Dictaminan diputados procedencia de terna para magistrado propietario del STJE

En sesión de la Comisión de Justicia se aprobó el dictamen de la propuesta en terna formulada por la gobernadora del estado, relativa a la designación de un magistrado propietario del Supremo Tribunal de Justicia del Estado e integrada por Christian Javier Cruz Villegas, Benjamín Gallo Carrillo y José Manuel Sánchez Acosta.

La diputada María Eugenia García Oliveros se refirió al procedimiento en cuestión y comentó que después de haber conocido la terna, su grupo parlamentario y desde su calidad de presidenta no estaban de acuerdo en que Poder Judicial esté influenciado por el Poder Ejecutivo, ya que se repetían los mismos vicios de siempre.

Añadió que se había vuelto costumbre premiar a personajes políticos con magistraturas, sin que cumplan con el perfil o carrera judicial y se contaminaba el actuar del Poder Judicial, además de que era muestra del por qué la población no confiaba en ellos, y la necesidad de reformar el Poder Judicial.

Finalmente, se pronunció por poner fin a este tipo de nombramientos de magistrados y al compadrazgo político que tanto daño ha hecho a la justicia, dijo, y anunció que presentarán una iniciativa de reforma en la materia.

Por su parte, la congresista Karol Jared González Márquez indicó que siempre estarán apegados a la ley y se refirió a los requisitos establecidos en la Constitución, puntualizando que quienes integran la terna los cumplen.

Se instruyó la elaboración del dictamen en sentido positivo.

Al ser sometido a votación el dictamen, la congresista Ruth Noemí Tiscareño Agoitia señaló que solo era sobre la viabilidad si las personas propuestas cumplían con los requisitos constitucionales, por lo que se desprendía de la documentación que contaban con el perfil.  Agregó que actuaban en cumplimiento al requisito de legalidad y con la normativa vigente en la materia.

El dictamen fue aprobado por mayoría.

En la reunión se radicaron tres iniciativas de reforma al Código Penal. La primera con el objeto de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta las doce semanas de gestación; la segunda, en materia de interrupción legal del embarazo y la tercera, incluir como delito la confabulación para delinquir.

Se propuso estudiar en la misma mecánica a las dos primeras. La propuesta original consistía en remitirla al Supremo Tribunal de Justicia, a la Fiscalía General del Estado, a la Consejería Jurídica del Ejecutivo, a la Procuraduría de los Derechos Humano, al Instituto de Investigaciones Legislativas, al Poder Judicial de la Federación, al Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno, perteneciente a la División de Derecho, Política y Gobierno, del campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato, a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), al Instituto para las Mujeres Guanajuatenses y al Instituto Nacional de Salud Pública, con un plazo de 15 días hábiles para remitir sus comentarios.

De igual manera, a las organizaciones de la sociedad civil y colectivas feministas GIRE, Católicas por el Derecho a Decidir e Instituto de liderazgo Simone de Beauvoir, Redefine, Verde Aquelarre, Sororas y Rebeldes y Las Libres, con el mismo tiempo que la anterior para que envíen sus observaciones.

Se establecía que las diputadas y los diputados tendrían hasta el lunes 28 de octubre para proponer y hacer llegar a la secretaría técnica a otras colectivas feministas u organizaciones de la sociedad civil para solicitarles su opinión; y se llevaría a cabo mesas de trabajo con los entes consultados.

La diputada Karol Jared González Márquez planteó modificaciones a la metodología de análisis original. Pidió se amplíen los términos de consulta de 15 a 30 días hábiles, por la complejidad del tema sujeto a consulta pues comprende implicaciones no sólo de naturaleza jurídica, dijo, sino criterios que permitan valorar la orientación del derecho penal vigente.

De igual manera, solicitar al Instituto de Investigaciones Legislativas que presente un protocolo de investigación o índice temático de su estudio teórico conceptual de antecedentes legislativos de instrumentos jurídicos internacionales, jurisprudencia y opiniones especializadas en el cual precise la regulación jurídica respecto al tema en toda la legislación del país, no solo su regulación en el Código Penal sino en aquellas normas vinculadas al mismo e indique el tiempo que requiere para llevar a cabo ese trabajo de investigación.

También, pidió que se llevaran a cabo las mesas internas de trabajo que fueran necesarias entre asesores y personas diputadas de los grupos parlamentarios para obtener un proceso legislativo sólido; y que se hiciera un análisis riguroso de las competencias de los entes públicos a consultar para evitar evidenciar falta de cuidado respecto de a quienes dirigen sus consultas, como era el caso del Poder Judicial de la Federación.

Al someter a votación los propuesto por la congresista Karol Jared González Márquez fue aprobado.

Por su parte, el congresista Rolando Fortino Alcántar Rojas propuso eliminar el término del lunes 28 de octubre, sin establecer una fecha puntual por ahora. La propuesta fue avalada.

La última iniciativa, relativa al delito de confabulación para delinquir, para su estudio se remitirá al Supremo Tribunal de Justicia, a la Fiscalía General, a la Consejería Jurídica del Ejecutivo y al Instituto de Investigaciones Legislativas, quienes contarán con 15 días hábiles para enviar sus comentarios, se pondrá a consulta y participación ciudadana y se realizarán mesas de trabajo.

Como parte del orden del día se radicaron tres propuestas legales. Se trata de dos puntos de acuerdo, uno busca exhortar a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a fin de que expida la Ley General de Operación de los Registros Civiles para armonizar, homologar y facilitar los procedimientos de los Registros Civiles en el país y con ello garantizar el derecho humano a la identidad de las personas; el otro, plantea solicitar al Senado de la República, a la Cámara de Diputados, a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, al Instituto Nacional Electoral, así como al Consejo de la Judicatura federal para que cumplan con los efectos de las suspensiones provisionales que se han presentado en contra de la reforma judicial y que derivan de juicios de amparo.

Mientras que la tercera es una iniciativa de reforma al Código Civil para el Estado de Guanajuato, a efecto de reconocer el matrimonio igualitario.

Finalmente, se aprobó el dictamen relativo a trece iniciativas presentadas ante la LXIV Legislatura en el que se ordena su archivo definitivo.

En la sesión estuvieron presentes las diputadas María Eugenia García Oliveros (presidenta), Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, Susana Bermúdez Cano y Karol Jared González Márquez; así como el diputado Rolando Fortino Alcántar Rojas.