La Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables llevó a cabo una mesa de trabajo para analizar una iniciativa de reforma a la Ley para la Protección de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, a fin de fortalecer la representación de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en el Consejo Consultivo de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado.
Al dar la bienvenida, la diputada Plásida Calzada Velázquez, presidenta de la comisión, destacó que el objetivo del encuentro es escuchar opiniones técnicas y jurídicas que permitan enriquecer el proyecto legislativo antes de su dictaminación.
Durante la mesa de trabajo, representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG), la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado y del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado (INILEG) coincidieron en la importancia de fortalecer la participación de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en los espacios de toma de decisiones, al tiempo que plantearon observaciones para dar mayor certeza jurídica a la propuesta.
En representación de la Consejería Jurídica, Abril Villegas Hernández señaló que la iniciativa constituye un paso importante para avanzar hacia una inclusión efectiva.
"Coincidimos con la garantía de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos… La garantía de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos no debe basarse solo en mecanismos temporales o simbólicos, sino que exige transformaciones de fondo en el diseño institucional, a fin de transitar a una inclusión formal y al ejercicio pleno de la ciudadanía."
Villegas Hernández dio a conocer la propuesta del Ejecutivo de fortalecer la iniciativa mediante mecanismos que acrediten el vínculo de la persona representante con la comunidad que representa, revisar la integración del Consejo para garantizar la participación efectiva tanto de pueblos indígenas como afromexicanos y armonizar la terminología con la Constitución al utilizar el concepto afromexicana.
Por su parte, Agustín Eugenio Martínez Elías, a nombre de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, reconoció que las acciones afirmativas constituyen herramientas para revertir desigualdades históricas y ampliar el acceso efectivo a los derechos.
“El proyecto de iniciativa en análisis reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos como titulares de derechos que les permitan mejorar progresivamente sus condiciones de vida, que requieren del establecimiento de medidas diferenciales que se ajusten a sus circunstancias específicas para lograr la progresiva efectiva de estos derechos”, dijo.
“Por ello, coincidimos que la garantía de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas no debe basarse sólo en mecanismos temporales o simbólicos, sino que exige transformaciones de fondo en el diseño institucional, a fin de transitar a una inclusión formal y al ejercicio pleno de su ciudadanía. Las acciones afirmativas constituyen medidas compensatorias para situaciones de desventaja. Su propósito es revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos poblacionales", puntualizó.
La PRODHEG planteó que la Comisión valore ampliar el alcance de la propuesta para considerar a otros grupos históricamente en situación de vulnerabilidad, fortaleciendo así una representación aún más incluyente dentro del Consejo Consultivo.
Finalmente, la directora del Instituto de Investigaciones Legislativas, Alma Paola Rodríguez Virgen, presentó un estudio de derecho comparado y concluyó que la iniciativa es compatible con estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
"Se advierte que la situación que motiva la propuesta es que en Guanajuato existe una importante población indígena identificable tanto por lengua como por autoadscripción, concentrada principalmente en los municipios de León, San Luis de la Paz, Tierra Blanca y entre otros. La Constitución del Estado reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como parte de la composición pluricultural y multiétnica de Guanajuato. Y nuestra ley estatal también reconoce expresamente su derecho a ser consultados cada vez que se prevean medidas legislativas y administrativas susceptibles de impactarles directamente. De manera general, consideramos que la propuesta es viable”.
Por parte del Instituto se señaló que la iniciativa adopta una fórmula obligatoria de representación, la más garantista del espectro revisado y coherente con los estándares internacionales en la materia y recomendó precisar en la propia ley el procedimiento mediante el cual será designada la persona representante de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para otorgar mayor certeza jurídica a su integración.
Las aportaciones vertidas durante la mesa de trabajo serán analizadas por la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables para fortalecer el proyecto normativo antes de la elaboración del dictamen correspondiente.
En la reunión estuvieron presentes las personas diputadas Plásida Calzada Velázquez, Óscar Enrique González Espinosa, David Martínez Mendizábal y Jesús Hernández Hernández.
