La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales radicó y aprobó la metodología de análisis de cinco iniciativas. Se trata de la propuesta de reforma a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato y las otras cuatro inciden en la Constitución Política para el Estado.
18 de julio de 2024 Redacción
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales radicó y aprobó la metodología de análisis de cinco iniciativas.
Se trata de la propuesta de reforma a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato que busca incorporar la perspectiva de género en los instrumentos de planeación, evaluación e indicadores del sistema. Para su estudio se remitirá al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y al Comité de Participación Ciudadana del SEA, quienes contarán con un término de 20 días hábiles para remitir sus comentarios.
Las otras cuatro inciden en la Constitución Política para el Estado. La primera, pretende establecer como requisito de idoneidad en los procesos de designación de la persona titular de la Auditoría Superior, magistraturas, consejerías del Poder Judicial y de la persona titular de la Fiscalía General del Estado, el no haber sido dirigente de partido político en los cinco años anteriores y en el caso de la Fiscalía, contar con experiencia y formación especializada en la materia del cargo.
Ésta se enviará al Poder Judicial, a la Fiscalía General estatal y a la Auditoría Superior del Estado para su opinión.
La segunda, con la finalidad de evitar casos de abuso y privilegio por parte de altos funcionarios de los órganos autónomos en materia de pensiones. La cual, para su estudio se remitirá al Poder Judicial, a los organismos autónomos reconocidos por la Constitución y por ley, a la Auditoría Superior del Estado y a los 46 ayuntamientos.
La tercera, busca garantizar el acceso al agua como un derecho humano prioritario y se enviará a la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, y a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado; mientras que la cuarta plantea establecer tanto el perfil con el que deba contar la persona titular de la Secretaría de Seguridad Pública como la forma de elección para dicho cargo, y se mandará a opinión a la Secretaría de Gobierno y a la Secretaría de Seguridad Pública.
Todas se remitirán a la Coordinación General Jurídica, se habilitarán ligas en el portal de internet del Congreso del Estado para consulta y participación ciudadana, y todos los entes consultados contarán con 20 días hábiles para enviar sus observaciones. Además, para cada una de las propuestas se realizarán mesas de trabajo.
También acordaron, respecto a los nueve expedientes que contienen propuestas para la renovación del Consejo Estatal Ciudadano en materia de búsqueda de personas del Estado de Guanajuato, circular la versión pública de los expedientes a los 36 diputadas y diputados, subir la versión pública para efectos de publicidad en la página del Congreso del Estado, elaborar una tarjeta jurídica del cumplimiento de requisitos y documentación, en los términos de la convocatoria; y posteriormente, se analizarán para formular el proyecto de dictamen que contendrá el cumplimiento o no de los requisitos de quienes conformarán el Consejo Estatal Ciudadano en materia de búsqueda de personas del Estado de Guanajuato.
Finalmente se acordó realizar una mesa de trabajo el martes 23 julio, a las 10 horas, para analizar la iniciativa de reforma a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios que tiene como objeto de brindar atención multidisciplinaria en caso de muerte gestacional, perinatal o neonatal.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Susana Bermúdez Cano (presidenta), Laura Cristina Márquez Alcalá y Briseida Anabel Magdaleno González; así como los diputados Cuauhtémoc Becerra González y Gerardo Fernández González.
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió volver a atraer el caso de Mario Aburto Martínez, esta vez para resolver de manera definitiva si fue correcto el marco legal aplicado en la sentencia de 45 años de prisión que recibió por el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta en 1994, al tratarse de un magnicidio. La decisión del máximo tribunal podría derivar en su liberación o en la confirmación de la condena.
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