El legislador de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, propuso un punto de acuerdo instando a la Fiscalía General del Estado, y en especial a su titular, el Fiscal Carlos Zamarripa, a abolir el "sistema complementario de seguridad social" que se ha implementado de manera ilegal e ilegítima en el reglamento interno de la Fiscalía, ya que actualiza violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Política21 de junio de 2024 REDACCIÓN
El legislador de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, propuso un punto de acuerdo instando a la Fiscalía General del Estado, y en especial a su titular, el Fiscal Carlos Zamarripa, a abolir el "sistema complementario de seguridad social" que se ha implementado de manera ilegal e ilegítima en el reglamento interno de la Fiscalía, ya que actualiza violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ernesto Prieto resaltó que “es una beca a perpetuidad para Carlos Zamarripa y sus secuaces”.
Esta reforma, citó el diputado morenista, tiene implicaciones muy significativas tanto en las finanzas de la fiscalía porque recibe para su funcionamiento la asignación de recursos públicos de las y los guanajuatenses, como en el hecho de que se permite que los funcionarios de esta dependencia (FGEG) con más de 15 años de servicio activo, puedan jubilarse con una pensión casi igual o mayor a su sueldo neto actual.
Esta noticia se da cuando se prevé que Carlos Zamarripa tome la opción de jubilarse; “puede afirmarse que el factor político es la verdadera causa de que el fiscal general se vea obligado a jubilarse, como previsión de esto ha modelado para sí y sus subordinados un abuso de recursos públicos, porque eso es lo que es, bajo el eufemismo de llamarle: sistema complementario de seguridad social, una beca a perpetuidad”.
Estamos, señaló Prieto Gallardo, ante “una burocracia dorada de jubilados cuando los resultados de la FGEG no tienen la solidez de fincarse en una verdadera disminución de la impunidad, cuando es común que las víctimas del delito sean revictimizadas en las agencias del ministerio público del estado”.
Finalmente, el diputado Ernesto Prieto dijo “la forma en que se ha actuado desde la fiscalía en este asunto, claramente contraviene el principio de honradez, previsto en los artículos 21 y 109 de la constitución federal, pudiendo actualizarse en las sanciones de suspensión, destitución e inhabilitación, así como sanciones económicas que deben establecerse de acuerdo a los beneficios económicos que obtengan los responsables”.
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