Las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Obra Pública y Justicia realizaron una mesa de trabajo para analizar la iniciativa de reforma a la Ley que regula a los Agentes Inmobiliarios en el Estado de Guanajuato. Para brindar mayor certeza y seguridad jurídica a las personas que se dedican a las operaciones inmobiliarias y a quienes se brindan estos servicios.
Política27 de agosto de 2024 Redacción
Las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Obra Pública y Justicia realizaron una mesa de trabajo para analizar la iniciativa de reforma a la Ley que regula a los Agentes Inmobiliarios en el Estado de Guanajuato. Para brindar mayor certeza y seguridad jurídica a las personas que se dedican a las operaciones inmobiliarias y a quienes se brindan estos servicios.
Al hacer uso de la voz, Ismael Placencia Núñez, presidente de CONCAMIN Bajío, habló acerca de los diversos sectores en los que tendría afectaciones la propuesta que va más allá de los agentes inmobiliarios, además de que existen diferentes ámbitos en dicho sector y que cada uno tienen diferentes necesidades por lo que sería ideal que existiera una certificación por especialidad.
También compartió que por parte de Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda Delegación Guanajuato (CANADEVI), se están llevando a cabo capacitaciones que no tienen costo y a su vez existen certificaciones con un importe, lo que dejaría ver a la propuesta como una sobrerregulación.
Gabriel Ponce Fuentes, presidente de la Asociación de Agentes Inmobiliarios Acreditados del Estado de Guanajuato, expresó que la acreditación estatal propuesta es la mejor manera de regular los servicios inmobiliarios, pero que se debe de incentivar y fomentar que los agentes adquieran otras certificaciones complementarias para la labor y así abonar a la protección del patrimonio de las familias.
En su intervención, Víctor Manuel Franco Vargas, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda Delegación Guanajuato, externó que a pesar de estar a favor de la regulación y mejor operación en la industria inmobiliaria, la iniciativa generaría más problemas que soluciones en las operaciones de la industria, por lo que es necesario buscar la manera donde se tenga una participación equitativa tanto para los notarios, desarrolladores y los agentes de venta.
Por su parte, Mario Medrano Lozano, representante de CANADEVI Delegación Guanajuato, señaló que las modificaciones no se encuentran armonizada con los ordenamientos federales y tampoco tendría un peso a nivel estatal pro haber dejado diversos aspectos que podrían causar problemas en las operaciones por dejar que las asociaciones regulen aspectos económicos de gran relevancia.
Luis Mariano Hernández Aguado, integrante CANADEVI Delegación Guanajuato, indicó que al cambiar la ley que regula las operaciones inmobiliarias en la entidad por tener alcances de gran magnitud generaría confusión en los requerimientos para hacer dichas operaciones, además de puntualizar que se está de acuerdo con la regulación de sujetos y la capacitación sin invadir esferas de otras industrias.
Por su parte, Roberto Rodríguez Deschamps y Oscar Macías Jasso representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción; y Héctor Rodríguez Velázquez, presidente COPARMEX Zona Metropolitana León; compartieron las opiniones de los representantes de CANADEVI al argumentar que debe ser una ley que solo regule a los agentes inmobiliarios y que existen demasiados errores de fondo en la propuesta.
En su intervención, la diputada Susana Bermúdez Cano externó que los temas propuestos por las legisladoras y legisladores se abre a un proceso de escucha para conocer los efectos que pudiera tener con los operadores de la norma, junto a que la iniciativa busca generarle la certeza jurídica a la ciudadanía que tiene en sus planes adquirir un bien.
El congresista Miguel Ángel Salim Alle resaltó la importancia de la apertura que existe por parte del Poder Legislativo de Guanajuato para escuchar a todas las partes involucradas en la aplicación de la norma. También expresó que sería de gran ayuda para el proceso que previo a la dictaminación se comparta a los asistentes a la mesa de trabajo el borrador con los puntos de vista que vertieron en el análisis.
Finalmente, el diputado José Alfonso Borja Pimentel agradeció las participaciones de cada una de las personas que acudieron al llamado, acotando que cada una de las opiniones serán tomadas en cuenta para perfeccionar la propuesta. Asimismo, puntualizó que la iniciativa ha sido totalmente pública para dar a claridad y legitimidad al proceso al apegarse a los principios de transparencia y máxima publicidad.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Susana Bermúdez Cano, Angélica Casillas Martínez y Dessire Ángel Rocha; así como los diputados José Alfonso Borja Pimentel (presidente), Miguel Ángel Salim Alle y Cuauhtémoc Becerra González.
Todos ellos acompañados por representantes de la Asociación de Agentes Inmobiliarios Acreditados del Estado de Guanajuato; la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda Delegación Guanajuato; Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción; COPARMEX Zona Metropolitana León; CONCAMIN Bajío; y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
En sesión de la comisión dictaminadora, la diputada se pronunció por analizar a fondo la pertinencia de autorizar dos financiamientos por ese monto total. Se debe garantizar que no se trata de un gasto corriente disfrazado de inversión pública productiva, puntualizó.
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Al fijar posicionamiento en torno a los dictámenes del Paquete Fiscal 2026, la diputada Rocío Cervantes afirmó que, si bien el GPPRI apoya en lo general las propuestas que contiene, “en lo particular nos reservamos nuevos supuestos y derechos que están planteados por encima del 4 por ciento que ha venido autorizando este Congreso y que fue la recomendación que se hizo desde que iniciaron los trabajos” para su análisis.
Este viernes, en sesión de la Comisión de Hacienda y Fiscalización se aprobaron los dictámenes de las iniciativas de decreto suscritas por la gobernadora del estado a efecto de que se le autorice al Poder Ejecutivo la contratación de financiamientos. El primero por 4 mil millones de pesos para financiar el proyecto denominado Acueducto Solís-León; el segundo, por la misma cantidad para financiar proyectos estatales de inversión pública productiva. El dictamen fue aprobado por unanimidad en lo general y por mayoría en lo particular.
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