Lorenza Cano Flores: la soledad de las madres buscadoras en México

No le gustaba su nombre, es por eso que cuando algunas de las compañeras del colectivo de madres buscadoras fueron cuestionadas por el secuestro de Lorenza, dijeron que no la conocían. A Lorenza Cano Flores la llamaban Lore, así le decían de cariño sus compañeras y conocidos. Tiene 55 años y desde el 2018 pertenece al colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, al que se unió cuando su hermano, José Francisco, desapareció. La noche del pasado 15 de enero, un comando armado entró a su casa, en Salamanca, Guanajuato, asesinó a su hijo y a su esposo, y se la llevó a ella. Una semana después, sin noticias de Lorenza ni rastros de sus atacantes, sus compañeras han vuelto a sentir el miedo y el terror de la desprotección de quienes, como ellas, buscan en el Estado a un ser querido desaparecido.

La colonia en la que vivía Lorenza Cano y su familia, en el sur de la ciudad de Salamanca (273.417 habitantes), es un laberinto de calles asfaltadas y terracerías sinuosas. Muy cerca, entre una y otra, se distingue la refinería de Petróleos Mexicanos, que enmarca el horizonte con un quemador que nunca se apaga, una llama encendida que indica que el complejo petroquímico sigue funcionando. En una de las calles sin pavimentar, una casa color café de dos plantas se alza justo a unos cuantos pasos donde funciona, desde hace un par de meses, un centro de Corazones Comunitarios, el programa que el Gobierno municipal ha puesto en marcha “para impulsar la reconstrucción del tejido social”, a través de actividades recreativas enfocadas a población vulnerable.

La noche del pasado lunes, un grupo de hombres armados entró a la vivienda y asesinó a Miguel Ángel, de 24 años de edad, hijo de Lorenza Cano, y a Miguel, de 54, su esposo. El joven, según información de las autoridades locales, radicaba en la ciudad, mientras que su padre —que iba y venía por trabajo hacia Estados Unidos— estaba de visita. Julio César Ernesto Prieto Gallardo, presidente municipal de Salamanca, ha relatado cómo cerca de las 21.40 de esa noche, la policía local atendió el incidente y comenzó la búsqueda de los presuntos responsables en los alrededores de la ciudad; se revisaron cámaras de la zona, se dio aviso a las diferentes fuerzas de seguridad presentes, sin embargo, hasta ahora no hay ningún indicio sobre los captores de Lorenza y tampoco sobre el móvil de lo ocurrido.

El alcalde morenista ha informado que hasta ahora, y pese a la gravedad del caso y al eco que ha tenido en el país —con más de 100.000 personas desaparecidas— el Gobierno de Salamanca y el del Estado —liderado por el panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo— no han tenido ningún tipo de comunicación: “Nuestra relación es limitada. Al día de hoy no hemos tenido contacto con la Fiscalía, apenas el próximo lunes lo tendremos para ver cómo nos coordinamos en lo que ellos consideren”, dice.

Rodeado de un grupo de seis personas de su Administración, sentadas en una larga mesa, y con las pantallas del Centro de Comando, Control, Comunicación y Computo (C4) de fondo, el alcalde Prieto Gallardo explica que no es competencia del Gobierno municipal llevar a cabo la búsqueda de personas desaparecidas, sino hasta que tienen en su poder la ficha con los datos básicos de los reportes: “El equipo de la Fiscalía llegó a las 23.00 horas y ellos se encargan del tema de la investigación del homicidio y del secuestro. Pasó un día para que la Comisión Estatal de Búsqueda emitiera la ficha y estuviéramos en posibilidad de actuar, a pesar de que nosotros cuando atendimos el reporte sí hicimos la búsqueda de las personas que se llevaron a Lorenza”, cuenta.

“Hoy fue Lorenza y mañana puedes ser tú”

De las ramas de dos árboles frondosos plantados justo frente a la presidencia municipal de Salamanca, cuelgan las fotografías de personas asesinadas y desaparecidas en la ciudad. Sin embargo, no representan lo mismo. El primero, en el que también lucen corazones de tela de color rojo —en alusión al programa municipal— y que está cercado por vallas metálicas y letreros del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), están los casos de homicidios dolosos, explica Alma Lilia Tapia, líder del colectivo de buscadoras al que también pertenecía Lorenza Cano y su hija, Laura. En el otro árbol, a unos cuantos pasos de ahí, están las fotografías plastificadas de los desaparecidos del colectivo. Entre ellos está la de un hombre moreno, de bigote alargado y camisa roja: es José Francisco Cano Flores.

Lorenza Cano, una mujer alegre y risueña, “tal como se mira en la fotografía de su ficha”, cocinaba para sus compañeras y les enviaba la comida y refrigerios a las brigadas que salían a buscar. Ella no iba a todas las búsquedas, un problema en su cadera le impedía caminar cómodamente, y le dificultaba las largas distancias y terrenos difíciles a los que suelen ir las mujeres buscadoras, pero Laura, su hija, acudía siempre. Laura fue quien se acercó al colectivo y junto con su madre comenzaron a buscar a José Francisco.

El hermano de Lorenza, a quienes las buscadoras se refieren como “Chepe”, desapareció el 17 de agosto de 2018, casi de la misma forma que su hermana: entraron por él a su casa y se lo llevaron, según ha contado Alma Lilia Tapia. Poco tiempo después, la pareja de José Francisco fue también secuestrada, y aunque las buscadoras no saben sobre la familia de la mujer, tienen esperanza de que, cuando logren encontrar a José Francisco, tendrán también noticias de su compañera.

Las buscadoras cuentan más de 260 familias las que integran su colectivo. Ahora mismo buscan a 206 desaparecidos en Salamanca, entre ellos, el hijo de Martha Alicia Peñaflor, Moisés Jared González Peñaflor, de 20 años, desaparecido en diciembre de 2022. Peñaflor, como la gran mayoría de las mujeres que buscan en todos los rincones de México a sus seres queridos, ha perdido su trabajo y ha dedicado su energía entera a buscar a su hijo. El secuestro de su compañera, Lorenza, no ha hecho más que causarle un intenso dolor y ha aumentado la incertidumbre sobre el futuro de las buscadoras. “Lo que sentí es que hoy puede ser Lorenza, y mañana tú. Es tambalearnos otra vez porque ya no sabes de dónde te va a llegar en trancazo. Tenemos que buscar, tenemos que seguir”, dice con una tristeza latente.

Para Alma Lilia, el secuestro de Lorenza y el asesinato de su hijo y esposo, no responde a su actividad como buscadora, y le preocupa demasiado que las otras mujeres del colectivo, se sientan tan afectadas y asustadas por lo que le pasó a su compañera. La líder del grupo asegura que el móvil —que aún no es esclarecido por las autoridades— responda más a la inseguridad que vive el municipio desde hace ya muchos años, y el aumento de la presencia de grupos delincuenciales que han transformado la dinámica de la ciudad con prácticas como la extorsión.

La crisis de seguridad que azota Salamanca

Alma Lilia Tapia pensaba que su hijo Gustavo Daryl Gómez, era el primer desaparecido del país: “Antes no sabía nada de esto. Pensaba que los únicos desaparecidos eran los 43 [de Ayotzinapa]”, cuenta. La líder de uno de los tres colectivos de madres buscadoras que trabajan en Salamanca, busca, junto con un pequeño grupo de mujeres, en un terreno baldío cerca del centro de la ciudad.

Ella recibe mensajes en su teléfono celular de todo tipo de personas. Mientras escarba el terreno con una varilla, guantes de tela, y botas que ella misma compró para poder caminar en terrenos difíciles, saca fotografías y manda audios y videos a personal de la Comisión de Búsqueda que le orientan para identificar lo que están encontrando. A través de ese aparato le comunican también, asegura, desde cárceles u otros lugares desconocidos, sobre los puntos donde puede encontrar restos humanos o evidencia de ellos. A veces no solo es información, sino amenazas veladas por lo que hace, o por la visibilidad que logran en la ciudad: ponen letreros enormes en las plazas públicas, retratos de mujeres desaparecidas en cada esquina de la ciudad.

Cuenta las veces en las que una madre encontró después de dos años los restos de su hijo en un escampado; o la vez en que otra compañera quería colgarse de uno de los árboles frente a la presidencia municipal para exigir que agilizaran las investigaciones por la desaparición de su hijo. Siempre están alertas. “En esta ciudad, cualquiera puede dar aviso a los grupos delincuenciales”, dicen entre voces. En 2018, el asesinato a tiros de seis policías de tránsito municipales vino a asestarle un duro golpe a la corporación local de policía, del que le ha sido difícil recuperarse.

El pasado 23 de septiembre, Alejandro Flores Jiménez renunció al cargo de director general de Seguridad Pública de Salamanca, después de poco más de un año de asumir el cargo. La decisión de Flores Jiménez quedó revelada en las declaraciones que le dio a la prensa local unos días después de su salida: “La base fundamental de mi renuncia fue porque dejé de ver apoyo por parte del Municipio hacia Seguridad Púlica, no había apoyo suficiente para tener las garantías de seguir al mando”. Desde entonces no hay quien haya asumido ese puesto. La organización Causa en común documentó que en 2018, 452 policías fueron asesinados en México, 66 de ellos en Guanajuato. En 2019, asesinaron a 446 y 73 ocurrieron en ese mismo Estado. En 2020, el número aumentó a 524 en el país, y de esa cifra 84 fueron en esa misma entidad.

En la actualidad, el Ejército mexicano y la Guardia Nacional han desplegado a sus elementos en la ciudad de Salamanca ante la falta de una estructura de seguridad local que ayude a contener los altos índices de violencia y criminalidad. En lo que va de este 2024 –apenas 20 días– han atendido 14 homicidios. En este escenario, las madres buscadoras piden solo dos cosas: que las dejen continuar con sus recorridos y que les brinden el apoyo y la seguridad para sortear la inseguridad y el peligro de muerte que significa en México la labor de buscar a sus desaparecidos.