Detenido Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, por ocultar evidencia del ‘caso Ayotzinapa’

La Fiscalía General de la República (FGR) ha detenido este jueves en el Estado de México al exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, por encubrir información relevante sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En un nuevo rumbo de las pesquisas, la Fiscalía acusa a Aguirre por los delitos de obstrucción a la justicia y de desaparición forzada de personas. Las pruebas tapadas por el exgobernador incluyen un video captado por las cámaras de vigilancia del palacio de justicia en Iguala, en el que se registró el momento en que el autobús donde viabajan los 43 estudiantes fue detenido por policías municipales y estatales, la noche del 26 de septiembre de 2014.

La Fiscal general Ernestina Godoy ha detallado que el Gobierno de Aguirre negó la existencia del video “por fallas técnicas” en las cámaras, pero fue conocido por las autoridades gracias a un testigo colaborador que apuntó en 2023 a una tercera persona encargada de sustraer la cinta para entregarla al entonces mandatario. La versión ha sido confirmada este año por un testigo más, que especificó que fue Aguirre quien ordenó “desaparecer cualquier evidencia”, en una reunión con mandos de alto nivel de su Gobierno. “El ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del poder ejecutivo estatal”, ha acusado Godoy. La FGR ha informado de que la aprehensión forma parte de un “nuevo modelo de investigación” y el “reanálisis de las actuaciones existentes”, en el caso ocurrido en septiembre de 2014, en uno de los episodios más traumáticos del país.

Aguirre Rivero (Omotepec, Guerrero, 70 años), licenciado en economía por la UNAM, inició su carrera política en la década de los setenta en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Con ese partido fue gobernador del Estado por primera vez entre 1996 y 1999 cuando sustituyó a Rubén Figueroa Alcocer por la masacre de Aguas Blancas. Ganó las elecciones en 2011 para un segundo mandato, en esa ocasión como parte de la coalición Guerrero nos Une del Partido Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT). Aguirre se separó del cargo tras los hechos de Ayotzinapa.

En otros movimientos recientes alrededor del caso, dos semanas atrás, un juez cambió la prisión domiciliaria por un grillete electrónico con restricción de movilidad al exprocurador federal Jesús Murillo Karam, acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia en el caso Ayotzinapa. El priista fue encarcelado en 2022, pero su defensa consiguió la prisión domiciliaria. El mismo día, otro juez condenó a 105 años de prisión a Santiago El carrete Mazari, exlíder del grupo criminal Los Rojos, por secuestro y delitos contra la salud. Mazari fue uno de los narcos locales a los que las familias de los jóvenes pidieron ayuda en 2015 para tratar de revelar detalles de lo ocurrido, cuando desconfiaban de las versiones oficiales.

La manipulación de las investigaciones en el caso Ayotzinapa se remonta al sexenio de Enrique Peña Nieto. Su Gobierno (2012-2018) armó un relato de que el grupo criminal Guerreros Unidos había matado y quemado a los estudiantes en un basurero en Cocula, cerca de Iguala, una versión que después fue refutada.

La falta de resolución continuó en la siguiente gestión por la férrea oposición del Ejército a ser investigado en el periodo de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quien prometió a las familias de las víctimas que haría todo porque se conociera la verdad. El pasado 2 de julio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación que suaviza la participación del Ejército. En ella señala que la mayor responsabilidad del crimen recae en las corporaciones policiacas de los municipios de Iguala, Cocula, Huitzuco, Taxco, Ixcateopan y Tepecoacuilco, coludidas con Guerreros Unidos. Además, afirma que no existen pruebas directas que acrediten que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), o el 27 Batallón diseñaran, ordenaran o ejecutaran un plan de desaparición o exterminio de los normalistas. A casi 12 años del ataque, las dudas siguen dominando el paisaje.