En sesión ordinaria, rindieron protesta ante el Pleno del Congreso local Arcelia María González González como secretaria de la Honestidad, y Christian Javier Cruz Villegas, como magistrado del Poder Judicial, quien ocupará dicho cargo por un término de siete años, contados a partir de este día.
Política25 de octubre de 2024 Redacción
En sesión ordinaria, rindieron protesta ante el Pleno del Congreso local Arcelia María González González como secretaria de la Honestidad, y Christian Javier Cruz Villegas, como magistrado del Poder Judicial, quien ocupará dicho cargo por un término de siete años, contados a partir de este día.
Previo a su protesta, se sometieron a votación ambos dictámenes.
La diputada María Eugenia García Oliveros habló en contra del dictamen relativo a la propuesta de terna para la designación de un magistrado propietario del Supremo tribunal de Justicia del Estado y señaló que no estaban de acuerdo en que el Poder Judicial del Estado siga estando completamente influenciado por el Poder Ejecutivo estatal, ni con los dedazos, porque en la conformación de la terna se repetían, dijo, los mismos vicios de siempre, ya que no representaban los perfiles idóneos para ocupar dicho cargo.
Agregó que la Constitución Política local era muy clara en los requisitos y que no decía que bastaba con alguno de ellos para poder serlo, por lo que instó a sus homólogos a reconsiderar su voto.
En rectificación de hechos, la congresista Susana Bermúdez Cano manifestó que se hizo el análisis de los expedientes de acuerdo con la facultad que tiene la gobernadora del estado y que el dictamen lo que contiene es el cumplimiento de los requisitos legales.
Como autor del dictamen relativo al nombramiento de la titular de la Secretaría de la Honestidad hizo uso de la tribuna el congresista Juan Carlos Romero Hicks, quien señaló que lo que se iba a ver era un caso de colaboración y separación de poderes.
Precisó que hubo una época en la que solamente la gubernatura nombraba a todo su equipo, después se tomaron dispositivos para el caso de la entonces Procuraduría General del Estado y ahora se hacía para la Secretaría de la Honestidad.
Remarcó que se estaba con esta ratificación haciendo un ejercicio de pesos y contrapesos. Si bien adelantó que, muy probablemente en otro momento tendrían que haber comparecencias para estos casos, porque es lo deseable y se hace casi en todos los parlamentos del mundo, lo que se tenía que ver era si la persona tiene la elegibilidad para poder atender las responsabilidades que tendrá al frente de la citada Secretaría.
Finalmente, se refirió a la experiencia de la persona propuesta y señaló que su currículo probaba su amplia formación y capacidad para asumir la función para la cual era propuesta.
En sesión de la comisión dictaminadora, la diputada se pronunció por analizar a fondo la pertinencia de autorizar dos financiamientos por ese monto total. Se debe garantizar que no se trata de un gasto corriente disfrazado de inversión pública productiva, puntualizó.
El diputado Víctor Manuel Zanella Huerta comunicó que el presupuesto del 2026 parte de la premisa de la responsabilidad fiscal, junto a que la orientación del gasto público va acorde a las exigencias reales del Estado, al bien común y bienestar de las personas guanajuatenses.
El Grupo Parlamentario de Morena se pronunció en defensa de los derechos de la ciudadanía durante la sesión de las Comisiones Unidas de Hacienda y Gobernación, oponiéndose a los aumentos que considera desproporcionados en impuestos y derechos estatales que lastiman el ingreso familiar. Los morenistas aseguraron que se consumó una decisión que da la espalda a la realidad económica de miles de guanajuatenses.
Al fijar posicionamiento en torno a los dictámenes del Paquete Fiscal 2026, la diputada Rocío Cervantes afirmó que, si bien el GPPRI apoya en lo general las propuestas que contiene, “en lo particular nos reservamos nuevos supuestos y derechos que están planteados por encima del 4 por ciento que ha venido autorizando este Congreso y que fue la recomendación que se hizo desde que iniciaron los trabajos” para su análisis.
Este viernes, en sesión de la Comisión de Hacienda y Fiscalización se aprobaron los dictámenes de las iniciativas de decreto suscritas por la gobernadora del estado a efecto de que se le autorice al Poder Ejecutivo la contratación de financiamientos. El primero por 4 mil millones de pesos para financiar el proyecto denominado Acueducto Solís-León; el segundo, por la misma cantidad para financiar proyectos estatales de inversión pública productiva. El dictamen fue aprobado por unanimidad en lo general y por mayoría en lo particular.
Cada año, decenas de perritos son abandonados por peregrinos en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. Los abandonan a propósito o los pierden, luego de hacerlos acompañar en sus peregrinaciones. El rostro oculto de algunos guadalupanos.
El diputado Víctor Manuel Zanella Huerta comunicó que el presupuesto del 2026 parte de la premisa de la responsabilidad fiscal, junto a que la orientación del gasto público va acorde a las exigencias reales del Estado, al bien común y bienestar de las personas guanajuatenses.
Al fijar posicionamiento en torno a los dictámenes del Paquete Fiscal 2026, la diputada Rocío Cervantes afirmó que, si bien el GPPRI apoya en lo general las propuestas que contiene, “en lo particular nos reservamos nuevos supuestos y derechos que están planteados por encima del 4 por ciento que ha venido autorizando este Congreso y que fue la recomendación que se hizo desde que iniciaron los trabajos” para su análisis.
En sesión de la comisión dictaminadora, la diputada se pronunció por analizar a fondo la pertinencia de autorizar dos financiamientos por ese monto total. Se debe garantizar que no se trata de un gasto corriente disfrazado de inversión pública productiva, puntualizó.
A la fecha, se han alcanzado ya las 1 mil 166 intervenciones integrales y 4 mil 050 apoyos en gestiones.