Con molestia, el titular de la Secretaría de Gobernación arremetió contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación al hacer esta su tarea de control constitucional
Política08 de mayo de 2023 Redacción
Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucional parte del llamado 'Plan B' de la reforma electoral, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Gobernación, Adan Augusto López, anunció que se implementará un "Plan C".
A través de sus redes sociales, el titular de la Segob criticó a los ministros de la Corte, a quienes acusó de no representar los intereses de la sociedad.
"El pueblo mexicano busca recuperar la confianza en sus instituciones, pero la SCJN decidió seguir protegiendo intereses particulares.
"Nueve ministros pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares. No hay de otra: Plan C en las urnas", escribió en su cuenta de Twitter.
El funcionario federal no dio detalles de cual será dicho plan.
En sesión de la comisión dictaminadora, la diputada se pronunció por analizar a fondo la pertinencia de autorizar dos financiamientos por ese monto total. Se debe garantizar que no se trata de un gasto corriente disfrazado de inversión pública productiva, puntualizó.
El diputado Víctor Manuel Zanella Huerta comunicó que el presupuesto del 2026 parte de la premisa de la responsabilidad fiscal, junto a que la orientación del gasto público va acorde a las exigencias reales del Estado, al bien común y bienestar de las personas guanajuatenses.
El Grupo Parlamentario de Morena se pronunció en defensa de los derechos de la ciudadanía durante la sesión de las Comisiones Unidas de Hacienda y Gobernación, oponiéndose a los aumentos que considera desproporcionados en impuestos y derechos estatales que lastiman el ingreso familiar. Los morenistas aseguraron que se consumó una decisión que da la espalda a la realidad económica de miles de guanajuatenses.
Al fijar posicionamiento en torno a los dictámenes del Paquete Fiscal 2026, la diputada Rocío Cervantes afirmó que, si bien el GPPRI apoya en lo general las propuestas que contiene, “en lo particular nos reservamos nuevos supuestos y derechos que están planteados por encima del 4 por ciento que ha venido autorizando este Congreso y que fue la recomendación que se hizo desde que iniciaron los trabajos” para su análisis.
Este viernes, en sesión de la Comisión de Hacienda y Fiscalización se aprobaron los dictámenes de las iniciativas de decreto suscritas por la gobernadora del estado a efecto de que se le autorice al Poder Ejecutivo la contratación de financiamientos. El primero por 4 mil millones de pesos para financiar el proyecto denominado Acueducto Solís-León; el segundo, por la misma cantidad para financiar proyectos estatales de inversión pública productiva. El dictamen fue aprobado por unanimidad en lo general y por mayoría en lo particular.
Cada año, decenas de perritos son abandonados por peregrinos en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. Los abandonan a propósito o los pierden, luego de hacerlos acompañar en sus peregrinaciones. El rostro oculto de algunos guadalupanos.
La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, refrendó su compromiso y el de su Administración para continuar con los proyectos de mejora del Centro Histórico y de apoyo a los comerciantes, quienes dan vida al corazón de la ciudad al ofrecer productos y servicios que contribuyen a la buena imagen de Irapuato ante visitantes y habitantes.
Los vehículos importados desde China, Corea del Sur y la India serán los más afectados por el incremento de hasta un 50% en las tarifas, indican expertos del sector.
Colectivos civiles y agrupaciones de derechos humanos denuncian que el acueducto Solís-León, uno de los proyectos emblemáticos del Gobierno de Sheinbaum, despojará a miles de habitantes de sus recursos naturales.
El diputado Víctor Manuel Zanella Huerta comunicó que el presupuesto del 2026 parte de la premisa de la responsabilidad fiscal, junto a que la orientación del gasto público va acorde a las exigencias reales del Estado, al bien común y bienestar de las personas guanajuatenses.