El cumplimiento del T-MEC sin un sistema judicial justo se someterá a una tensión adicional, además de que hay otras iniciativas de cambio constitucional que son contrarias a los compromisos de México en el tratado comercial
Política21 de agosto de 2024 Redacción
Asociaciones, consejos, coaliciones y organizaciones de la iniciativa privada de Estados Unidos del sector médico, químico, energético, industrial, tecnologías de la información, servicios y minero, entre otros expresaron, al gobierno del estadounidense, Joe Biden, su preocupación por el paquete de reformas que está por aprobar el congreso mexicano.
El sector empresarial estadounidense dijo que las iniciativas incluyen cambios constitucionales que son contrarios al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Por lo que, piden al gobierno estadounidense compartir con la presidenta electa Claudia Sheinbaum las preocupaciones y recomendarle un proceso más lento y con mayor discusión sobre los cambios constitucionales.
En una carta dirigida al secretario de Estado del vecino país del Norte fechada el 19 de agosto, Antony Blinken, las nueve organizaciones dijeron que “varias de estas enmiendas parecen violar las obligaciones de México bajo el T-MEC. Las enmiendas también incluyen una propuesta para destituir a todos los jueces y reemplazarlos mediante elección popular, lo que plantea riesgos importantes para el derecho fundamental y para la administración de justicia en México”.
El cumplimiento del T-MEC sin un sistema judicial justo se someterá a una tensión adicional, además de que hay otras iniciativas de cambio constitucional que son contrarias a los compromisos de México en el tratado comercial.
“Estamos profundamente preocupados porque las enmiendas constitucionales dañarán no solamente el atractivo de México como un lugar para invertir y hacer negocios, también dañarán el potencial de América del Norte para mantener su posición competitiva, creemos que el gobierno mexicano debe tener en cuenta sus obligaciones con el T-MEC y el valor del acuerdo para Estados Unidos y México, que se verá amenazado si estas enmiendas se promulgan tal y como se proponen actualmente”, dijeron las organizaciones.
Los organismos que firman la carta Advance Medical Technology Association, American Chemistry Council, American Clean Power Association, American Petroleum Institute, Coalition of Services Industries, Electronica Components Industry Association, Información Technology Industry Council, National Association of Manufacturers y National Mining Association aseguraron que si se aprueba el paquete de reformas dañarán la relación comercial.
Además, afectarán las inversiones entre México y Estados Unidos y los derechos de las empresas estadounidenses en virtud del T-MEC.
Cuestionan otras iniciativas como la eliminación de diversos organismos autónomos reguladores como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, lo que significa el despedir a los expertos en el sector, dar un trato preferencial a empresas del Estado, debilitar protecciones a los inversionistas y prohibir por completo las ventas de productos agrícolas estadounidenses al mercado mexicano, así como el impedir los proyectos mineros a cielo abierto, entre otras.
Cambios que podrán aprobarse, toda vez que, Morena, el partido en el poder ganó las elecciones y cuenta con mayoría calificada en el Congreso para aprobar las iniciativas, a pesar de que muchas de las modificaciones pueden violar los compromisos internacionales y comerciales que tiene México.
En sesión de la comisión dictaminadora, la diputada se pronunció por analizar a fondo la pertinencia de autorizar dos financiamientos por ese monto total. Se debe garantizar que no se trata de un gasto corriente disfrazado de inversión pública productiva, puntualizó.
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Este viernes, en sesión de la Comisión de Hacienda y Fiscalización se aprobaron los dictámenes de las iniciativas de decreto suscritas por la gobernadora del estado a efecto de que se le autorice al Poder Ejecutivo la contratación de financiamientos. El primero por 4 mil millones de pesos para financiar el proyecto denominado Acueducto Solís-León; el segundo, por la misma cantidad para financiar proyectos estatales de inversión pública productiva. El dictamen fue aprobado por unanimidad en lo general y por mayoría en lo particular.
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