A pesar de los avances logrados por la actual administración, el gobierno entrante enfrentará el desafío de intensificar la lucha contra la pobreza, especialmente en aquellos estados donde este problema supera los niveles previos a la pandemia.
Entre enero y marzo de 2024, la pobreza laboral en el país se situó, por vez primera, debajo de los niveles del primer trimestre de 2020; no obstante, aún existen 14 entidades que no han podido recuperarse del impacto, incluso después de más de cuatro años de la crisis sanitaria, según datos difundidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Guanajuato está entre los estados donde la pobreza se incrementó y lo que es peor, está entre los tres primeros lugares con mayor rezago.
La pobreza laboral es un indicador que permite estimar el porcentaje de la población que tiene un ingreso laboral inferior al valor monetario de una canasta alimentaria. Este indicador lo actualiza el CONEVAL trimestralmente a partir de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que publica el INEGI.
De acuerdo con los datos de Coneval, la pobreza laboral cerró el año 2023 en un nivel de 37.0% de toda la población, todavía por encima del dato de 36.6% reportado en el arranque del 2019, justo antes de la emergencia sanitaria por la Covid-19 en el país.
En general, 35.8% de la de la población estaba en situación de pobreza laboral al cierre de marzo pasado, es decir, que no tenía el ingreso laboral suficiente para adquirir la canasta alimentaria para cada integrante del hogar, ubicándose debajo del nivel de 36.6% reportado en los primeros tres meses de 2020, antes de la pandemia.
Pero la evolución de la pobreza laboral entre las entidades ha sido heterogénea. En 14 estados, el porcentaje de la población en esa condición aumentó, al pasar de 35.9% a 38.9% de su población, lo que significó un incremento de 2.9 puntos porcentuales en los últimos cuatro años, aproximadamente 1.5 millones más de personas.
Entre esas entidades destaca el caso de Aguascalientes, donde la tasa de pobreza laboral pasó de 30.6% en el primer trimestre de 2020 a 38.0% en los primeros tres meses de este año, es decir, 7.4 puntos más que antes del inicio de la pandemia.
Le siguen en orden de importancia Michoacán, con un alza de 3.5 puntos porcentuales en los últimos cuatro años para llegar a 35.49%; Guanajuato, con 3.4 puntos para llegar a una tasa de 36.66%; Nuevo León, 2.6 unidades con 22.76%; Querétaro, 2.4 con 37.22%, y Sonora, 1.6 con 28.7%.
De ese grupo de estados donde empeoró el indicador, también llaman la atención las que registran altos niveles de pobreza laboral, como son los casos de Oaxaca, con tasa de 59.74% y un alza de un punto porcentual en los últimos cuatro años; Zacatecas, 48.34% y un aumento de media unidad; Hidalgo, 47.62% con 0.9 puntos más, y Puebla, con 43.89% y un incremento de un punto porcentual.
Entre los factores que más han contribuido a la reducción de la pobreza laboral en el país destacan las alzas a los salarios mínimos, así como la recuperación del empleo, explicó Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval).
“El incremento a los salarios mínimos es la política pública que la evidencia empírica nos demuestra que en estos años ha tenido una incidencia muy positiva en el fortalecimiento de los ingresos laborales de la población y, por lo tanto, en el combate a la pobreza”, destacó en entrevista con EL UNIVERSAL.
El segundo elemento importante, destacó, es que la generación de empleo en la próxima administración sea de más plazas formales.
Una de las limitaciones del incremento a salarios es el fuerte peso del empleo informal en la economía, donde la mayoría de los trabajadores empleados bajo esa modalidad no ven beneficios por las alzas ni por prestaciones sociales.
De las 14 entidades donde subió la pobreza laboral, cinco reportaron tasas de informalidad superiores a la media nacional de 54.3% en el primer trimestre, destacando Oaxaca, Hidalgo y Puebla, que son de los estados con mayores niveles.
Además, hay otras cinco entidades cuya tasa de informalidad está por arriba de 40% de su población ocupada, sobresaliendo el caso de Guanajuato, con un porcentaje similar a la media nacional.
Otra prioridad del nuevo gobierno para combatir la pobreza será impulsar la coordinación y colaboración con las entidades estatales en materia de salud, debido a la fragmentación ya histórica del sistema de servicios públicos en las entidades, advirtió Nabor Cruz.
En su opinión, reforzar la estrategia de IMSS-Bienestar debe ser prioridad, impulsando la participación, la corresponsabilidad y la coordinación de los gobiernos estatales con el federal para fortalecer los sistemas de salud públicos estatales en el país.
En el tema educativo, Nabor Cruz consideró que será relevante fortalecer los programas orientados a la infraestructura escolar del país, sobre todo en las áreas con mayor grado de población rural.
Al respecto, el Coneval ha identificado que aún existe un alto porcentaje de escuelas que no cuentan con baño funcional, servicio de internet y de cómputo.
Con información de El Universal
