La asociación Data Cívica denuncia irregularidades en el conteo del Ejecutivo, que rebajó el número en más de 20.000
20 de marzo de 2024 Redacción
La asociación civil Data Cívica ha cuestionado la reducción del número de desaparecidos que hizo el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La organización ha presentado el informe Volver a desaparecer, con su conteo propio, y ha rechazado que el Ejecutivo haya rebajado la causa de personas que supuestamente fueron localizadas “con prueba de vida” pero cuyo registro “no fue formalizado”, una categoría que no existe por ley. ¿Qué significa que no haya sido formalizado? ¿Fue encontrado o se le continúa buscando? Data Cívica, formado por especialistas en análisis de datos, ha denunciado esa y otras irregularidades, como la doble desaparición de algunas personas, en el nuevo censo de la Administración actual.
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dijo esta semana en conferencia de prensa junto al presidente que el número de personas desaparecidas en México actualmente era de 99.729. Eso, después de restarle más de 20.000 casos: unos 5.576 que ya habían sido localizados y cuyo registro había sido formalizado y otros 15.158 que supuestamente habían sido encontrados, pero no tenían un registro formal. La funcionaria no detalló a qué se refería específicamente. En medio de acusaciones por un subregistro y de haber desaparecido dos veces a algunas personas, el Gobierno de López Obrador se ve envuelto ahora nuevamente en la polémica.
El hallazgo de estas personas supuestamente se hizo a través de una estrategia implementada desde hace unos meses, que el Ejecutivo intentó explicar esta semana, llamada búsqueda generalizada, conocida también como el censo. La técnica consiste en cruzar las bases de datos que hay sobre el desaparecido, públicas o privadas, e intentar localizarlo en los domicilios que estén vinculados. “Esa es solo una acción de búsqueda”, ha reclamado este lunes Humberto Guerrero, del centro de análisis e investigación Fundar.
La actitud del Gobierno, según Mónica Meltis, la directora ejecutiva de Data Cívica ha sido la de generar más incertidumbre y revictimizar a las familias, por no ser específicos con la forma en la que hacen el recuento. “Hay ciertas irregularidades en el registro”, ha señalado en conferencia de prensa. “Estos conceptos [como localizados sin registro formalizado] no están previstos en la ley, pero más allá de eso, generan una enorme confusión y abona al dolor de las familias”. La organización ha hecho hincapié en que dentro del número oficial hay unas 62.000 personas sobre las que no se sabe si están siendo buscadas o no, porque entraron en categorías como “sin indicios para la búsqueda” o “datos insuficientes”.
Entre las críticas a la reducción del número, han señalado que no se sabe ni quiénes son, ni si han aparecido con o sin vida. “Estamos siendo generosas con el Gobierno, porque estamos subestimando el número”, ha agregado Alicia Franco, coordinadora de análisis de datos de la organización. Pese a lo informado el lunes por el Ejecutivo, el dato oficial que sigue vigente en la página web de la Comisión Nacional de Búsqueda es de 114.995 personas. Otra inconsistencia que detectaron fue la falta de verificación de los números oficiales. “Sus mismos datos no cuadran”, han señalado.
“Presumen muchos resultados, como hicieron en la mañanera de ayer, sin que esto sea respaldado con alguna publicación de ningún registro”, ha reclamado Franco. Data Cívica cruzó en su último informe los datos de todos los registros de personas que desaparecieron en México, con el objetivo de ayudar a las familias a conocer el estado de la búsqueda. La idea era identificar a aquellos que no aparecen en el nuevo listado del Gobierno, “para contrastar que no hayan sido desaparecidos dos veces”. Una realidad que ya han denunciado varias familias de desaparecidos y que la organización calcula en unos 11.000.
El próximo 5 de diciembre, por iniciativa del alcalde Mauricio Trejo, un niño sanmiguelense encenderá por primera vez el monumental Árbol Navideño; y la ciudad se prepara para un mes de música, tradición y espíritu festivo. Las actividades despiertan la solidaridad de la comunidad sanmiguelense.
El Pleno aprobó el proyecto de la ministra Yasmín Esquivel Mossa en la Acción de Inconstitucionalidad 89/2024 promovida en abril del año pasado por el Ejecutivo federal, invalidando normas que exigían permiso del Ministerio Público para abortar, denuncia previa para recibir atención médica por violencia sexual y consentimiento de padres o tutores para anticoncepción de emergencia en víctimas menores de edad.
Este martes, en sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, aprobaron el dictamen, en sentido negativo, de dos iniciativas de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. Las propuestas planteaban derogar la disposición normativa que establece que persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural.
Sesionó la Comisión para la Igualdad de Género para aprobar el dictamen, en sentido negativo, de la iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato. Dicha propuesta buscaba incluir el concepto de autonomía reproductiva para establecer que era el derecho básico de todas las mujeres de decidir sobre su posibilidad de procrear o no y, en ese sentido, planear su propia familia, así como tener acceso a los servicios de interrupción del embarazo hasta las 12 semanas; así como para establecerlo como principio rector.
En este segundo bloque se revisaron las iniciativas de leyes de ingresos de los municipios de: Salvatierra, Cortazar, Salamanca, Apaseo el Grande, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, San Diego de la Unión, Huanímaro, Santa Cruz de Juventino Rosas, Comonfort, Cuerámaro, Apaseo el Alto, Tierra Blanca, San José de Iturbide y Valle de Santiago.
