En elecciones de Rocha y Durazo “ganó el miedo”; sólo 2 de cada 10 denuncias electorales se ratificaron

De las 432 denuncias electorales que se presentaron en 2021, sólo 71 se rubricaron en los estados de Sinaloa y Sonora, es decir, cuando fueron electos Rubén Rocha Moya y Alfonso Durazo Montaño como gobernadores de esas entidades.

En Sonora se abrieron 46 carpetas de investigación y en Sinaloa, 25, es decir, que sólo dos de cada 10 denuncias que se presentaron se ratificaron en ambos estados.

El diputado federal y excandidato del PRI a la gubernatura de Sinaloa Mario Zamora Gastélum dijo que el miedo ganó porque el “narco sembró terror para imponer a Rocha Moya”.

Aseguró que lo anterior ocurrió mediante un modus operandi de “terrorismo electoral”, el cual incluyó secuestros de operadores políticos, amenazas de muerte y la intervención directa de comandos armados.

En el marco de las recientes investigaciones por parte del gobierno de Estados Unidos en contra del mandatario sinaloense, Zamora Gastélum sostuvo que el tiempo le ha dado la razón: “La elección de 2021 en Sinaloa no fue un ejercicio democrático, sino un operativo criminal para imponer un gobierno. Nos robaron Sinaloa”.

Casi seis años después de las elecciones en las que perdió ante Rocha Moya, el legislador narró el Domingo Negro ocurrido aquel 6 de junio.

Expertos electorales aseguraron que son muy bajas las investigaciones abiertas, sobre todo en Sinaloa, donde en decenas de casillas hubo violencia, disparos, presencia de gente armada, robo de materiales electorales y, en algunos casos, destrucción de los mismos. Incluso hasta personal del Instituto Nacional Electoral (INE) fue detenido y le quitaron paquetes electorales.

Lorenzo Córdova Vianello, exconsejero presidente del INE, indicó que en las elecciones de 2021 —no sólo en Sinaloa, también en otras entidades— se tuvo conocimiento de una serie de actos de violencia.

Destacó que en el caso de Sinaloa hubo casillas donde se registraron disparos, presencia de gente armada, robo de materiales electorales y, en algunos casos, destrucción de los mismos.

El también investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) comentó que la noche de la elección, con el traslado de los paquetes, hubo retenes y el personal del INE fue detenido, y le quitaron los paquetes casualmente de las elecciones locales.

“Todo esto fue denunciado por el INE... Cuando el instituto tiene conocimiento de algún hecho que pueda constituir un ilícito, un delito, tiene la obligación —y así está marcado en los protocolos de actuación—, por ejemplo, el día de la elección tienen que presentarse las denuncias formales, porque de otra manera acabaría haciéndose cómplice”, subrayó el exconsejero presidente del instituto.

Resaltó que se presentaron varias denuncias por parte de los Consejos Distritales del INE ante la fiscalía local, “pero también en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales se denunciaron estos hechos indebidos, incluso se abrieron carpetas de investigación”.

Daniela Arias Sánchez, coordinadora general del Laboratorio Electoral, expresó que estas acciones se están normalizando; por ejemplo, el nivel de intervención del crimen organizado, violencia electoral y, a pesar de que se presentan estos casos, no se anulan las elecciones o no se revierte el triunfo de ninguna candidatura.

“Evidentemente, había carpetas de investigación y no hubo ni por parte del Tribunal Electoral, ni por parte de ninguna otra autoridad, por ejemplo, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, o si nos vamos a temas del crimen organizado, tampoco hubo un esfuerzo por parte de la Fiscalía General de la República para darle seguimiento a esas carpetas que se abren y ocurrió en todos estos casos”, consideró Arias Sánchez.

Enfatizó que estas acciones también ocurrieron en Michoacán durante la elección de 2021, en donde resultó ganador Alfredo Ramírez Bedolla.

Precisó que se acreditó que hubo intervención e intimidación de grupos criminales en diversos municipios, pero el tribunal consideró que no había sido cualitativamente determinante para alterar el resultado de la elección de la gubernatura.

“Entonces no pasa nada, se normaliza… decidimos no repetir la elección y va a pasar hacia adelante, porque seguimos teniendo prácticamente las mismas magistraturas a las que se les está ampliando su mandato y que no fueron removidos, como sí pasó con muchos cargos judiciales.

“Estas mismas personas van a tomar decisiones de cara a las elecciones de 2027, de cara a las elecciones judiciales de 2028, y seguramente también puedan participar en la integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral que va a calificar las elecciones de 2030”, argumentó.

En tanto, Edmundo Jacobo Molina, analista político y exsecretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, dijo que en Sinaloa, en las elecciones de 2021 —que tuvieron de por medio la elección del ahora gobernador con licencia Rubén Rocha Moya— se detectaron irregularidades y, sobre todo, injerencia del crimen organizado en algunas partes de la entidad, en particular en la zona norte, como Guasave, Guamúchil, Ahome.

Refirió que, en ese entonces, a ellos como INE les tocó la organización de esa elección y se hicieron alrededor de 25 denuncias que presentó el instituto ante el Tribunal Electoral de Sinaloa.

El analista sostuvo que cuando hay elecciones locales, la autoridad competente para la calificación de esas elecciones es el Instituto Electoral de cada entidad, así como el Tribunal Electoral del Estado correspondiente.

“Cuando se detecta alguna irregularidad, las denuncias se hacen ante esas instancias, porque es el Tribunal local el que califica esa elección, no es el Tribunal Federal, ni es el Instituto Nacional Electoral, que para esos efectos funge como autoridad administrativa solamente.

“Entonces se detectaron irregularidades [en las elecciones de 2021] y se presentaron las denuncias”, detalló el exsecretario ejecutivo del INE.