El grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano presentó un punto de acuerdo para exhortar al titular de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a garantizar, de manera prioritaria y urgente, el abastecimiento oportuno y completo de medicamentos con caducidad vigente en las farmacias del IMSS en el Estado de Guanajuato, así como para que se instruya una verificación e inspección técnica integral a las unidades de medicina familiar y hospitales de la entidad, asegurando el mantenimiento de la infraestructura, el óptimo estado del equipamiento y el estricto cumplimiento de los estándares de higiene, en estricto apego al derecho constitucional a la protección de la salud y a la dignidad que merecen las y los derechohabientes guanajuatenses.
También para pedir al titular del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social que garantice el estricto respeto a la libre asociación, la libertad de expresión y el derecho constitucional a la manifestación pacífica de las y los trabajadores del IMSS en la entidad, instando a que no se ejerzan represalias, hostigamiento laboral ni medidas disciplinarias en contra de las y los profesionales de la salud.
Al hacer uso de la tribuna, el diputado Rodrigo González Zaragoza señaló que las movilizaciones del personal médico y de enfermería en León reflejan inconformidades por el desabasto de medicamentos e insumos, las condiciones de la infraestructura hospitalaria y la sobrecarga laboral.
Expresó que trabajadores de distintas unidades médicas denunciaron la falta de materiales básicos, el suministro de productos caducados y las dificultades para surtir recetas de manera oportuna. También señalaron que esas condiciones afectan la atención a las personas derechohabientes y aumentan la presión sobre el personal de salud.
Asimismo, habló sobre las condiciones de inseguridad que enfrenta el personal médico y de enfermería ante las inconformidades de las personas usuarias por la falta de atención, así como sobre las presuntas agresiones y amenazas contra quienes prestan los servicios de salud.
Antes de finalizar, apuntó que, en el ámbito laboral, las protestas también responden a desacuerdos con el incremento salarial aprobado por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.
La diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia solicitó que, por la importancia del tema, se declarara de obvia resolución.
Para hablar a favor de la obvia resolución hicieron uso de la tribuna las personas diputadas Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, Angélica Casillas Martínez, Alejandro Arias Ávila y Noemí Márquez Márquez.
Tiscareño Agoitia denunció con severidad el grave deterioro del sistema de salud pública bajo la administración del gobierno federal y señaló que las recientes manifestaciones de personal médico y trabajadores del IMSS expusieron públicamente las carencias que padecen a diario los derechohabientes: largas esperas, desabasto recurrente de medicamentos, suspensión de cirugías programadas, falta de insumos, saturación hospitalaria e instalaciones deterioradas.
Agregó, que existe una saturación y sobrecarga laboral de los profesionales de la salud mexicanos, quienes enfrentan ofertas de incremento salarial de apenas 2.9% y represión gubernamental tras haber sido calificados como héroes durante la pandemia de COVID-19, en contraste con los elevados montos otorgados por el Ejecutivo federal a médicos extranjeros.
La legisladora finalizó su mensaje indicando que a casi ocho años de gobierno federal deben rendir cuentas y explicar de qué manera resolverán el mantenimiento hospitalario, la contratación justa y el suministro de medicamentos, además de exigir la renuncia del director general del IMSS, por su incapacidad para conducir la institución a lo largo de casi siete años.
Por su parte, la legisladora Angélica Casillas Martínez respaldó el exhorto al Gobierno Federal señalando que las manifestaciones masivas del personal médico, de enfermería y trabajadores del IMSS visibilizan un colapso institucional que afecta a Guanajuato y a todo el país, derivado de la falta de medicamentos, insumos básicos, certeza laboral, especialistas e infraestructura deteriorada.
La congresista recriminó que, tras ocho años de la administración federal y de reiteradas promesas sobre un sistema de salud de excelencia, la respuesta del Ejecutivo siga siendo realizar diagnósticos de campo para identificar problemas que pacientes y trabajadores llevan años denunciando en las calles, junto a que las fallas operativas e ineficiencias del sistema público han derivado en una privatización, al obligar a las familias a costear de su propio bolsillo consultas privadas, estudios de laboratorio y medicamentos que la Federación no suministra.
Finalmente, exigió dejar de lado las improvisaciones y narrativas oficiales para atender de inmediato el abasto de medicamentos, la contratación de personal y la actualización de equipamiento, además de cuestionar las recientes decisiones fiscales del Gobierno Federal, señalando que la autorización de nuevos cobros para licencias en bancos de sangre y equipos de rayos X terminará trasladando mayores cargas económicas y perjuicios a los propios usuarios del sistema de salud.
En su oportunidad, el diputado Alejandro Arias Ávila se refirió a las políticas implementadas por el actual gobierno que no han funcionado, pero que, a pesar de ser malas y graves, no causan muertes de mexicanos, como el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles, entre otras cosas.
Sin embargo, en el tema de salud no se podía decir lo mismo, dijo, ya que el sistema de salud está colapsado, y presentó distintos datos del informe de la OCDE donde se reflejan los indicadores de rezago en México, como que se registran más de 150 muertes por cada 1000 habitantes debido a enfermedades que se podrían tratar, la tercera tasa más alta entre los países analizados solo detrás de Rumanía y Sudáfrica.
Por su parte, la diputada Noemí Márquez Márquez señaló que el derecho a la salud no se limita a la existencia física de hospitales o clínicas, sino que exige de manera estricta insumos, infraestructura adecuada, mantenimiento continuo y personal suficiente para brindar una atención oportuna y digna, además de afirmar que el desabasto de medicamentos y el deterioro de las instalaciones no son fallas administrativas menores, sino omisiones institucionales que ponen directamente en riesgo vidas humanas.
La legisladora destacó que a los reclamos históricos de la ciudadanía se han sumado los propios trabajadores del IMSS, quienes alzan la voz al enfrentar a diario la impotencia de no contar con los insumos elementales para curar y salvar pacientes, al igual que criticó la postura del Gobierno Federal al responder con rechazo y simulación frente a la crisis, y cuestionó duramente las promesas incumplidas sobre contar con un sistema de salud de primer nivel.
En rectificación de hechos, la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo manifestó que se estaba sacando raja política porque quienes hicieron uso de la tribuna no hablaban de lo que se hizo años atrás, que ya se estaba haciendo un diagnóstico para escuchar las necesidades del personal, que los opositores son quienes desmantelaron al sector salud. En ese sentido, habló de los nuevos hospitales construidos y la inversión que se ha hecho en el sector salud.
En rectificación de hechos, la diputada Rocío Cervantes Barba recriminó el deterioro de las instituciones del país desde 2018, señalando que el gobierno federal desmanteló un sistema de salud que era funcional bajo el pretexto de combatir la corrupción, toda vez que las decisiones del gobierno federal condenaron a las y los mexicanos a un desabasto sistemático de medicamentos, obligándolos a recurrir al sector privado y a farmacias populares para surtir sus recetas.
El diputado Antonio Chaurand Sorzano reconoció que existen áreas de oportunidad tanto en el sistema de salud federal como en el estatal, advirtiendo que la situación actual no puede entenderse sin considerar las condiciones adversas en las que se recibió la infraestructura nacional, caracterizada por proyectos hospitalarios inconclusos y abandonados que solo sirvieron para negociar en administraciones anteriores.
El legislador destacó que reconstruir el sistema ha requerido un esfuerzo sustancial, traduciéndose en la edificación de nuevas unidades médicas, la contratación de más personal de salud y la distribución de más de 300 millones de piezas de medicamentos en el país.
Finalmente, hizo un llamado a evitar la confrontación partidista y a asumir la responsabilidad gubernamental de forma coordinada, sugiriendo esperar la estrategia que la presidenta de la República anunció para esta misma semana antes de emitir descalificaciones, con la finalidad de aportar observaciones constructivas que prioricen el bienestar y la salud de las familias mexicanas y guanajuatenses.
La legisladora María Eugenia García Oliveros retomó los logros en materia de salud y criticó la actuación del gobierno estatal de otro estado por los sucesos de represión registrados en Guadalajara contra manifestantes que exigían agua y enfatizó los logros alcanzados durante los primeros dos años de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Detalló que se han concluido 34 hospitales nuevos, que representan más de 1,800 camas instaladas y operativas, se han adquirido 15 hospitales, y se han rehabilitado 650 quirófanos, 21 de los cuales cuentan con tecnología de robótica quirúrgica para sumar 370,000 cirugías adicionales al año.
El diputado Jorge Arturo Espadas Galván calificó como insensible la postura de pedir a la ciudadanía y a las familias de niñas y niños sin medicamentos que esperen las respuestas de la Presidencia de la República mientras enfrentan emergencias de salud. Recriminó que, tras ocho años del Gobierno Federal, la retórica oficialista continúe evasiva y deslindando responsabilidades en administraciones pasadas y señaló que acusar al pasado ya no justifica el deterioro del sistema sanitario ni la falta de insumos.
El debate continuó en el que se externaron posturas a favor y en contra, en el que participaron las personas diputadas Sandra Alicia Pedroza Orozco, David Martínez Mendizábal, Miriam Reyes Carmona, Roberto Carlos Terán Ramos, Martha Edith Moreno Valencia, Antonio Chaurand Sorzano, Susana Bermúdez Cano, Rocío Cervantes Barba y Alejandro Arias Ávila.
La obvia resolución no fue aprobada, por lo que la propuesta se turnó a la Comisión de Salud Pública para su estudio y dictamen.
