Aprueban reformas en materia de simplificación, digitalización y mejora regulatoria

El Pleno de la 66 Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato aprobó las reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, con la finalidad de armonizar la normativa estatal con las adecuaciones federales y así crear la Autoridad Estatal de Simplificación y Digitalización.

Las reformas contemplan que la nueva autoridad será la dependencia encargada de colaborar con la persona titular del Poder Ejecutivo en las atribuciones, capacidades, agendas y estrategias vinculadas a la simplificación y digitalización, el desarrollo de capacidades tecnológicas públicas, así como buenas prácticas regulatorias, misma que se regirá bajo la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos.

Las modificaciones también consideran una actualización a los nombres de las secretarías que forman parte del Poder Ejecutivo; se excluye de las facultades de la Secretaría de Finanzas, de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de la Honestidad, todos los servicios vinculados con la simplificación y digitalización de trámites; junto a la ampliación de los alcances de los servicios de atención integral a la salud, especificando que estos deberán incluir acciones orientadas a recuperar, mantener o mejorar las capacidades que hayan sido perdidas o disminuidas a causa de una condición de salud.

Asimismo, se asigna a la Secretaría de la Honestidad la atribución explícita de vigilar que las dependencias y entidades cumplan con las disposiciones normativas en materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda y patrimonio; se le añaden facultades para organizar el desarrollo administrativo integral, promover la mejora operativa, evaluar procesos y servicios, y garantizar la calidad de la gestión pública.

Respecto a la anterior secretaría, se le otorga la potestad de emitir normas para el aprovechamiento eficiente de recursos humanos y patrimoniales, así como para realizar o encomendar investigaciones y estudios sobre estas materias; se incorpora la facultad de proponer criterios, emitir opiniones técnicas y formular recomendaciones sobre instrumentos administrativos, reglas de operación y lineamientos para fortalecer la eficiencia operativa y la prestación de servicios; y se suprimen las menciones directas a las inspecciones del gasto público y al apoyo técnico a los contralores municipales.

Se agrega a las facultades de la Secretaría de Derechos Humanos el coordinar a las dependencias, entidades y unidades de apoyo y colaborar con estas en el análisis, seguimiento y cumplimentación de las recomendaciones, solicitudes y declaratorias en la materia de Derechos Humanos, incluyendo aquellas que competa resolver a la persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado.

Al presentar el dictamen, el diputado Juan Carlos Romero Hicks respaldó el dictamen al catalogarlo como un modelo ejemplar del quehacer legislativo, el cual parte de un diagnóstico claro para ampliar derechos, coordinar el aparato público y brindar soluciones concretas a la ciudadanía.

El legislador repasó la secuencia normativa del proceso de simplificación administrativa, recordando que la reforma constitucional federal del 20 de diciembre de 2024 y la posterior ley nacional del 16 de julio de 2025 establecieron un mandato directo para armonizar las legislaciones locales.

Detalló que la reforma sienta dos pilares fundamentales; por un lado, otorga facultades transversales a las secretarías y entidades públicas para colaborar activamente con los municipios y los demás poderes; por otro, crea la Agencia Estatal de Simplificación y Digitalización como un órgano dotado de atribuciones específicas para acelerar la transformación digital y reducir cargas administrativas.

Concluyó afirmando que el objetivo final es consolidar un gobierno ágil, accesible, tecnológicamente eficiente y, sobre todo, empático y sensible al servicio de las personas.

Al hablar a favor, el congresista Sergio Alejandro Contreras Guerrero manifestó que el dictamen reúne varias propuestas y forma parte de una iniciativa mucho más amplia, cuyo contenido se atiende en distintos ordenamientos, y las modificaciones tienen que ver con la mejora regulatoria, la simplificación administrativa y la digitalización de contenidos.

Afirmó que la propuesta responde a una reforma constitucional en materia de la simplificación administrativa y la digitalización para incorporar en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo esta nueva figura que es la autoridad estatal de simplificación y digitalización, cuya función será conducir las tareas que antes se encontraban repartidas entre distintas dependencias, particularmente las vinculadas con trámites, servicios, regulación y herramientas tecnológicas.

El diputado enfatizó que el objetivo es que el gobierno simplifique los trámites y servicios, que se están ajustando atribuciones a las Secretarías de Finanzas, Economía y de la Honestidad para que las tareas relacionadas con la simplificación, la digitalización y las buenas prácticas regulatorias tengan finalmente una coordinación definida, pero, sobre todo, eficiente.

Finalmente, externó que quieren hacer que el derecho de petición, que es un derecho humano, sea más sencillo y ágil, por lo que el hecho de que las dependencias cuenten con los documentos y puedan compartirlos con otras para que se acorten los tiempos y, con esto, el gobierno pueda utilizar la información, facilitará los servicios.

“Guanajuato tendrá una dependencia con responsabilidades claras para simplificar los trámites y digitalizar los servicios, obligando a todas las autoridades a trabajar de una manera coordinada, transversal y eficiente”, concluyó.

El dictamen fue aprobado por unanimidad de votos.