La diputada Martha Lourdes Ortega Roque comentó que la propuesta tiene como objetivo que el valor de los productos, materiales y recursos se mantengan vigentes durante el mayor tiempo posible, para así reducir al mínimo la generación de residuos y la emisión de contaminantes, mediante la implementación de una nueva legislación.
Política25 de julio de 2024 Redacción
Convocada por la Comisión de Medio Ambiente se llevó a cabo una mesa de trabajo para analizar la iniciativa de Ley para la Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado.
La diputada Martha Lourdes Ortega Roque comentó que la economía circular jugaba un papel definitivo y debía expandirse si se querían reducir las emisiones en todos los sectores, ya que era un componente esencial para lograr la neutralidad climática.
Agregó que la propuesta tiene como objetivo que el valor de los productos, materiales y recursos se mantengan vigentes durante el mayor tiempo posible, para así reducir al mínimo la generación de residuos y la emisión de contaminantes, mediante la implementación de una nueva legislación.
La legisladora subrayó que la iniciativa buscaba, entre otras cosas, reducir el impacto ambiental derivado de las actividades económicas, minimizando el desperdicio de materiales y disminuyendo el consumo de materias vírgenes a través de la reutilización, el reciclaje y el rediseño; disminuir la generación de los residuos y su carga contaminante para minimizar el impacto en el medio ambiente y la salud humana; estimular el desarrollo económico a través de la valorización de los residuos como fuente de materias primas secundarias; impulsar e implementar el desarrollo tecnológico para el reciclaje, la reutilización y el rediseño de productos basado en un esquema de economía circular; y garantizar que aquellos residuos que no puedan ser valorizables o integrados en el ciclo productivo sean dispuestos sin deteriorar el medio ambiente.
Finalmente, enfatizó que era una obligación generar un marco normativo para crear un futuro sostenible para las próximas generaciones.
En general, se comentó que la propuesta es buena pero no todo incide en la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, sino que se debería contemplar a la Secretaría de Desarrollo Económico y a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial; revisar el glosario, los cambios a las normas generales en la materia o si fuera una modificación únicamente; separar las naturalezas de la norma y realizar otra propuesta concreta.
La diputada Martha Lourdes Ortega Roque comentó que cuando se apruebe la ley general deberán de hacerse las adecuaciones necesarias en la entidad, la cual tiene tres años detenida y decir que no se va a aprobar en el Estado por ello era cerrarse a contar con una norma de avanzada, por lo que resaltó la importancia de continuar con su análisis y convocar a nuevos actores para profundizar en su estudio.
La mesa de trabajo estuvo encabezada por la diputada Martha Lourdes Ortega Roque.
La acompañaron Vicente Vázquez Bustos y Carlos Alejandro Rodríguez Pacheco de la Coordinación General Jurídica; Francisco Javier Caudillo Rivera, Francisco Guerrero Guerrero y Juan Manuel Ruelas de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial; Enrique Orozco Mora y Sergio Rubén Morales de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas; Sergio Eduardo Sandoval Aguirre del Instituto de Investigaciones Legislativas; así como asesores parlamentarios del PAN, MORENA y PVEM.
En sesión de la comisión dictaminadora, la diputada se pronunció por analizar a fondo la pertinencia de autorizar dos financiamientos por ese monto total. Se debe garantizar que no se trata de un gasto corriente disfrazado de inversión pública productiva, puntualizó.
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Al fijar posicionamiento en torno a los dictámenes del Paquete Fiscal 2026, la diputada Rocío Cervantes afirmó que, si bien el GPPRI apoya en lo general las propuestas que contiene, “en lo particular nos reservamos nuevos supuestos y derechos que están planteados por encima del 4 por ciento que ha venido autorizando este Congreso y que fue la recomendación que se hizo desde que iniciaron los trabajos” para su análisis.
Este viernes, en sesión de la Comisión de Hacienda y Fiscalización se aprobaron los dictámenes de las iniciativas de decreto suscritas por la gobernadora del estado a efecto de que se le autorice al Poder Ejecutivo la contratación de financiamientos. El primero por 4 mil millones de pesos para financiar el proyecto denominado Acueducto Solís-León; el segundo, por la misma cantidad para financiar proyectos estatales de inversión pública productiva. El dictamen fue aprobado por unanimidad en lo general y por mayoría en lo particular.
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