Congreso del Estado allana camino para reforma administrativa propuesta por Libia

El Congreso del Estado de Guanajuato ha aprobado reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, al Código Territorial para el Estado y los Municipios, a la Ley de Derechos Culturales y a la Ley de Inclusión para Personas con Discapacidad. Estas reformas permitirán la creación de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, la Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de Cultura, así como un nuevo enfoque en las funciones de la Secretaría de Seguridad y Paz.

De igual forma, se aprobó, por unanimidad, la reforma constitucional a los requisitos que debe cubrir aquella persona que sea considerada al cargo de fiscal general del estado de Guanajuato. Entre las modificaciones sobresale aquella donde ya no será requisito que quien aspire al cargo sea residente del estado o guanajuatense.

Con estas reformas se modifica del texto normativo el requisito de ser ciudadano mexicano por nacimiento y guanajuatense; así como el haber residido en el Estado durante los últimos cinco años, para quedar de la siguiente manera:  para ser Fiscal General del Estado se requiere: ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar con título profesional de licenciado en derecho con antigüedad mínima de diez años; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso.

El congresista priista, Alejandro Arias, indicó que las reformas pretenden dar curso a una organización administrativa para generar un beneficio directo en favor de la ciudadanía de Guanajuato.

Referente a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato se estipula que la persona titular del Poder Ejecutivo podrá delegar atribuciones que no sean de su ejercicio exclusivo en las dependencias que de conformidad con esta Ley sean competentes o en su caso servidores públicos que estime pertinente.

También, se contempla que la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo se constituye por:

Secretaria de Gobierno;
Secretaría de Finanzas;
Secretaría de Educación:
Secretaría de Cultura;
Secretaría del Nuevo Comienzo;
Secretaría de Salud;
Secretaria de Economía;
Secretaría del Campo;
Secretaría de Obra Pública;
Secretaria de Seguridad y Paz;
Secretaria de la Honestidad;
Secretaría de Turismo e Identidad;
Secretaría del Agua y Medio Ambiente; y
Secretaría de Derechos Humanos.

En las modificaciones se contempla que la Secretaría de Cultura promoverá y difundirá las expresiones artísticas, y culturales de la entidad, proyectando su presencia a nivel nacional e internacional. En coordinación con la Secretaría de Educación, fomentará la educación e investigación en el ámbito artístico y cultural y proporcionará espacios y servicios adecuados para un uso intensivo de la infraestructura cultural.

Además, coordinará acciones para preservar y promover el patrimonio y la diversidad cultural, apoyará la creación artística y el desarrollo de las industrias creativas, y promoverá el acceso universal a la cultura aprovechando la tecnología digital.

La Secretaría del Nuevo Comienzo es la dependencia encargada de procurar el desarrollo individual y comunitario de la población del estado, combatir la pobreza, así como de la implementación de políticas públicas relativas a la vivienda y a los asentamientos humanos.

Por su parte la Secretaría de Derechos Humanos será responsable de diseñar, implementar y coordinar políticas públicas en materia de derechos humanos, así como coordinar los programas que promuevan la inclusión, la igualdad y no discriminación y el bienestar de personas y grupos en condiciones de vulnerabilidad y personas en contexto de movilidad humana de conformidad con las leyes en la materia.

La Secretaría de Seguridad y Paz será la autoridad en la materia encargada de velar por la protección de los habitantes del Estado, prevenir la comisión de delitos, hacer guardar el orden público y promover la paz en el estado y la tranquilidad de los guanajuatenses.

Referente a las modificaciones al Código Territorial para el Estado de Guanajuato se establece que la Secretaría en materia de agua tendrá dentro de sus atribuciones proponer el contenido de la planeación hidráulica que se integrará a los programas y aprobar sus programas operativos anuales; aplicar las estrategias, políticas, objetivos y normas que conlleven al aprovechamiento sustentable de las aguas de jurisdicción estatal, así como a la prevención de la contaminación del agua; junto a establecer y ejecutar las medidas, proyectos y acciones para la preservación y conservación del agua de jurisdicción estatal.

Asimismo, tendrá que coadyuvar con los municipios para cumplir con las normas oficiales en materia de calidad del agua en sus diferentes usos; promover el aprovechamiento sustentable de las fuentes superficiales y subterráneas de agua; fomentar una Cultura del Agua acorde con la realidad social del Estado; prestar apoyo y soporte técnico a los organismos operadores municipales y asesorar en la formulación de contenidos relativos a los servicios hidráulicos.

Así como elaborar estudios hídricos, hidrológicos e hidrogeológicos, a fin de generar políticas públicas; coadyuvar con las autoridades y entidades de la administración pública Federal, Estatal y Municipal, en las acciones de su competencia para gestionar la dotación de servicios públicos de agua potable y drenaje y en su caso de tratamiento y disposición de aguas residuales, a los asentamientos humanos en proceso de regularización; siendo estas las más importantes.

La Secretaría del Nuevo Comienzo tendrá en materia de vivienda las atribuciones de promover el ordenamiento y administración sustentable del territorio de los centros de población, conjuntamente con las dependencias y entidades de la administración pública federal y municipal que corresponda; planear, promover, ejecutar, concertar y evaluar las acciones e inversiones en materia de vivienda en todos sus tipos y modalidades, con la participación de los gobiernos de los diferentes ámbitos y de los sectores social y privado.

También destaca la promoción y apoyo a mecanismos de coordinación y financiamiento en materia de vivienda, con la participación de otras dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, de las instituciones de crédito públicas y privadas; prestar apoyo y soporte técnicos a las unidades administrativas municipales y asesorar, previa solicitud de los ayuntamientos, en la formulación de los contenidos en materia de vivienda de los programas a que se refiere el Código, entre otras.

Se destaca que dicha secretaría administrará el Inventario Habitacional y de Suelo para Vivienda, así como los indicadores en la materia, que formarán parte del Subsistema Estatal de Información Geográfica, Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial y Urbano y en el que integrará la información de ese sector, en los términos de la ley federal de vivienda, e incluirá aquélla que permita identificar la evolución y crecimiento del mercado de vivienda, con el objeto de contar con información suficiente para evaluar los efectos de la política habitacional.

Al hablar a favor de la iniciativa, la diputada Susana Bermúdez Cano manifestó que el presente dictamen se trata de un proceso legislativo de colaboración institucional entre dos poderes, toda vez que constitucionalmente, es un procedimiento fundamental para el desarrollo y fortalecimiento del Estado, además de ser uno de los ejes principales para que los poderes del Estado de Guanajuato contribuyan a su consolidación democrática en beneficio de la sociedad. 

La legisladora destacó que dentro de los cambios sobresale la propuesta para crear la Secretaría de Derechos Humanos que busca evolucionar la actual Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, cuya transformación permitirá dar un impulso amplio y especializado en la defensa y promoción de los derechos humanos a lo largo de la administración estatal y de la vida cotidiana de todas las personas para que todos los habitantes de la entidad puedan vivir con dignidad y seguridad.

“En suma, el dictamen conlleva el compromiso de este Poder Legislativo, de coadyuvar con los retos que la futura titular del Ejecutivo enfrentará; a partir de lo construido, la propuesta de organización generará la oportunidad de contar con un mejor futuro, con un mejor Guanajuato”, finalizó.

En su oportunidad, la congresista Hades Berenice Aguilar Castillo habló en contra y ciñó su participación a la preocupación reflejada por los migrantes. Indicó que hasta el día de ayer la gobernadora electa se reunió con este sector para escucharlos.

Afirmó que uno de los grandes problemas es la creación de la Secretaría de los Derechos Humanos que sepulta a la Secretaría del Migrante y al Instituto para las Personas con Discapacidad, lo que conllevaba a varios problemas, entre ellos que se negaron a hacer consulta a las personas con discapacidad, aunque era mandato constitucional.

Asimismo, dijo que le parecía grave lo sucedido y por ello votarían en contra.

En rectificación de hechos, la diputada Martha Guadalupe Hernández Camarena comentó que le llamaba la atención que su homóloga hasta este momento se interesara por los migrantes, cuando durante tres años no propuso ni un solo derecho nuevo, ni impulsó alguna reforma que mejorara sustancialmente su situación y parecía que estaba utilizando la causa como un motín político.

Asimismo, la legisladora Briseida Anabel Magdaleno González externó la diputada que preside la Comisión de Atención al Migrante no impulsó iniciativas en favor de este grupo de la población, junto a que el dictamen no contiene ninguna simulación y tampoco se busca engañar o quitar peso a los migrantes o a las personas con discapacidad.

La congresista Katya Cristina Soto Escamilla reiteró la falta de acciones en favor de las personas con discapacidad por parte de quien está hablando en contra del dictamen, cuando desde las reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo incluyan la creación de una nueva subsecretaría para las personas con discapacidad.

Al hacer uso de la voz, la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo dijo estar en contra con la desaparición de una secretaría que atendía las problemáticas de los migrantes. Agregó que si se ha trabajado desde su fracción parlamentaria por proponer que no se quitara el recurso a los migrantes y que se ha escuchado cada una de las necesidades de los grupos migrantes, quienes deberían ser escuchados por los cambios que se pretenden hacer.

En su intervención, el congresista Alejandro Arias Ávila señaló que las reformas puestas a discusión pretenden dar curso a una organización administrativa en el ámbito del Poder Ejecutivo, con el fin de generar a través de los mecanismos legales un beneficio directo en favor de la ciudadanía de Guanajuato.

Agregó que los cambios fortalecen la capacidad del gobierno estatal al brindar mecanismos para quien dirige el gobierno de la entidad para responder a las necesidad y desafíos de la población promoviendo un desarrollo sostenible, justo y equitativo, además de estipular que el Poder Ejecutivo debe ser un facilitador para que se tenga un diseño funcional para la administración entrante.

El legislador comunicó que se está a favor de la configuración de las secretarías del Agua y Medio Ambiente, de los Derechos Humanos, de Cultura, así como del nuevo enfoque a la Secretaría de Seguridad y Paz y en la creación de la Consejería Jurídica para dar mayor certeza a la figura encargada de despacho, cambios que no reducen derechos humanos de las ciudadanas y ciudadanos.

Por su parte, el congresista Ernesto Millán Soberanes comentó que era una iniciativa aprobada al vapor y sin sustentos jurídicos. Después de detallar el proceso en legislativo que siguió, remarcó que no fueron invitados representantes de las personas con discapacidad, ni personal del INGUDIS, ni migrantes, ni personal de la Secretaría del Migrante, ni personal de la Comisión Estatal del Agua o del Instituto Estatal de Cultura.

Agregó que les bastaron 10 días de análisis para aprobar una iniciativa que reorganiza sustancialmente la estructura orgánica del gobierno del estado, y que no les importó violentar principios constitucionales para aprobarla.

Millán Soberanes apuntó que, aunque se dijera que no se extingue la Secretaría del Migrante, sino que se funciona no era real, ya que lo que no se nombra no existe.

Otro de los puntos que, indicó preocupaban era el poder que se le otorga a la persona que esté al frente de la Consejería General Jurídica, ya que le otorgan atribuciones de nombramientos en todas y cada una de las dependencias del Poder Ejecutivo.

Finalmente, subrayó que la iniciativa estaba hecha y analizada al vapor, y no era en beneficio de los ciudadanos sino en beneficio de la estructura orgánica del Poder Ejecutivo.

En rectificación de hechos, la legisladora Susana Bermúdez Cano indicó que el dictamen da la pauta para saber que se esta hablando de una reestructuración y que en dicho proceso legislativo es en las mesas de trabajo donde se deben hacer propuestas para la modificación de metodologías y hacer valer los puntos de vista de la ciudadanía que representa.

En su intervención, la congresista Briseida Anabel Magdaleno González indicó que dentro de las modificaciones de incluye la creación de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente tendrá el propósito de atender la necesidad inaplazable de gestionar en forma integral y eficiente los recursos hídricos, al promover su uso sostenible y garantizar su disponibilidad para las futuras generaciones.

Agregó que la Secretaría de Derechos Humanos trabajará para que las personas con discapacidad, comunidades, pueblos y personas indígenas, personas con diversidades sexuales y de género y las personas migrantes logren sus sueños y su desarrollo integral, junto a la formación de la Agencia Estatal de Energía, con el objetivo de fomentar, promover y supervisar el desarrollo sostenible del sector energético.

Finalmente, mencionó que los cambios en la administración pública estatal con la reestructuración de diversas secretarías como los es la de Seguridad y Paz, del Nuevo Comienzo, de Economía, del Campo, de Obra Pública; de la Honestidad; y la Secretaría de Turismo e Identidad, contribuyen al compromiso de garantizar la calidad de vida de todos los sectores de la población.

La diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández manifestó que el llamar a la administración entrante como nuevo comienzo es una forma de admitir que no se hicieron bien las cosas en el sexenio que está por concluir y que da razón a las críticas por parte del titular del Ejecutivo Federal.

También comentó que los compromisos que se tuvieron con los sectores de la sociedad se están haciendo de manera equivocada por el mal enfoque a la reestructura en las secretarías, donde se sigue privilegiando a los que más tienen sobre los grupos de la sociedad que se caracterizan por la falta de recursos y oportunidades.

Finalmente, Alcaraz Hernández cuestionó que diversas iniciativas de su grupo parlamentario se desechaban por la falta de estudios de falta de impacto presupuestario, cuando la iniciativa del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato y el presente dictamen carecen de dichos estudios, mismos que violan la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

En rectificación de hechos, la diputada Susana Bermúdez Cano apuntó que, sí se contó con un estudio de impacto financiero y que su homóloga no estudió a profundidad el dictamen.

En respuesta, el congresista David Martínez Mendizábal hizo alusión a que en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se expuso que no existía un estudio de impacto presupuestal, además de que no se tienen evaluaciones de desempeño que argumenten los cambios pretendidos.

En su oportunidad, el diputado Gerardo Fernández González expresó que todo modelo de gobierno es y debe ser perfectible, por lo que a partir de los resultados logrados por el sexenio que está a punto de concluir es necesario pensar en el rediseño de las instituciones debido a que muchas de ellas son inoperantes y poco efectivas, ya que no cumplen con la finalidad para la que fueron creadas.

El legislador coincidió que el deshacerse de áreas gubernamentales obsoletas, dan la oportunidad de aspirar a mejorar su estructura gubernamental, con la transformación de la administración pública estatal presentada en el dictamen que reúne todos los condicionantes de un proyecto de transformación estratégico.

El congresista externó que el impacto social, político y económico de la fusión de la Secretaría del Migrante dentro de las funciones que ejercerá la nueva secretaría de Derechos Humanos, traerá grandes beneficios, puesto que la ampliación de su capacidad temática y operativa aprovechará la infraestructura ya existente de la Secretaría del Migrante, mejorará la procuración de los derechos humanos de la ciudadanía y de las poblaciones vulnerables.

Finalmente, el diputado indicó que existe un voto de confianza en la modernización y sinergia de la estructura organizativa propuesta, por buscar responder a las demandas de ciudadanía y que ojalá esta misma voluntad y celeridad legislativa para la creación de estructuras y cambios innovadores en el Poder Ejecutivo Estatal, sea replicada en el paradigma de las nuevas reformas en materia Judicial.

La congresista Yulma Rocha Aguilar habló a favor del dictamen y argumentó que si bien quien va a gobernar puede plantear ajustes a la administración, la fusión de distintas Secretarías tendrá un efecto organizacional.

Expresó que las razones en la exposición de motivos fueron muy limitadas, que eran importantes porque dan claridad y les permiten interpretar algunos apartados de la norma. Que la iniciativa carece de fundamento histórico, conceptual, que pudiera dibujar el pensamiento de la gobernadora entrante, y no describía el modelo administrativo que encabezará.

Subrayó que el único argumento expuesto fue sentar las bases para el despliegue de un nuevo comienzo en la administración estatal; que no tenía impactos presupuestales; que carecía de diagnóstico y debieron analizarse las funciones.

Finalmente, indicó que apoyaban la creación de la Secretaría de Cultura, pero existe una duplicidad de funciones entre ésta y la Secretaría de Turismo e Identidad; así como la eliminación de la Jefatura de Gabinete; y que en general estaba a favor de la propuesta por la libertad que tiene cada nuevo gobernante de realizar ajustes en su organización pero que puntualizaría algunas reservas posteriormente.

El dictamen fue aprobado por mayoría de votos.

Al ser sometido a votación en lo particular, la diputada Yulma Rocha Aguilar se reservó el artículo 32 quinquies relativo a la desaparición de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional. Se mencionó que la nueva Secretaría de los Derechos Humanos trae vicios de origen y que debería tener atribuciones para abordar de forma integral todos los derechos humanos para todas las personas y no exclusivamente de cuatro grupos poblacionales que son las personas con discapacidad, comunidades indígenas, migrantes y personas de la comunidad LGBT+.

Además, indicó que desaparecer a la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional es un mensaje que los invisibiliza cuando la comunidad migrante ven en dicha secretaría una conquista de su lucha para tener voz en Guanajuato. Aunado a que meter en una secretaría funciones en materia de lo que se consideran grupos vulnerables se pierde la posibilidad de que se generen políticas publicas especificas para estos grupos poblacionales.

Al hablar en contra de las reservas, la diputada Susana Bermúdez Cano comentó que en la iniciativa no se refiere a los migrantes como grupo vulnerable, y que en materia de personas con discapacidad se determinó dejar en reserva la parte normativa relativa a este sector que debe someterse a consulta.

La reserva no fue aprobada.