El millonario monopolio de los chalecos antibalas en tiempos del general Sandoval

Un conglomerado de siete empresas ganó por lo menos 13 contratos de la Secretaría de la Defensa (DEFENSA) por 1.495 millones de pesos, unos 85 millones de dólares, simulando competencia entre ellas para asegurar su victoria en las licitaciones, durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). Las empresas obtuvieron contratos para suministrar chalecos antibalas y otro equipamiento militar entre 2020 y 2024, tiempo en que el jefe máximo del Ejército era el general Luis Cresencio Sandoval. Una de las empresas de la red, que ganó una licitación en 2022, Protective Materials Technology (Promatech), fue noticia hace unos años por venderle un departamento de lujo a Sandoval a un tercio del precio de mercado.

Constituida en 2001 por las hijas de otro jefe militar, Promatech ganó la licitación en 2022 para proveer “juegos de placas balísticas”, necesarias para chalecos antibalas, por un monto de 319 millones de pesos, unos 16.5 millones de dólares. En la licitación, abierta en 2021, se presentaron otras tres empresas. Al menos dos de esas tres eran también parte del conglomerado societario. La colusión entre las firmas trascendió a los procesos de contratación. Promatech, un mes después de haber ganado esta licitación, pagó 13 millones de pesos a la empresa matriz del conglomerado, PQ Servicios e Infraestructura, para obtener el material que se había comprometido a suministrar al Ejército, bajo la denominación “fibras aramídicas plastificadas”.

EL PAÍS tiene copia de la factura de pago de Promatech a PQ Servicios e Infraestructura, que no había sido divulgada hasta ahora. Este diario posee igualmente copias de los registros de estas y el resto de las empresas ante la Secretaría de Economía. Los registros muestran que cinco de las siete comparten socios y domicilios, mientras que las otras dos, entre ellas Promatech, han compartido licitaciones y tienen, como en el caso de Promatech con PQ, intercambios comerciales sospechosos. La simulación de competencia es una práctica ilegal en la que empresas vinculadas fingen competir en un proceso de contratación pública para maximizar sus posibilidades de ganar.

EL PAÍS se ha puesto en contacto con la DEFENSA y con las empresas para pedir postura sobre esta información. Un vocero de la Secretaría no respondió a las preguntas de qué ha hecho la dependencia para remediar la simulación. De las empresas, solo contestó una, Mex-Msf-Mco, que dijo: “[La empresa] ha participado en procesos de licitación pública en los que también concursó PQ Servicios e Infraestructura, como lo hacen múltiples empresas del sector. Eso es todo lo que nos une: la competencia legítima en procedimientos abiertos. No existe entre ambas compañías ninguna relación comercial, societaria ni de ninguna otra índole”.

El conglomerado de los chalecos antibalas tiene su origen en 2008, cuando Cesáreo José Quintana y su hermano José Eduardo crearon la empresa México Montecitos, dedicada a fabricar, importar y distribuir “todo tipo de bienes”. El hijo del primero, Pedro Javier, heredaría la empresa 13 años más tarde, a la muerte de los fundadores. Entre medias, el joven Quintana levantó su imperio. En 2010, creó PQ Servicios e Infraestructuras, la matriz de su futura red empresarial. Colaboradores mediante, en 2013 nacía Distribuidora Izztar y en 2018, Distribuciones Orval. Aunque con socios distintos, las tres comparten domicilios. Poco antes de morir, Quintana padre y apoderados de su empresa, México Montecitos, crearon Mex-Msf-Mco.

Cuando se analizan al detalle los procesos de licitación, se observan anomalías que se consideran banderas rojas en las contrataciones públicas. Hay empresas del grupo que, pese a no haber logrado un solo contrato, siguen presentándose. PQ Servicios e Infraestructura ha ganado varias licitaciones por default, ya que nadie más se presentó pese a ser contratos millonarios.

La simulación de los chalecos antibalas

En al menos 13 licitaciones públicas entre 2020 y 2024, publicadas por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, las empresas vinculadas con Pedro Javier Quintana Yáñez y su grupo simularon competir entre ellas para asegurarse que 1.495 millones de pesos acabaran en sus arcas. El objetivo de los contratos era suministrar material de protección como “placas balísticas Stand Alone”, “viseras y gorras”, “equipo de campaña” y “avíos para vestuario”. La simulación de competencia es una práctica ilegal en la que empresas vinculadas fingen competir en un proceso de contratación pública para maximizar sus posibilidades de ganar o inflar los precios.

El primer procedimiento donde se ve este modo de operación fue en 2020, concretamente la licitación pública E209-2020 para la “adquisición de placas balísticas Stand Alone Nivel Especial FAVE01-01”. En total, nueve empresas diferentes se presentaron para suministrar, en dos partidas, un total de 35.000 placas de protección balística autónoma. Tres de ellas, KGB Servicios de Protección Integral, México Montecitos y Prospective Materials Technology, están vinculadas al grupo.

De las nueve empresas, solo pasó la criba de los requisitos técnicos México Montecitos, siendo el resto descalificadas. El Centro Global Anticorrupción en Infraestructura, un grupo de expertos especializado en este campo considera sospechosas este tipo de prácticas. “El proceso de precalificación y licitación puede ser corrompido para dar ventaja a los contratistas favoritos”, y cita ejemplos como “rechazar a otros licitadores potenciales que estén debidamente calificados a fin de mejorar las perspectivas del licitador preferido” o “manipular la evaluación de la oferta otorgando puntos injustificados al licitador preferido o deduciendo puntos injustificadamente de los competidores”.

Otra muestra es un procedimiento de 2022, también para la “adquisición de placas balísticas Stand Alone nivel especial” para la Guardia Nacional. En total, seis empresas diferentes se presentaron a esta licitación, dos de ellas vinculadas al grupo, y la única que “cumplió técnicamente” fue KGB Servicios de Protección Integral, que se llevó las dos partidas por 286 millones de pesos. Un tercer ejemplo ocurrió en 2023, en el que tres empresas relacionadas, Distribuidoras Orval, Distribuidora Izztar y PQ Servicios e Infraestructura, se presentaron a diversas partidas y lograron llevarse, entre todas, 51 millones de pesos. El último proceso fue en 2024, donde se presentaron al mismo concurso Distribuidoras Orval y PQ Servicios e Infraestructura, obteniendo un total de 93 millones de pesos para suministrar “materia prima para la producción de cascos antifragmento”.