En un hecho sin precedente, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) recibirá impugnaciones en masa contra del reparto de diputaciones y senadurías plurinominales a través del recurso denominado Juicio para la protección de los derechos de la ciudadanía (JDC). Con un argumento jurídico idéntico, los inconformes exigen que su voto de la elección del 2 de junio cuente de manera igualitaria.
Política25 de agosto de 2024 Redacción
En un hecho sin precedente, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) recibirá impugnaciones en masa contra del reparto de diputaciones y senadurías plurinominales a través del recurso denominado Juicio para la protección de los derechos de la ciudadanía (JDC). Con un argumento jurídico idéntico, los inconformes exigen que su voto de la elección del 2 de junio cuente de manera igualitaria.
Hasta el momento no es una estrategia de partidos políticos, sino principalmente de personas, algunas muy activas para ese fin, como la ex candidata presidencial de la oposición Xóchitl Gálvez, quien desde el viernes convocó a sus seguidores a descargar de sus redes sociales un documento base de JDC, imprimirlo y llevarlo a las oficinas del TEPJF o las distritales del Instituto Nacional Electoral, toda vez que es la última alternativa para apelar la asignación de plurinominales aprobada el viernes en el consejo general del INE, por mayoría de siete votos contra cuatro.
Fuentes del tribunal dijeron que también se prevé la recepción de juicios de este tipo por parte de ex consejeros y ex magistrados electorales, así como de integrantes del Poder Judicial, precisamente para impedir que Morena y sus dos aliados tengan mayoría calificada y, por tanto, puedan reformar la Constitución.
El plazo para interponer medios de impugnación abrió la tarde del viernes, inmediatamente después de terminar la sesión del INE, y concluye 48 horas después, es decir, hoy.
Por tanto, los magistrados de la sala superior, cuyas resoluciones son definitivas e inapelables, tendrán apenas un lapso pequeño para resolver cientos o quizá miles de JDC y otros medios de impugnación, pues tienen como plazo máximo el miércoles 28 para ratificar o, en su caso, modificar el reparto que dio a los partidos de la 4T 364 de las 500 curules de la Cámara de Diputados y 83 de los 128 escaños senatoriales.
Sin el acompañamiento de los partidos que la postularon, Xóchitl Gálvez llegó temprano a la sala superior, donde en un par de horas estaban formadas unas 200 personas para entregar su JDC.
En sesión de la comisión dictaminadora, la diputada se pronunció por analizar a fondo la pertinencia de autorizar dos financiamientos por ese monto total. Se debe garantizar que no se trata de un gasto corriente disfrazado de inversión pública productiva, puntualizó.
El diputado Víctor Manuel Zanella Huerta comunicó que el presupuesto del 2026 parte de la premisa de la responsabilidad fiscal, junto a que la orientación del gasto público va acorde a las exigencias reales del Estado, al bien común y bienestar de las personas guanajuatenses.
El Grupo Parlamentario de Morena se pronunció en defensa de los derechos de la ciudadanía durante la sesión de las Comisiones Unidas de Hacienda y Gobernación, oponiéndose a los aumentos que considera desproporcionados en impuestos y derechos estatales que lastiman el ingreso familiar. Los morenistas aseguraron que se consumó una decisión que da la espalda a la realidad económica de miles de guanajuatenses.
Al fijar posicionamiento en torno a los dictámenes del Paquete Fiscal 2026, la diputada Rocío Cervantes afirmó que, si bien el GPPRI apoya en lo general las propuestas que contiene, “en lo particular nos reservamos nuevos supuestos y derechos que están planteados por encima del 4 por ciento que ha venido autorizando este Congreso y que fue la recomendación que se hizo desde que iniciaron los trabajos” para su análisis.
Este viernes, en sesión de la Comisión de Hacienda y Fiscalización se aprobaron los dictámenes de las iniciativas de decreto suscritas por la gobernadora del estado a efecto de que se le autorice al Poder Ejecutivo la contratación de financiamientos. El primero por 4 mil millones de pesos para financiar el proyecto denominado Acueducto Solís-León; el segundo, por la misma cantidad para financiar proyectos estatales de inversión pública productiva. El dictamen fue aprobado por unanimidad en lo general y por mayoría en lo particular.
Cada año, decenas de perritos son abandonados por peregrinos en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. Los abandonan a propósito o los pierden, luego de hacerlos acompañar en sus peregrinaciones. El rostro oculto de algunos guadalupanos.
El diputado Víctor Manuel Zanella Huerta comunicó que el presupuesto del 2026 parte de la premisa de la responsabilidad fiscal, junto a que la orientación del gasto público va acorde a las exigencias reales del Estado, al bien común y bienestar de las personas guanajuatenses.
Al fijar posicionamiento en torno a los dictámenes del Paquete Fiscal 2026, la diputada Rocío Cervantes afirmó que, si bien el GPPRI apoya en lo general las propuestas que contiene, “en lo particular nos reservamos nuevos supuestos y derechos que están planteados por encima del 4 por ciento que ha venido autorizando este Congreso y que fue la recomendación que se hizo desde que iniciaron los trabajos” para su análisis.
En sesión de la comisión dictaminadora, la diputada se pronunció por analizar a fondo la pertinencia de autorizar dos financiamientos por ese monto total. Se debe garantizar que no se trata de un gasto corriente disfrazado de inversión pública productiva, puntualizó.
A la fecha, se han alcanzado ya las 1 mil 166 intervenciones integrales y 4 mil 050 apoyos en gestiones.