En su primera sesión ordinaria del último año de la 66a. Legislatura, el Pleno del Congreso local aprobó la modificación de la integración de las comisiones de Asuntos Municipales, Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, para las Juventudes y Deporte, Turismo y Salud Pública.
Comisión de Asuntos Municipales se integra el diputado Aldo Iván Márquez Becerra como secretario, en lugar del diputado Óscar Enrique González Espinosa.
Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables se integran las personas diputadas Juan Carlos Romero Hicks y Luz Itzel Mendo González como vocales, en lugar de las personas diputadas Ana María Esquivel Arrona y Óscar Enrique González Espinosa.
Comisión para las Juventudes y Deporte se integra el diputado Aldo Iván Márquez Becerra como vocal, en lugar del diputado Óscar Enrique González Espinosa.
Comisión de Turismo se integra el diputado Aldo Iván Márquez Becerra como secretario, en lugar del diputado Óscar Enrique González Espinosa.
Comisión de Salud Pública se integra la diputada Ana María Esquivel Arrona como vocal en lugar de la diputada Luz Itzel Mendo González.
Además, se avalaron los dictámenes relativos a los informes de resultados de las evaluaciones al desempeño sobre la percepción ciudadana de la calidad de los servicios públicos municipales denominada ¿Cómo Andamos Guanajuato? Practicadas a las administraciones municipales de Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande y Atarjea, todos correspondientes al ejercicio fiscal 2024.
También, se aprobaron los informes de los conceptos generales de los estados financieros de los recursos presupuestales y de las transferencias y ajustes presupuestales del Poder Legislativo del Estado, correspondientes al periodo comprendido del 1 al 31 de mayo, del 1 al 30 de junio, del 1 al 31 de julio y del 1 al 31 de agosto del año en curso.
Otros asuntos
Como parte del orden del día se dio cuenta con el informe de la Diputación Permanente sobre los trabajos realizados durante el segundo receso, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la LXVI Legislatura.
A la Comisión de Hacienda y Fiscalización se turnaron los informes de resultados formulados por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato de la evaluación al desempeño municipal sobre la percepción ciudadana respecto a la calidad de los servicios públicos de Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Atarjea, Celaya, Comonfort, Coroneo, Cortazar, Cuerámaro, Doctor Mora, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, Huanímaro, Irapuato, Jaral del Progreso, Jerécuaro, León, Manuel Doblado, Moroleón, Ocampo, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Purísima del Rincón, Romita, Salamanca, Salvatierra, San Diego de la Unión, San Felipe, San Francisco del Rincón, San José de Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Santa Cruz de Juventino Rosas, Santiago Maravatío, Silao de la Victoria, Tarandacuao, Tarimoro, Tierra Blanca, Uriangato, Valle de Santiago, Victoria, Villagrán, Xichú y Yuriria, Gto.
Asuntos generales
La diputada María Eugenia García Oliveros se pronunció en contra de la negativa a someter a discusión en el Pleno la despenalización del aborto y señaló que la falta de legislación en el tema constituye una omisión institucional que da la espalda a los derechos de las mujeres y desatiende los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Finalmente, expuso la urgencia de despenalizar la interrupción del embarazo frente a la problemática de salud pública que representan los más de cuatro mil casos de maternidad infantil y adolescente registrados en Guanajuato.
Por su parte, la congresista Rocío Cervantes Barba se refirió a la muerte de tres elementos de seguridad en Comonfort y expresó su solidaridad con sus familias, compañeras y compañeros. Habló de la enorme responsabilidad que enfrentan ante amenazas cada vez más graves y resaltó que cuidarlos significa reconocer el riesgo real de su trabajo y garantizar que cuenten con protocolos, capacitación y coordinación adecuada.
En su oportunidad, la legisladora Sandra Alicia Pedroza Orozco expresó que calificar a Guanajuato como una entidad “provida” resulta contradictorio e inexacto frente a la alta incidencia de maternidad infantil forzada y a un contexto de violencia de género caracterizado por elevados índices de homicidios dolosos contra mujeres, violaciones, violencia familiar e incumplimiento de obligaciones alimentarias; e instó a las y los ministros del máximo tribunal del país a declarar la inconstitucionalidad de los artículos del Código Penal del Estado de Guanajuato que sancionan la interrupción del embarazo, tal como ha ocurrido en otras 24 entidades federativas.
En rectificación de hechos, el diputado Rolando Fortino Alcántar Rojas precisó que no existe ni ha existido una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que en un plazo se reformen las leyes o la Constitución en la entidad.
Al hacer uso de la voz, la congresista Luz Itzel Mendo González se pronunció a favor de la protección de la vida desde la concepción, situación que conlleva la responsabilidad de responder a las situaciones de dolor, miedo y vulnerabilidad mediante un acompañamiento institucional integral hacia las mujeres, garantizando alternativas reales para que ninguna persona enfrente un embarazo en condiciones de desesperación o abandono.
Reconoció que el cauce jurídico continuará en las instancias correspondientes respecto a la conclusión del plazo fijado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y manifestó su respeto hacia la pluralidad de opiniones en el marco de la convivencia democrática.
La legisladora María Isabel Ortiz Mantilla indicó que en su partido político la base es el derecho a la vida, el primer derecho que tenemos todas y todas, dijo, y que van de la mano dos premisas claras: ninguna mujer sola, ninguna vida descartada. Argumentó que el amparo protege solo a quienes lo promovieron, pero no hay una declaratoria general de inconstitucionalidad ya resuelta.
En rectificación de hechos, la congresista Sandra Alicia Pedroza Orozco indicó que lo que ella solicitó es que se emita la declaratoria de inconstitucionalidad.
En su intervención, la diputada Noemí Márquez Márquez mencionó que la vida no representa una concesión del Estado ni una prerrogativa sujeta a voluntades individuales o mayorías coyunturales, sino que es un derecho inherente a la persona que constituye el principio, centro y fin de la acción pública y la condición indispensable para el ejercicio de todos los demás derechos.
Añadió que someter la vida humana al arbitrio discrecional del Estado o de terceros vulnera el sentido de justicia e invalida la lógica de un auténtico estado social y democrático de derecho e indicó que la defensa de la vida trasciende el ámbito puramente normativo y exige asumir un compromiso ético articulado en políticas públicas subsidiarias, integrales y empáticas.
Por su parte, el diputado Jesús Hernández Hernández expuso que en la unidad médica de atención 55 de León, el elevador lleva más de 20 días sin funcionar y pacientes con sillas de ruedas deben ser trasladados en las escaleras de manera insegura, por lo que externó que se busca que la institución cumpla con su responsabilidad y las personas sean atendidas con dignidad.
El congresista Jorge Arturo Espadas Galván se pronunció a favor del avance del proyecto de infraestructura hídrica para la entidad, subrayando que garantizar el acceso al agua es la base para el desarrollo, la certeza y el futuro de las familias guanajuatenses.
Destacó que el suministro hídrico constituye un derecho humano fundamental que no debe politizarse ni utilizarse con fines partidistas, y que, si bien la construcción de un acueducto se mantiene como una alternativa viable, es indispensable reforzar la responsabilidad de los organismos operadores municipales.
En su oportunidad, el legislador Antonio Chaurand Sorzano sugirió que este mes de octubre se ilumine el edificio de rosa en el marco de la conmemoración de la Lucha contra el Cáncer de Mama.
Al hacer uso de la tribuna, el diputado Ernesto Millán Soberanes habló sobre la detención de cinco jóvenes de la Universidad de Guanajuato y el exceso en el uso de la fuerza por parte de elementos de la policía municipal, omitiendo los protocolos correspondientes, y reafirmó su postura de rechazo a esos acontecimientos y sostuvo que lo ocurrido no puede ni debe normalizarse en ninguna circunstancia.
Finalmente, la legisladora Sandra Alicia Pedroza Orozco se pronunció en relación con las agresiones sufridas por estudiantes de la Universidad de Guanajuato a manos de elementos policiales en la capital, llamando a no reducir el suceso a la indignación mediática coyuntural ni a la responsabilidad individual de los involucrados.
Concluyó diciendo que es necesario dejar de concebir a Guanajuato únicamente como una ciudad turística y comenzar a gobernarla bajo el concepto de una
