La nueva licencia solicitada por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no sólo representa un movimiento administrativo en medio de una crisis política: para el obispo de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, es también el reflejo de problemas de fondo que las instituciones no han logrado atender suficientemente.
Durante su conferencia de prensa de este domingo, el prelado consideró que la decisión del mandatario sinaloense genera inquietudes, particularmente después del breve episodio que significó su regreso al cargo y su posterior decisión de separarse nuevamente.
“Yo creo que es el reflejo de situaciones a las que no queríamos hacerles frente”, señaló Díaz Díaz, al referirse al complejo escenario político que rodea a Rocha Moya.
El obispo puso énfasis en la contradicción que supone que el gobernador haya regresado al Ejecutivo estatal después de más de tres meses de licencia y, apenas unas horas después, optara nuevamente por solicitar su separación.
“Entonces ha recibido mucha oposición este regreso y después está la decisión de dejar y todo mundo nos preguntamos qué hay detrás de todo esto, si hay fracturas, si no hay apoyo, si hay complicidad o qué hay”, expresó.
Para Díaz Díaz, más allá de las decisiones personales de un gobernante, el episodio obliga a preguntarse qué está ocurriendo dentro de las instituciones y cuáles son las circunstancias que llevaron a Rocha Moya a regresar al cargo para después volver a solicitar licencia.
Una crisis que escaló en apenas 34 horas
El señalamiento del obispo ocurre después de uno de los episodios políticos más inusuales de los últimos días.
Rocha Moya había solicitado licencia el pasado 1 de mayo y permaneció 112 días separado de la gubernatura, periodo durante el cual la secretaria general de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, asumió como gobernadora interina por disposición del Congreso estatal.
El viernes 21 de agosto, el mandatario anunció su reincorporación al cargo y sostuvo que regresaba “con la frente limpia y en alto”, después de haberse puesto a disposición de la Fiscalía General de la República para atender las investigaciones relacionadas con los señalamientos formulados por autoridades estadounidenses.
Pero el regreso duró poco.
En medio de las reacciones políticas provocadas por su decisión, Rocha Moya presentó el sábado una nueva solicitud de licencia temporal, ahora con carácter indefinido y por un periodo superior a 30 días.
Este domingo, la Diputación Permanente del Congreso de Sinaloa aprobó por unanimidad la nueva licencia y turnó el procedimiento correspondiente para definir a quien ocupará provisionalmente el Ejecutivo estatal.
La propia Presidencia de la República calificó la separación como una decisión conveniente para Sinaloa. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la salida del gobernador era “lo mejor” para la entidad.
El trasfondo que vuelve incómodo el caso
El episodio no puede desligarse de los señalamientos formulados por autoridades estadounidenses contra Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con una estructura delictiva relacionada con el Cártel de Sinaloa.
Rocha Moya ha rechazado categóricamente las acusaciones y sostiene que carecen de fundamento. Durante su periodo de licencia compareció ante autoridades mexicanas y, al anunciar su regreso, afirmó que la investigación de la Fiscalía General de la República no había encontrado elementos que acreditaran su participación en conducta delictiva.
La Secretaría de Gobernación, por su parte, señaló que el regreso de Rocha había sido una determinación personal y confirmó que las investigaciones de la FGR permanecían abiertas.
El partido Morena también se deslindó de la decisión de regresar al cargo, al señalar que no tuvo conocimiento previo de la determinación y que las investigaciones y el debido proceso debían respetarse.
Es precisamente en este terreno donde las palabras del obispo adquieren mayor peso político: no acusa directamente al gobernador ni da por acreditados los señalamientos en su contra, pero sí plantea la necesidad de conocer qué factores políticos e institucionales explican una sucesión tan acelerada de decisiones.
“Servir al pueblo y no servirse del poder”
Díaz Díaz aprovechó también para llevar la discusión hacia una cuestión más amplia: el sentido del ejercicio del poder público.
Ante la definición de nuevos perfiles para ocupar cargos públicos, el obispo llamó a quienes aspiran a gobernar a asumir una auténtica vocación de servicio.
“Ojalá sea servicio al pueblo y no servirse del poder”, concluyó.
La frase resume el sentido de su intervención: más que entrar al terreno partidista, el obispo colocó el caso Rocha Moya como un síntoma de una discusión mayor sobre la responsabilidad de las instituciones, la transparencia de las decisiones políticas y la obligación de quienes ejercen cargos públicos de rendir cuentas a la ciudadanía.
No es la primera ocasión en que el prelado de Irapuato aborda el expediente sinaloense.
En mayo, cuando apenas comenzaban a escalar los señalamientos estadounidenses, Díaz Díaz ya había advertido que México debía mirar hacia sus propios problemas y no limitar la discusión a un conflicto de soberanía con Estados Unidos. Entonces reclamó que, si existía corrupción dentro de las autoridades, ésta debía reconocerse y esclarecerse a fondo.
Tres meses después, el caso vuelve a colocar esas preguntas sobre la mesa.
¿Qué hay detrás del regreso fugaz de Rocha Moya? ¿Qué motivó su nueva salida? ¿Existen fracturas internas, falta de respaldo político o simplemente una decisión personal ante un escenario cada vez más complejo?
El obispo no ofrece una respuesta. Pero sí plantea las preguntas que ahora deberán responder las instituciones.
