En el sexenio los compromisos de las entidades federativas con el sector bancario pasaron de 601 mil a 701 mil millones de pesos, muestran los registros de la Secretaría de Hacienda. Analistas dijeron que los gobiernos estatales y municipales han desaprovechado sus facultades recaudatorias para fortalecer sus arcas locales. La deuda del Gobierno del Estado de Guanajuato, al 30 de abril de este año, es por mil 60.8 millones de pesos.
Política25 de junio de 2024 Redacción
La deuda de los estados tuvo una tendencia creciente durante el presente sexenio, con un aumento de 100 mil millones de pesos, sobre todo porque sus ingresos propios son insuficientes para atender las necesidades de su población, así como también por menores transferencias federales.
Analistas dijeron que los gobiernos estatales y municipales han desaprovechado sus facultades recaudatorias para fortalecer sus arcas locales.
Por eso han tenido que recurrir a la banca privada, pero también a la de desarrollo para financiarse en un entorno marcado por la pandemia, el encarecimiento del crédito, un mayor costo financiero en el pago de intereses por la inflación, así como altas tasas de interés.
En el caso del estado de Guanajuato, la deuda pública al cierre del primer cuatrimestre del 2024 (al 30 de abril pasado) se ubicaba en los 11 mil 60.8 millones de pesos, respecto a la contratada de forma directa por el Gobierno del Estado; mientras que la deuda subsidiaria, es decir, aquella contratada por ayuntamientos y otros entes públicos en la entidad con respaldo estatal, era de 427.1 millones de pesos; además, existe deuda pública contratada por municipios sin aval del gobierno estatal, como sucede con los municipios de León y San Miguel de Allende, siendo esta de mil 682 millones de pesos.
Durante los últimos seis años las instituciones de crédito concentran 50.6% del financiamiento otorgado a los estados, mientras que la banca de desarrollo participa con 40.3%.
Las opciones menos recurridas por los gobiernos subnacionales son las emisiones bursátiles de deuda en el mercado de valores, que representan 7.7%, y otras como fideicomisos, con 1.4%, muestran datos del Banco de México (Banxico).
En 2018, el saldo de las obligaciones financieras de las entidades federativas se situaba en 601 mil millones de pesos, y para el primer trimestre de 2024 llegó a 701 mil millones, según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Dicho monto se incrementó más en el año en que inició la emergencia sanitaria (2020) por el surgimiento de Covid-19, con un brinco a 637 mil 274 millones de pesos al cierre de 2020, cuando las transferencias que recibieron de la Federación cayeron 7.7%, y entre ellas las participaciones —que son las más importantes porque no son recursos etiquetados— fueron menores en 7.2%.
Al año siguiente, 2021, el saldo de los pasivos se incrementó a 666 mil 824 millones de pesos bajo un panorama en el que todavía no se superaba la pandemia de coronavirus, los gastos en salud se dispararon y las participaciones se redujeron en 4 mil 170 millones de pesos.
Disparan el gasto
Un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) revela que en 2023 nueve gobiernos estatales tenían autorización para contratar deuda por 23 mil 100 millones de pesos.
Además, 15 entidades adquirieron obligaciones financieras por un total de 96 mil 800 millones de pesos, es decir, 318.9% más de lo aprobado por sus Congresos en las leyes de ingresos, monto equivalente a 73 mil 700 millones de pesos.
El Instituto Mexicano para la Competitividad refirió que en 2023 los 32 estados reportaron egresos por un total de 2.85 billones de pesos, un promedio de 21 mil 759 pesos por habitante.
Gastaron más de lo que presupuestaron, pero sólo uno de cada tres pesos ejercidos se destinó a áreas que inciden directamente en la competitividad del país y el bienestar de la población, ponderó.
Bolsa adicional
Para la directora general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Alejandra Macías, ahora que iniciarán nuevos gobiernos locales tras las elecciones del pasado domingo 2 de junio, es buen momento para pensar en fortalecer sus haciendas públicas con más ingresos de libre disposición.
La tenencia vehicular es una alternativa viable que podría implementarse de manera general en todo el país con lineamientos mínimos para el monto y forma de cobro, consideró.
“No sería necesariamente regresar a la tenencia federal, como antes”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL, al estimar que se podrían obtener de manera conjunta 99 mil millones de pesos.
Ello en función de las características de cada entidad, como el parque vehicular, algo que, por cierto, mencionó que no es información tan accesible.
Macías dijo que para algunos no representaría muchos recursos, pero para otros aumentarían 3.3% en promedio.
También los impuestos verdes tienen impactos no sólo en la recaudación, sino que al mismo tiempo sirven para transitar hacia una mitigación del cambio climático, indicó.
Además, aseguró que los impuestos a las plataformas digitales pueden ser una vía posible, para lo cual se podría retomar la experiencia de la Ciudad de México.
Alejandra Macías ponderó que el impuesto predial es un proceso más largo de recaudación, porque se requiere saltar todos los obstáculos que se han tenido por la gestión de tres años de los municipios que son los que lo cobran, y no los estados.
Crédito caro
Sin embargo, las expectativas para el costo del dinero prestado indican que las tasas de interés seguirán en niveles elevados, pese a que la inflación ha bajado, pero con muchos esfuerzos.
El consenso de analistas financieros anticipa un recorte de 11% a 10.75% a la tasa de interés del Banco de México (Banxico) el próximo 8 de agosto, en lugar de este jueves 27 de junio, según la más reciente encuesta que CitiBanamex aplicó a 36 bancos, casas de bolsa y grupos de análisis del sector privado nacional y extranjero.
Al presentar la propuesta, la diputada Susana Bermúdez Cano indicó que, dentro de las disposiciones transitorias de la citada norma, se estableció la obligación para las entidades federativas de llevar a cabo las reformas necesarias para armonizar la legislación local conforme a dicho decreto.
Con estas reformas se armoniza la legislación local con la federal para establecer que el derecho a la protección de la salud tiene entre sus finalidades la promoción de salud y la prevención de enfermedades; que las actividades de atención médica son paliativas, que incluyen el cuidado integral para preservar la calidad de vida del o la paciente, a través de la prevención, tratamiento y control del dolor, y otros síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo profesional multidisciplinario.
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