La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales realizó tres mesas de trabajo para el análisis de diferentes iniciativas en materia de procesos legislativos, tarifas de transporte público y premios al mérito ciudadano.
Procesos legislativos
El primer análisis fue para la iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado de Guanajuato, a fin de lograr que toda iniciativa cumpla con el proceso legislativo completo, evitando que quede como no sancionada.
Se consideró viable la iniciativa al estimarla congruente con el marco constitucional federal reformado en 2011; se advirtió que la redacción propuesta podría generar tensiones interpretativas que invadieran la esfera de competencia del Poder Ejecutivo o dejaran vacíos respecto al refrendo de los actos; se sugirió adecuar el texto para establecer que, una vez vencido el plazo sin que existan observaciones y teniéndose la ley por no vetada y promulgada, la Presidencia de la Mesa Directiva o de la Diputación Permanente quede facultada para instruir directamente su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Entre las recomendaciones destacan la ampliación del plazo otorgado al Ejecutivo para formular observaciones, superando el límite actual de diez días hábiles a fin de permitir análisis exhaustivos frente a la aprobación de paquetes fiscales o cierres de periodos de sesiones y la fijación de un segundo término preciso de promulgación y publicación, tras el cual se detonará de manera automática la facultad de la directiva del Congreso para ordenar la publicación en el Periódico Oficial sin requerir promulgación del Ejecutivo.
Al hacer uso de la voz, la diputada María Eugenia García Oliveros expuso que la propuesta pretende otorgar facultades expresas al Congreso del Estado para ordenar la publicación directa de leyes y decretos en el Periódico Oficial ante la inacción prolongada del Ejecutivo y agregó la necesidad de corregir el vacío actual en la Constitución local que ayudará a garantizar que ningún proyecto aprobado quede en la indefinición jurídica.
En su intervención, el legislador Juan Carlos Romero Hicks celebró que exista coincidencia en el propósito de fondo de la iniciativa para regular el veto constitucional, destacando la actitud abierta de la iniciante para perfeccionar los detalles técnicos en el proceso legislativo, además de precisar que este ya opera a nivel federal, donde el Ejecutivo cuenta con 30 días naturales para formular observaciones y 10 días adicionales para promulgación y publicación; vencido dicho plazo sin actuación del Ejecutivo, la norma se tiene por promulgada y la Presidencia de la Cámara de origen queda facultada para instruir directamente su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Tarifas de transporte público
La segunda mesa discutió la propuesta que busca modificar la Constitución Política del Estado de Guanajuato, a fin de proteger la economía de las personas usuarias de transporte público al vincular la tarifa con criterios sociales y subsidios públicos, garantizando accesibilidad, equidad e inclusión.
Se dijo que la iniciativa analizada no resulta viable por contravenir el marco constitucional y generar un retroceso de 25 años en el fortalecimiento del municipio libre; se explicó que otorgar nuevamente al Estado el control directo del servicio rompería con la distribución de competencias consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Particular del Estado de Guanajuato, siendo normas que reconocen la facultad de los Ayuntamientos para prestar el servicio público de transporte urbano y suburbano; y se recordó que la propia Carta Magna exige una solicitud previa aprobada por las dos terceras partes del Ayuntamiento para que el Estado asuma una función municipal, por lo que una transferencia unilateral vulneraría la autonomía administrativa local.
Se agregó que la implementación de un cambio estructural de esta naturaleza traería consigo graves repercusiones sociales, afectando la continuidad del servicio y compromisos legales previamente adquiridos con terceros; se informó que los ayuntamientos con alta demanda de movilidad como León, Celaya e Irapuato, además de Jaral del Progreso, manifestaron explícitamente que la iniciativa no es viable; municipios como Jerécuaro propusieron mantener la atribución municipal respaldada con subsidios estatales; mientras que una amplia mayoría de las alcaldías se limitó a darse por enterada o no emitir observaciones, contando únicamente con la opinión favorable del municipio de Romita.
Al hacer uso de la voz, el diputado Rodrigo González Zaragoza sostuvo que la iniciativa busca transitar hacia un esquema de facultades concurrentes entre el Gobierno del Estado y los Municipios en la fijación de tarifas, devolviendo al Estado un rol activo para democratizar y transparentar dichos procedimientos y destacó la conveniencia de establecer un nuevo modelo de tarifa social mediante subsidios focalizados para estudiantes, personas con discapacidad, adultos mayores, jefas de familia e infancias, afirmando que este enfoque puede sentar un precedente a nivel nacional para garantizar un servicio de transporte público más eficiente, accesible y económico.
En su intervención, la legisladora Sandra Alicia Pedroza Orozco manifestó que la propuesta busca eliminar un candado normativo que actualmente obstaculiza el avance de reformas integrales en la Comisión de Movilidad, junto a que Guanajuato es una de las pocas entidades federativas que asigna de manera exclusiva la operación del transporte público urbano y suburbano a los Ayuntamientos, por lo que la derogación no pretende excluir a los municipios, sino transitar hacia un esquema de corresponsabilidad con el Gobierno del Estado.
Por su parte, la congresista Susana Bermúdez Cano enfatizó la importancia de tomar en cuenta las opiniones emitidas por los propios Ayuntamientos en el proceso de consulta legislativa y celebró que en las mesas de trabajo de la Comisión de Movilidad se continúen explorando diversos mecanismos técnicos y esquemas normativos para hacer más eficiente el servicio de transporte público, aunado a que el análisis exhaustivo en dicha comisión permitirá identificar las bases adecuadas para realizar reformas secundarias y canalizar apoyos estatales sin necesidad de romper el orden constitucional ni vulnerar las competencias de los municipios.
Finalmente, el diputado Juan Carlos Romero Hicks reconoció que existe un diagnóstico compartido en el sentido de que el esquema actual de movilidad no está entregando los resultados que la población exige, por lo que el debate no debe cerrarse de manera tajante, sino mantenerse abierto a través de mesas de trabajo y asesoría técnica, además de enfatizar que la solución requiere una revisión integral que contemple reformas legislativas, la redefinición de políticas públicas y el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.
Mérito ciudadano
El tercer análisis correspondió a la iniciativa de reforma a la Ley de Premios y Estímulos al Mérito Ciudadano para el Estado de Guanajuato con el objetivo de que el Premio Estatal al Periodismo lleve el nombre de la destacada escritora y periodista guanajuatense María Luisa “La China” Mendoza.
Los asistentes a la mesa de trabajo expresaron una postura unánime a favor de la viabilidad de la iniciativa, destacando que renombrar el galardón como Premio Estatal al Periodismo lleve el nombre de María Luisa "La China" Mendoza Romero rinde un merecido homenaje a una de las escritoras, periodistas y diputadas más prominentes de la entidad, al tiempo que contribuye a visibilizar y enaltecer el papel histórico de las mujeres en las letras y el periodismo; resaltaron que la propuesta se alinea con la práctica del Congreso del Estado de nominar sus preseas con figuras emblemáticas, pues actualmente, cuatro de los diez galardones de la Ley de Premios y Estímulos al Mérito Ciudadano llevan nombres ilustres como Miguel Hidalgo y Costilla, Alfredo Dugès, Diego Rivera y Emma Godoy Lobato, sumándose esta iniciativa a otros referentes estatales de reconocimientos literarios como los premios Jorge Ibargüengoitia, Efrén Hernández y Efraín Huerta.
También, valoraron la figura de «La China» Mendoza como una voz crítica, aguda e influyente del siglo XX que abrió espacios para las mujeres en el periodismo y la literatura, además de resaltar su labor en publicaciones como El Universal, Excélsior, El Día, Zócalo, Cosmopolitan y Vanidades se reconoció como un estándar de excelencia y rigor profesional para las nuevas generaciones; asimismo, se sugirió que, en caso de aprobarse, el Congreso promueva una publicación o edición conmemorativa de su obra periodística para difundir su pensamiento entre la ciudadanía.
Al hacer uso de la voz, la diputada Rocío Cervantes Barba la legisladora dio lectura a un fragmento con el que la escritora retrató la matanza de Tlatelolco, destacando su capacidad para capturar el dolor, la indignación y la memoria colectiva del país a través de la crónica y enfatizó que asignar su nombre al galardón estatal de periodismo representa una reivindicación de los valores fundamentales del periodismo, convirtiendo la presea en un referente de inspiración y un homenaje permanente a su legado en las letras y la libertad de expresión.
En su intervención, la legisladora Susana Bermúdez Cano mostró su respaldo a la propuesta, destacando el valor de “La China” Mendoza por haber derribado barreras sociales y de género en una época compleja para la participación de las mujeres en la opinión pública, además de resaltar la trascendencia pedagógica e inspiradora de nombrar las preseas estatales en honor a personalidades con nombre y apellido, toda vez que este tipo de homenajes permite a la ciudadanía, y en particular a las nuevas generaciones de profesionales, percibir los grandes logros como metas alcanzables a través del esfuerzo y el talento.
Finalmente, el congresista Juan Carlos Romero Hicks expresó que María Luisa “La China” Mendoza Romero se reconoce como una mujer de vanguardia que rompió barreras, abriendo camino al derribar estereotipos y obstáculos estructurales, además de destacar que de su autoría emana la emblemática frase del “orgullo de la guanajuateidad”, expresión que sintetiza la identidad, pertenencia y el valor cultural que Guanajuato representa para sus habitantes.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas María Eugenia García Oliveros, Susana Bermúdez Cano y Sandra Alicia Pedroza Orozoco; así como los diputados Juan Carlos Romero Hicks y Rodrigo González Zaragoza.
Acompañados por representantes de la Consejería Jurídica del Ejecutivo; Secretaría de Gobierno; Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato; asesores de diferentes grupos parlamentarios; y personal de las distintas áreas del Congreso del Estado de Guanajuato.
