Con el objeto de sancionar penalmente al que dolosamente realice una llamada dando aviso de una emergencia falsa, con el fin de provocar la movilización de los servicios de emergencia para atenderla, el diputado Sergio Alejandro Contreras Guerrero presentó una iniciativa de reforma al Código Penal estatal.
Al dar lectura a la exposición de motivos de la propuesta, el congresista indicó que las llamadas falsas o de broma representan un grave riesgo para la seguridad pública porque desvían recursos humanos, materiales y financieros que deberían destinarse exclusivamente a atender urgencias reales.
Externó que cuando el sistema de emergencias procesa y responde a un reporte ficticio, se saturan las líneas y se pierde tiempo invaluable que podría significar la diferencia entre la vida y la muerte para alguien que se encuentra verdaderamente en peligro, generando además un desgaste operativo y económico injustificable para la administración pública.
Apuntó que, desde una perspectiva cívica y normativa, la falta de consecuencias ante esas acciones fomenta una cultura de irresponsabilidad que entorpece gravemente la labor del Estado en la protección de sus habitantes.
Contreras Guerrero comentó que, si bien un porcentaje considerable de esos incidentes responde a la falta de concientización ciudadana, existe una dimensión de extrema gravedad que vulnera directamente la estabilidad del Estado, que es el uso táctico de las redes de emergencia por parte de grupos delictivos.
El legislador afirmó que, para esas organizaciones, las llamadas falsas son un instrumento para manipular el despliegue de las fuerzas del orden, ya que mediante el reporte de incidentes ficticios de alto impacto (supuestos enfrentamientos, rescates o accidentes graves en zonas geográficamente opuestas), los delincuentes provocan el traslado masivo y urgente de patrullas, ambulancias y personal de auxilio, o buscan saturar las líneas telefónicas.
En ese sentido, detalló que eso genera puntos ciegos deliberados, desprotegiendo sectores estratégicos y otorgando a los infractores el tiempo y la ventana de impunidad necesarios para consumar actos ilícitos, sin el riesgo de una intervención oportuna por parte de las autoridades.
Contreras Guerrero subrayó que más alarmante es el uso de esos reportes falsos como mecanismos de emboscada, por lo que sancionar penalmente esas conductas trasciende solo la optimización de recursos administrativos; es una medida para proteger a los elementos de seguridad y garantizar que el sistema de emergencias no sea utilizado como un arma contra el propio Estado.
El congresista resaltó que clasificar y sancionar esas conductas resulta tanto urgente como indispensable, ya que se debe dotar a las instituciones de herramientas jurídicas efectivas para inhibir el mal uso de las redes de auxilio y garantizar que el derecho de la ciudadanía a recibir atención oportuna no sea vulnerado.
La propuesta precisa que, a quien utilice el servicio telefónico fijo o celular, internet, radio o cualquier medio de comunicación masiva para dar aviso de alarma o emergencia falsa, provocando con ello la movilización o presencia de los servicios de emergencia, protección civil, bomberos o elementos de las corporaciones de seguridad pública, o provoque caos o inseguridad social, se le impondrá de dos meses a dos años de prisión y de cincuenta a cien días de multa y el delito se perseguirá por querella.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.
