La deuda pública de México está muy cerca de rebasar 60% del Producto Interno Bruto (PIB), con lo que el país posiblemente perdería el grado de inversión que conserva actualmente, consideró el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).
De acuerdo con el análisis del organismo, el problema se ha construido durante los últimos 25 años. En ese periodo, la deuda pública respecto al tamaño de la economía mexicana creció 24 puntos porcentuales.
En el año 2000, el cociente de deuda pública respecto al PIB representaba 29%; para el cierre de 2025 ya se había elevado hasta 53%. La perspectiva es que el ascenso continuará y, en poco tiempo, romperá la barrera del 60 por ciento.
Una deuda de esa magnitud podría llevar a México a perder el grado de inversión, que es el sello de confianza que permite al país conseguir financiamiento en mejores condiciones en los mercados.
“Con lo que posiblemente se perdería el grado de inversión del que goza actualmente, elevando el costo del crédito de la economía mexicana y generando turbulencia financiera innecesaria”, señaló Mauricio González, integrante del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF y socio fundador de GEA Grupo de Economistas y Asociados.
Para el experto, el problema es que el endeudamiento creciente dejó de ser una situación extraordinaria y “se ha vuelto una condición crónica de las finanzas gubernamentales”.
Incluso, consideró que existe ya una necesidad del gobierno de “endeudarse para pagar los intereses de sus pasivos y algo más”.
A esta presión se suma Pemex, cuyo modelo operativo absorbe más recursos financieros de los que genera, por lo que mantener a la petrolera representa otra carga para unas finanzas públicas que, al mismo tiempo, tienen que encontrar recursos para solventar el resto de los gastos del país.
Gasto público
El otro problema está en cuánto gasta el gobierno y, sobre todo, en qué tanto de ese dinero ya está comprometido antes de poder decidir qué hacer con él.
Durante el periodo de 2000 a 2006, el gasto público total representó en promedio 19% del PIB, para 2025, ya había cerrado en 27.2 por ciento.
Pero de ese gasto, aproximadamente 68% se encuentra comprometido en una combinación de obligaciones que el gobierno difícilmente puede dejar de cubrir. Ahí entran las pensiones, el servicio de la deuda pública y las participaciones que deben entregarse a estados y municipios.
