El Pleno del Congreso local aprobó reformas a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de para fortalecer la protección de los derechos laborales de las personas integrantes de las instituciones de seguridad pública que sean separadas injustificadamente de sus cargos, al tiempo que se garantiza un manejo responsable de los recursos públicos.
Con estos ajustes se establece que, cuando una autoridad jurisdiccional determine de manera firme que la separación, remoción, baja o cese de un integrante de una corporación policial fue injustificada, este tendrá derecho a una indemnización equivalente a tres meses de sueldo base más veinte días de salario por cada año laborado, así como al pago de las prestaciones correspondientes por un periodo máximo de doce meses.
Asimismo, se elimina la disposición vigente que prohibía de manera absoluta el pago de salarios caídos, criterio que ha sido considerado inconstitucional por órganos jurisdiccionales. Además, se incorpora una disposición para establecer que las acciones destinadas a reclamar el pago de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y demás prestaciones prescribirán en un plazo de un año contado a partir del momento en que la obligación sea exigible.
Al hablar a favor del dictamen, el diputado José Erandi Bermúdez Méndez indicó que es un tema sensible porque los municipios tienen muchos problemas en los pasivos laborales en el tema de los policías, porque no tienen el mismo tratamiento que cualquier otro trabajador, y se han visto por muchos años los pasivos de elementos policiales, lo que ha generado grandes afectaciones a las arcas municipales o litigios muy largos que dejan en indefensión a los policías.
Puntualizó que se tenía que homologar para ayudar a los policías y a los ayuntamientos para que sea la autoridad jurisdiccional que determine quién tiene la razón, pero sin salir del periodo de 12 meses. Apuntó que lo único que se está haciendo es homologar conforme a lo que hay de tratamiento con otros trabajadores para proteger a ambas partes.
