La asociación Data Cívica denuncia irregularidades en el conteo del Ejecutivo, que rebajó el número en más de 20.000
20 de marzo de 2024 Redacción
La asociación civil Data Cívica ha cuestionado la reducción del número de desaparecidos que hizo el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La organización ha presentado el informe Volver a desaparecer, con su conteo propio, y ha rechazado que el Ejecutivo haya rebajado la causa de personas que supuestamente fueron localizadas “con prueba de vida” pero cuyo registro “no fue formalizado”, una categoría que no existe por ley. ¿Qué significa que no haya sido formalizado? ¿Fue encontrado o se le continúa buscando? Data Cívica, formado por especialistas en análisis de datos, ha denunciado esa y otras irregularidades, como la doble desaparición de algunas personas, en el nuevo censo de la Administración actual.
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dijo esta semana en conferencia de prensa junto al presidente que el número de personas desaparecidas en México actualmente era de 99.729. Eso, después de restarle más de 20.000 casos: unos 5.576 que ya habían sido localizados y cuyo registro había sido formalizado y otros 15.158 que supuestamente habían sido encontrados, pero no tenían un registro formal. La funcionaria no detalló a qué se refería específicamente. En medio de acusaciones por un subregistro y de haber desaparecido dos veces a algunas personas, el Gobierno de López Obrador se ve envuelto ahora nuevamente en la polémica.
El hallazgo de estas personas supuestamente se hizo a través de una estrategia implementada desde hace unos meses, que el Ejecutivo intentó explicar esta semana, llamada búsqueda generalizada, conocida también como el censo. La técnica consiste en cruzar las bases de datos que hay sobre el desaparecido, públicas o privadas, e intentar localizarlo en los domicilios que estén vinculados. “Esa es solo una acción de búsqueda”, ha reclamado este lunes Humberto Guerrero, del centro de análisis e investigación Fundar.
La actitud del Gobierno, según Mónica Meltis, la directora ejecutiva de Data Cívica ha sido la de generar más incertidumbre y revictimizar a las familias, por no ser específicos con la forma en la que hacen el recuento. “Hay ciertas irregularidades en el registro”, ha señalado en conferencia de prensa. “Estos conceptos [como localizados sin registro formalizado] no están previstos en la ley, pero más allá de eso, generan una enorme confusión y abona al dolor de las familias”. La organización ha hecho hincapié en que dentro del número oficial hay unas 62.000 personas sobre las que no se sabe si están siendo buscadas o no, porque entraron en categorías como “sin indicios para la búsqueda” o “datos insuficientes”.
Entre las críticas a la reducción del número, han señalado que no se sabe ni quiénes son, ni si han aparecido con o sin vida. “Estamos siendo generosas con el Gobierno, porque estamos subestimando el número”, ha agregado Alicia Franco, coordinadora de análisis de datos de la organización. Pese a lo informado el lunes por el Ejecutivo, el dato oficial que sigue vigente en la página web de la Comisión Nacional de Búsqueda es de 114.995 personas. Otra inconsistencia que detectaron fue la falta de verificación de los números oficiales. “Sus mismos datos no cuadran”, han señalado.
“Presumen muchos resultados, como hicieron en la mañanera de ayer, sin que esto sea respaldado con alguna publicación de ningún registro”, ha reclamado Franco. Data Cívica cruzó en su último informe los datos de todos los registros de personas que desaparecieron en México, con el objetivo de ayudar a las familias a conocer el estado de la búsqueda. La idea era identificar a aquellos que no aparecen en el nuevo listado del Gobierno, “para contrastar que no hayan sido desaparecidos dos veces”. Una realidad que ya han denunciado varias familias de desaparecidos y que la organización calcula en unos 11.000.
La gobernadora del estado, en la víspera de la presentación de su programa social insignia en el sexenio, "Aliadas", destinado a dotar de diversos apoyos a las mujeres guanajuatenses, ha enviado una iniciativa al Congreso del Estado para elevar a rango constitucional la garantía de que el gobierno estatal dotará de apoyos económicos a las mujeres y a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad.
El Estado ahora deberá garantizar la protección, conservación, trato digno y bienestar de todos los animales
La Cámara de Diputados aprobó hoy en lo particular la reforma mediante la cual desaparecerán siete organismos autónomos (INAI, IFT, Cofece, CRE, CNH, Mejoredu y Coneval), que ya había sido aprobada ayer en lo general, y en la que se añadió una reserva para crear una agencia antimonopolios, adscrita a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
La estrategia integra 20 programas principales, organizados en las temáticas de economía, salud y deporte, vida sin violencia, educación y cuidado, además de integrar la Tarjeta Rosa. “Yo estoy segura de que haciendo equipo vamos a llegar más lejos y nos vamos a apoyar juntas, como mamás, mujeres, trabajadoras, empresarias, comerciantes, juntas seremos ejemplo de lo que es trabajar en equipo y vamos a llevar a Guanajuato al siguiente nivel”, dijo la gobernadora. ALIADAS, es una estrategia integral y transversal del Gobierno del Estado, diseñada para apoyar a mujeres de todas las edades, mediante programas que mejoran su calidad de vida, fomentan su desarrollo personal y profesional, y fortalecen su bienestar y seguridad.
Presentó una iniciativa para incluir en el Código Penal un catálogo de 41 delitos por los que podrían ser imputadas, sea una sociedad, corporación, empresa o institución.