En sesión de la Diputación Permanente, la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández y el diputado David Martínez Mendizábal, integrantes del grupo parlamentario del Partido MORENA, presentaron un punto de acuerdo para que se cree una Comisión Especial para la revisión y Reestructura del FIDESSEG (Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura y proyectos en materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública).
Dicha instancia atendería el estudio, análisis y revisión del funcionamiento y ejercicio de recursos públicos del FIDESSEG, así como proponer mecanismos alternativos o modificaciones al existente para garantizar el cumplimiento de los fines de financiamiento de obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de desarrollo social y seguridad pública.
Asimismo, se indica que, una vez agotado su objeto, la Comisión Especial se extinguirá, previo informe de su presencia y que así lo determine el Pleno del Congreso; que estará constituida con 9 diputadas y diputados, nombrados por la Junta de Gobierno y Coordinación Política, con la intervención de todos los grupos y representaciones parlamentarias, garantizando la paridad con al menos 5 diputadas.
Finalmente, se precisa que la presidencia de la Comisión Especial sería la instancia del Poder Legislativo, previa anuencia de la Presidencia del Congreso del Estado, que se coordinará y vinculará con el Poder Ejecutivo del Estado y demás instancias estatales que tengan competencia en la materia.
La legisladora Alma Edwviges Alcaraz Hernández comentó que los fideicomisos pueden entenderse como comisiones de fe, nacidos como un acuerdo mediante el cual se transmite la propiedad de un bien a un tercero para que lo administre a favor de un beneficiario.
Afirmó que lo que está en la base de los fideicomisos es la confianza entre quienes lo celebran, pues el tercero dispone libremente de los bienes para cumplir el fin específico del acuerdo. Agregó que en el ámbito público los fideicomisos han sido definidos como un contrato por medio del cual los gobierno, como fideicomitentes, transmiten bienes y recursos públicos a una institución fiduciaria que mediante un comité técnico los administra para realizar un fin lícito determinado de interés público.
Alcaraz Hernández subrayó que la opacidad y la discrecionalidad encontró en muchos fideicomisos una herramienta para que se dispusiera de recursos públicos sin mayor vigilancia o supervisión por parte de los órganos de control del Estado; y enlistó los riesgos de corrupción intrínsecos a la citada figura.
Añadió que, pese a la necesidad de verificación de los fideicomisos, hay casos como el que se discutía que se han blindado del escrutinio público de forma ilegítima.
Finalmente, la congresista enfatizó que tenían dos prioridades en torno a este caso como apoyar de forma eficiente a las organizaciones de la sociedad civil que contribuyen al bienestar popular y desarrollo social; y garantizar el adecuado ejercicio de los recursos públicos para, combatiendo la corrupción, incrementar los impactos del presupuesto.
El punto de acuerdo fue turnado a la Junta de Gobierno y Coordianción Política para su dictaminación.
