisos que han adquirido todos los niveles de gobierno para concretarlo. Este pacto sobre el agua representa un cambio de paradigma, un paso hacia un modelo integral de desarrollo sostenible, que supera la visión extractivista, privatizadora y desigualadora del periodo neoliberal. Para alcanzar esta visión, implica valorar y proteger el ciclo del agua como un bien nacional, como un bien público.
Alertó que en México la escasez del recurso afecta a 35 millones de personas de manera desigual, a 104 de las 757 cuencas hidrográficas y a 114 acuíferos que están seriamente afectados, sobrexplotados y contaminados. Más de 80 por ciento de los municipios han sufrido estrés hídrico y sequía. Por ello es tan urgente gestionar eficazmente el líquido, incentivar su tratamiento y su reúso, y qué bueno que estamos aquí para ver las aportaciones voluntarias, porque eso será central, ¿para qué?, para aumentar la productividad agrícola e industrial, pero a la vez, para asegurar una mejor distribución social dentro de todo nuestro territorio, resaltó.
Efraín Morales López, titular de la Comisión Nacional del Agua, destacó que hace meses esa instancia inició contactos con los principales consumidores del sector industrial para que de manera voluntaria devolvieran parte del agua que tienen bajo concesión.
Precisó que un grupo de empresas regresará al gobierno 126 millones de metros cúbicos y se comprometieron a realizar inversiones de más de 21 mil millones de pesos para eficientar, tratar y reusar el líquido en sus procesos industriales o en obras de carácter comunitario, mientras 67 distritos y unidades de riego se comprometió a retornarán más de 2 mil 800 millones de metros cúbicos del líquido, lo que equivale a tres años de consumo en la Ciudad de México. De estos encuentros se derivaron 10 compromisos, entre los que figuran: garantizar el derecho al agua en cantidad y calidad suficiente, su uso eficiente en actividades industriales, agrícolas y pecuarias y que todos los niveles de gobierno se comprometan a invertir en infraestructura para impulsar proyectos.
En su turno, el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, destacó que el acuerdo es histórico, entre otras razones, porque los 67 distritos, integrados por miles de productores, participan de manera voluntaria, y su aportación significa un año de consumo de agua en el país. Aseguró que se involucraron porque con la tecnificación de los riegos en el campo producirán hasta 50 por ciento más en ciertos cultivos.
