Cinco policías viales al mando de Mario Bravo Arrona violaron los derechos humanos de dos ciudadanos que fueron golpeados en un operativo “alcoholímetro”; incluso uno de los quejosos perdió el conocimiento por la aplicación de una llave al cuello, determinó el titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg), Vicente Esqueda Méndez, en el expediente de queja 102/2019-A.
El ombudsman emitió cinco resolutivos de recomendación al director General de Policía Municipal y Policía Vial de León, Jorge Guillén Rico, para que concluya el procedimiento de responsabilidad administrativa contra los agentes Venancio Díaz Espinoza, Carlos Ulises Villanueva Nava, Jesús Rafael Horta Barroso, Elizabeth Huesca Gamiño y Elvia Morales Manríquez.
El titular de la Policía Vial debe otorgar atención sicosocial a las víctimas, una compensación económica, integrar la investigación de la Prodheg al expediente de los policías y capacitar a los elementos que violaron los derechos humanos de las víctimas.
La compensación económica debe contemplar las afectaciones físicas y psicológicas de las víctimas; los gastos por atención médica, el pago de la multa y la grúa.
La queja fue presentada en marzo del 2019 -en la administración (2018-2021) del alcalde panista Héctor López Santillana- y después de cuatro años y medio, el 11 de septiembre, la Prodheg concluyó la investigación.
La queja
Un hombre denunció que en un operativo “alcoholímetro”, como se negó a bajarse del vehículo, un policía abrió la puerta trasera de la unidad y le aplicó una “llave” al cuello, lo “que causó que perdiera momentáneamente el conocimiento al no poder respirar”, señala el expediente de la Prodheg.
Además fue agarrado de los testículos, de los brazos y piernas para bajarlo del carro, ya en el suelo fue golpeado, refiere el documento.
El comandante, Venancia Díaz Espinoza, acusó al ciudadano de lanzar golpes contra los elementos y reconoció que aplicaron una llave al quejoso, quien fue sacado del carro “como costalito”, recalca la investigación de Derechos Humanos.
“Es importante mencionar que obra en el expediente como prueba una videograbación, en la cual en ningún momento se ve que el quejoso hubiera agredido a las policías viales, como señaló J. Venancio Díaz Espinoza y el policía vial Carlos Ulises Villanueva Nava” y la autoridad no estaba facultada para usar la fuerza, señala el expediente.
Agrega que en el video quedó registrada la aplicación de la llave, cuando una policía vial “aprieta con su mano los genitales” del quejoso y cuando es sacado por la fuerza del vehículo.
“La afectación a la integridad física establecida en los dictámenes médicos del quejoso coincide con la mecánica de los hechos observados en la videograbación, por lo que se comprobó que las policías viales omitieron salvaguardar los derechos humanos”, puntualiza la investigación.
Una mujer, que acompañaba a la primera víctima, acusó a policías viales de sacarla a la fuerza del vehículo, de ser golpeada en el abdomen y de haber sida tocada en el pecho por Venancio cuando estaba esposada.
El comandante Venancio Díaz Espinoza negó que hubiera tocado el pecho de la quejosa porque las encargadas del arresto fueron las oficiales Elizabeth Huesca Gamiño y Elvia Morales Manríquez.
“En la videograbación se observa a una policía vial tratando de bajar a la quejosa de su vehículo, no así el tocamiento atribuido a J. Venancio Díaz Espinoza. Por otra parte, se observa que jalaron a la mujer del antebrazo derecho a la fuerza, y ya estando afuera, la misma policía vial la tomó del cuello y la empujó contra el vehículo”, relatan en la investigación.
