Convocadas por la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, se llevaron a cabo dos mesas de trabajo para analizar el mismo número de propuestas legales para reformar la Ley para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género del Estado de Guanajuato y sus Municipios.
Visibilidad concepto de identidad de género
Se comentó que la primera tiene como objetivo visibilizar el concepto de identidad de género e incluir a la Secretaría de Gobierno como autoridad competente para la aplicación de la normativa.
De manera general se señaló que en la legislación vigente ya se encuentra contemplada la protección a los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual; que habría que revisar el concepto propuesto de Identidad de Género Autopercibida; que no era oportuno incluir como un derecho el Derecho a la identidad de género porque ya se encuentra contenido y que la Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección General del Registro Civil, ya cuenta con un procedimiento administrativo de reasignación de sexo-génerica, regulando su accesibilidad por parte de las personas interesadas.
Asimismo, se dijo que, de aprobarse la reforma, debe ponerse en primer lugar a la Secretaría de Gobierno, porque en la propuesta se pone por debajo de áreas que incluso dependen de ésta.
El diputado David Martínez Mendizábal manifestó que era un reto para no caer en vulnerar otro tipo de derechos o de luchas y que se deben encontrar mejores definiciones, candados para que no exista un abuso, en el contexto del respeto al género y al sexo relacionado con la comunidad de la diversidad sexual.
Respeto a la identidad
La segunda iniciativa tiene como finalidad garantizar el respeto a la identidad, expresión de género y dignidad póstuma de las personas de la diversidad sexual y de género, especialmente de las personas trans.
La diputada María Eugenia García Oliveros indicó que la propuesta es una necesidad para una población muy específica: las personas trans. Indicó que para muchas de ellas la familia es el espacio más violento y, por ello, forman una familia social en donde encontraron apoyo, por lo que es importante considerar esa familia, porque cuando fallecen, muchos siguen siendo violentados por su familia de origen al no llamarlos como ellos quieren.
Agregó que se pretende que se respeten sus derechos e identidad aun cuando no estén.
De manera general, se comentó que la propuesta es viable, que no se ha definido de manera explícita una figura legal determinante sobre la dignidad póstuma, sino que esta se comprende dentro de los marcos generales de la dignidad humana; se sostuvo que la muerte no extingue el valor intrínseco de la persona, como tampoco la obligación jurídica y ética del Estado de respetar la identidad, memoria y trato digno de la misma, ni la del vínculo que se mantiene con las personas que acompañaron la vida de dicha persona.
Se argumentó que era oportuno sugerir que la positivización del concepto de dignidad póstuma se realice considerando como posibles componentes: la imagen, memoria, identidad, datos personales y otras características que no se extinguen con la muerte de la persona.
Asimismo, se planteó robustecer las disposiciones relativas a la entrega de restos humanos de personas trans, garantizando el respeto a su identidad y expresión de género. En este sentido, se analizó el reconocimiento de la familia social (integrada por amistades o personas con vínculos afectivos significativos, independientemente del parentesco legal o consanguíneo) y la necesidad de establecer criterios claros para que pueda participar en los procesos de restitución de restos.
También se sugirió que, en caso de conflicto entre la familia consanguínea y la familia social, prevalezca la voluntad expresada por la persona fallecida o, en su defecto, se privilegie la protección de su identidad de género, especialmente cuando existan antecedentes de violencia o desconocimiento de esta por parte de familiares biológicos. Finalmente, se enfatizó que estas medidas buscan evitar la revictimización y garantizar el derecho a la igualdad y la no discriminación.
El congresista David Martínez Mendizábal recalcó que esperaba que la propuesta pudiera avanzar con las modificaciones que se consideren pertinentes.
En los trabajos participaron las personas diputadas Plásida Calzada Velázquez, Ana María Esquivel Arrona, Óscar Enrique González Espinosa, David Martínez Mendizábal y Jesús Hernández Hernández.
Además, estuvieron presentes representantes de la Consejería Jurídica, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, de la Secretaría de los Derechos Humanos, de la Fiscalía General del Estado, del Instituto de Investigaciones Legislativas, de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas y personas asesoras parlamentarias.
