
Tenemos una presidenta popular que es reprobada en corrupción, crimen organizado y, la novedad, su relación con el presidente de Estados Unidos.
Morena y el gobierno estarían jugando con fuego si con 85 votos pretenden hacer efectiva la reforma constitucional.
Opinión10 de septiembre de 2024 Enrique Quintana¿Se atreverá Morena a decir que, con 85 votos favorables, la propuesta de reformas constitucionales en materia judicial alcanzó la mayoría calificada en el Senado de la República?
Pareciera que sí y que hoy mismo se realizaría la votación.
El miércoles 4 de septiembre, el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, respondió a la pregunta de cuántos senadores deberían aprobar la reforma constitucional:
“Bueno, hay quienes interpretan que son 85, porque dicen que cuando es resto mayor o resto menor de 50, entonces se reduce. Cuando el resto mayor de 50, pues, se escala. … Lo que dice la ley es 85.36 si la matemática no nos falla”.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, por su parte, señaló lo siguiente el domingo 8 de septiembre:
“Hay elementos jurídicos que así se han hecho, ahora sí que como en la escuela, cuando era de punto cuatro hacia abajo era el número inmediato anterior, de punto seis hacia arriba el número inmediato superior. No hay punto tres de senador y desde mi punto de vista, en sentido estricto, con 85 senadores sería suficiente”.
Los juicios de estos dos prominentes morenistas parecen indicar que Morena y aliados quieren curarse en salud.
Si no consiguen un voto opositor adicional y todos asisten, la votación de 85 legisladores a favor de la reforma judicial implicaría el 66.4 por ciento del total, por abajo del 66.66 que implican las dos terceras partes, pero para los legisladores de Morena, pareciera que no importa la aritmética, pues consideran que con eso ya tendrían la mayoría calificada.
El artículo 135 constitucional, dice textualmente lo siguiente:
“La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que estas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México”.
Como las dos terceras partes de la totalidad del Senado representan una fracción, la regla ha sido fijar la cifra de 86 legisladores como mínimo para que sea aprobada una reforma constitucional, en caso de que asistan a la sesión todos los senadores.
Esto quedó plasmado en el Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación, que dice lo siguiente:
“…en la Cámara de Senadores se requerirían 86 de 128 legisladores para lograr dicha mayoría, variando el número en función de los senadores presentes en la sesión de Pleno”. (http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=152).
La Suprema Corte de Justicia ya también entró al tema, en la Acción de Inconstitucionalidad 124/2020, en estado de Morelos. En ella, el tema era si en un Congreso de 20, la mayoría calificada correspondía a 13 o a 14 legisladores.
La ponencia del ministro Luis María Aguilar era que se requerían 14 votos y no 13.
El principio es que una mayoría calificada debe calcularse en números enteros a través de una “aproximación por exceso”. Es decir, en este caso no priva el criterio escolar de que el 66.4 por ciento sube a 67.
La propuesta fue votada por mayoría del Pleno de la Corte y se estableció como precedente legal.
Como aquí le he comentado en días previos, Morena y el gobierno estarían jugando con fuego si con 85 votos pretenden hacer efectiva la reforma constitucional.
No sería un asunto de interpretación, sino sería percibida como una trampa flagrante, que probablemente sucitara una respuesta de rechazo generalizado entre toda la oposición y amplias capas de la sociedad.
De entrada, los opositores interpondrían demandas ante la Corte (todavía en funciones) para que declarara inconstitucional el procedimiento de aprobación.
Avanzaríamos con ello hacia una crisis entre poderes que podría traer consecuencias graves para la estabilidad del país, no solo en el orden político sino también en materia financiera.
Todavía le quedan algunas horas a Morena y va a tratar de buscar un voto o una inasistencia que logre que la aprobación se realice sin tener que llegar a la tramposa interpretación de que “es como en la escuela”.
El que hoy mismo se pretendan celebrar dos sesiones en el Senado para votar la iniciativa este martes deja ver la prisa que existe.
Pareciera, por lo dicho ayer mismo por Fernández Noroña, que ya se tomó la decisión de que aún si fueran 85 votos, asumirán la cifra como mayoría calificada, y de inmediato la reforma será enviada a los congresos estatales para que al menos 17 de ellos la aprueben esta misma semana, con objeto de que el próximo domingo 15 de septiembre, el presidente López Obrador pueda dar “el grito” con el decreto en la mano.
Ojalá Morena lograra entender que en el afán de homenajear a su líder pueden desatar una crisis, una de cuyas principales víctimas sería su sucesora, Claudia Sheinbaum.
¿O acaso es eso lo que se pretende?
Tenemos una presidenta popular que es reprobada en corrupción, crimen organizado y, la novedad, su relación con el presidente de Estados Unidos.
Tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como su secretario Marcelo Ebrard están parados en la realidad y saben que no lograrán que Trump modifique sus ideas con respecto a lo que, para el mandatario norteamericano, debe ser un instrumento de comercio multilateral como el T-MEC. El objetivo a cumplir es convertirse en parte de la conciencia de la sociedad de Estados Unidos que ya ha dado varios reveses a las ideas radicales de Donald Trump.
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