Con el objetivo de introducir a la legislación electoral un medio de impugnación específico para los casos de violencia política en razón de género, la diputada Carolina León Medina de la representación parlamentaria del Partido del Trabajo presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato para crear el Juicio para la Protección contra actos de violencia política en razón de género.
Política15 de noviembre de 2024 Redacción
Con el objetivo de introducir a la legislación electoral un medio de impugnación específico para los casos de violencia política en razón de género, la diputada Carolina León Medina de la representación parlamentaria del Partido del Trabajo presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato para crear el Juicio para la Protección contra actos de violencia política en razón de género.
Al dar lectura a la exposición de motivos de la propuesta, la congresista indicó que la justicia electoral tiene como objetivo la defensa de los derechos políticos-electorales de las y los ciudadanos en general, y en calidad de candidatas y candidatos, de los partidos políticos y las agrupaciones o asociaciones políticas, principalmente en lo relativo a los actos que deriven de los procesos de elección popular.
La legisladora se refirió a las reformas para maximizar los espacios de participación política de las mujeres, sin embargo, dijo, la mayor participación y representación de las mujeres en la vida política del país ha provocado más incidencia de actos de violencia en su contra, con el único objetivo de desalentar su participación en espacios que aún se consideran reservados a los hombres.
Mencionó que uno de los argumentos que se han esgrimido para obstaculizar el reconocimiento de la existencia de la violencia política en razón de género es que no existen suficientes elementos para caracterizarla. Afirmó que, si bien la ley electoral estatal establece lo que es dicha violencia, no dispone ningún medio de impugnación específico para resolver controversias originadas por estas conductas.
León Medina agregó que, el objetivo del citado juicio es que esas conductas puedan ser investigadas, juzgadas y sancionadas. Señaló que, la iniciativa contempla la adición de un capítulo relativo al citado juicio con seis secciones en las que se abordan los principales aspectos del procedimiento, desde los requisitos de procedibilidad hasta las sanciones que deberán imponerse a quien cometa esos actos.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Asuntos Electorales para su estudio y dictamen, y para opinión a la Comisión para la Igualdad de Género.
Las solicitudes de autorización para la contratación de dos financiamientos para el proyecto denominado Acueducto Solís-León y para destinarlos a proyectos estatales de inversión pública productiva, cada uno por 4 mil millones de pesos, se turnaron a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.
El Pleno del Congreso del Estado de Guanajuato aprobó reformas a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, a fin de establecer el acoso sexual como una falta administrativa grave de las personas servidoras públicas. Las modificaciones contemplan que se considere como acoso sexual a quien, con fines sexuales o lascivos, asedie, produzca desventaja, indefensión o riesgo inminente a una persona, independientemente de que el comportamiento ocurra en uno o varios eventos e incluso si no existe una relación de subordinación.
El diputado Víctor Manuel Zanella Huerta pidió el estudio de impacto presupuestal de las iniciativas y que se remita a más tardar el viernes 5 de diciembre.
Piden soluciones a bloqueos carreteros, falta de medicamentos e inseguridad.
Con estas reformas se incluye en el glosario la definición de emprendimiento digital como el modelo de negocio que inicia una persona, en la que trabaja por cuenta propia o emplea a otras, en búsqueda de una oportunidad de negocio, que se desarrolla a través de una plataforma digital, entendida esta como un espacio en línea que permite a diferentes grupos de personas usuarias interactuar, compartir y realizar transacciones.
Este miércoles, la Fiscalía General de la República (FGR) fue un hervidero. Desde temprano, con la publicación de dos contenidos en la prensa, se desató el rumor de la salida de Alejandro Gertz Manero. Los peores temores se confirmaron con la visita del coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, a Palacio Nacional, para abordar el tema con la presidenta Claudia Sheinbaum.
El Pleno del Congreso aprobó, por unanimidad de votos, la designación de Francisco Javier Juárez León como presidente de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, quien ostentará dicho cargo por el término de cinco años, contados a partir de que rinda protesta. Como autor del dictamen, el diputado Juan Carlos Romero Hicks enfatizó que no se trataba de un nombramiento más, sino de asegurar que el Estado esté en manos de mujeres y hombres con probada capacidad técnica y gran compromiso, y que se rijan bajo los principios de honestidad, independencia, responsabilidad y carácter.
El documento firmado este 27 de noviembre, a la Consejera se le nombró fiscal Especial de Control Competencial.
Se votó con 74 votos a favor de Morena, PT y PVEM y 22 sufragios en contra del PRI, PAN y MC. Morena y sus aliados en el Senado aprobaron en fast track la renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República bajo el argumento de “causa grave”, ello por aceptar ser embajador en un país amigo.
A pesar de las diferencias ideológicas, las fuerzas representadas en el Congreso lograron dialogar, ceder y construir un acuerdo en favor de los guanajuatenses, nombraron de manera unánime al titular del Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas.
